El régimen iraní ejecutó a 11 personas en un solo día, el domingo 10 de noviembre de 2024, en diversas ciudades de Irán, incluidas Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre los ejecutados se encuentran una mujer y un ciudadano afgano, aunque las identidades de todos los prisioneros aún no han sido reveladas. Este acto tiene lugar en medio de un contexto de represión creciente por parte del gobierno iraní, que continúa utilizando la pena capital como herramienta de control social y político.
El contexto de las ejecuciones: ¿Un intento de control social?
Las ejecuciones masivas en el régimen iraní no son algo nuevo, pero la reciente jornada en la que 11 personas fueron ejecutadas en un solo día resalta la creciente intensidad de la represión en el país. A pesar de los llamados internacionales para limitar o incluso abolir la pena capital, Irán sigue siendo uno de los países con el mayor número de ejecuciones, con un enfoque particular en delitos relacionados con drogas, homicidios y, en los últimos años, también contra personas que desafían al régimen en diversos ámbitos, como el activismo político y la defensa de derechos humanos.
En este contexto, la ejecución de un afgano, Mohammad Nabi Papalzehi, se suma a una lista creciente de casos en los que ciudadanos de otros países han sido sometidos a este castigo en Irán. Papalzehi, arrestado por delitos relacionados con el narcotráfico, fue condenado tras un proceso judicial que muchos han calificado de injusto, debido a la falta de garantías legales en su juicio.
Las ejecuciones en la horca son una práctica habitual bajo el régimen iraní, y la falta de transparencia en los procesos judiciales hace que muchas de estas muertes sean percibidas como injustas y arbitrarias. En este contexto, la ejecución de 11 prisioneros, cuyos nombres aún no han sido revelados, resalta la opacidad y la injusticia del sistema judicial iraní.
El uso de la pena capital como herramienta de represión política
Estas ejecuciones no solo reflejan la política interna del país islámico, sino que también son una táctica del gobierno para mantener su control social. Al utilizar la pena capital de manera sistemática, los críticos del régimen iraní afirman que busca infundir miedo y evitar cuestionamientos a sus decisiones políticas. Este tipo de represión afecta principalmente a las minorías y a los más vulnerables, quienes a menudo carecen de una defensa adecuada o de un juicio transparente.
Las ejecuciones de personas por delitos de drogas y homicidios no solo se ven como una respuesta a la delincuencia, sino también como una forma de fortalecer el poder del régimen y silenciar cualquier tipo de disidencia.
El caso más destacado de esta jornada es el de Saman Karimi, un joven de 25 años originario de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, quien fue ejecutado en Yasuj después de haber sido condenado por homicidio premeditado. Sin embargo, lo que hace que su caso sea aún más controvertido es la denuncia de activistas de derechos humanos sobre las irregularidades en su juicio. Según Human Rights Monitor (HRM), Karimi no tuvo un juicio justo y fue sometido a un proceso judicial lleno de fallos arbitrarios, lo que pone en duda la imparcialidad del sistema de justicia iraní.
El impacto internacional de las ejecuciones iraníes
A pesar de las presiones internacionales, el gobierno iraní ha desafiado las condenas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes han denunciado el uso excesivo de la pena capital en el país. En lugar de tomar medidas para reducir las ejecuciones, el régimen iraní ha intensificado esta práctica, lo que genera una creciente preocupación a nivel global.
Este comportamiento ha generado una fuerte respuesta de la sociedad civil internacional, con protestas y denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. La creciente presión internacional tiene el objetivo de forzar a Irán a reformar su sistema judicial y limitar el uso de la pena capital, que ha sido implementada de manera indiscriminada, con procedimientos legales a menudo cuestionados por su falta de transparencia y justicia.
Mientras tanto, el mundo observa con creciente preocupación cómo el gobierno iraní sigue desafiando los derechos fundamentales de las personas, ignorando las condenas internacionales, y utilizando la pena capital para consolidar su poder y silenciar cualquier forma de oposición.
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