Al menos 1,2 millones de afganos se han visto obligados a regresar desde Irán y Pakistán en lo que va de 2025, según advirtió este sábado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La agencia señala que esta ola de deportaciones masivas podría desestabilizar aún más la ya frágil situación humanitaria y de derechos humanos en Afganistán, donde millones de personas viven bajo el régimen talibán, con acceso limitado a servicios básicos y con severas restricciones a las libertades, especialmente para mujeres y niñas.
Deportaciones masivas bajo justificaciones de seguridad
Tanto Irán como Pakistán han intensificado sus políticas migratorias en los últimos meses, expulsando a cientos de miles de afganos bajo el argumento de que residen ilegalmente en sus territorios. Las autoridades iraníes han confirmado la deportación de al menos 366,000 afganos, mientras que el resto, más de 834,000 personas han sido forzadas a regresar desde Pakistán, elevando el total a 1,2 millones de retornados.
Irán fijó el 20 de marzo de 2025 como fecha límite para que los afganos abandonaran su territorio “voluntariamente” o enfrentaran expulsiones forzadas. En Pakistán, el gobierno impuso como plazo el 30 de junio de 2025 para que 1,3 millones de afganos se retiraran del país. Islamabad tiene la intención de expulsar hasta 3 millones de refugiados afganos a lo largo del año, pese a las advertencias internacionales.
El regreso a un país en crisis: Hambre, miedo y represión
Los organismos humanitarios advierten que muchos de los deportados nunca habían pisado suelo afgano, o lo abandonaron siendo muy pequeños, y que ahora enfrentan un país sumido en crisis: Represión política, crisis alimentaria, escasez de atención médica y la imposición de leyes extremas bajo el gobierno talibán
El representante de ACNUR en Kabul, Arafat Jamal, alertó que las personas retornadas llegan “agotadas, hambrientas y asustadas” y que las mujeres y niñas enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad, debido a las prohibiciones sobre su educación, movilidad y participación laboral.
Más de la mitad de la población afgana depende de ayuda humanitaria, pero los recortes de fondos y la oposición de la comunidad internacional a las políticas del régimen talibán están mermando la capacidad de respuesta de las agencias internacionales.
¿Desplazamiento forzado? La advertencia de los derechos humanos
Diversas organizaciones internacionales han condenado estas deportaciones como un acto de desplazamiento forzado, que podría equivaler a una forma de persecución por omisión. Al obligar a millones de personas a retornar a un país inseguro y sin condiciones mínimas de vida, los gobiernos de Irán y Pakistán podrían estar violando principios fundamentales del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
Las expulsiones masivas también han sido justificadas por ambos países como una medida de seguridad nacional, alegando que entre los refugiados hay “espías infiltrados”, especialmente tras la reciente guerra entre Irán e Israel así como Pakistán con India. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido sustentadas con evidencia concreta, y activistas temen que se trate de una narrativa para criminalizar a los migrantes y justificar su expulsión. Estas deportaciones ya estaban en funcionan por ambos países, los conflictos solamente impulsaron su aceleramiento.
¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional?
Mientras miles de familias cruzan la frontera de regreso a un país del que alguna vez huyeron, la comunidad internacional enfrenta una disyuntiva moral y política: ¿Seguir ignorando el drama humanitario en Afganistán o actuar para garantizar los derechos de millones de desplazados?
El silencio o la indiferencia frente a estas deportaciones masivas podría significar una complicidad pasiva ante posibles crímenes internacionales, especialmente si los retornados enfrentan persecución, tortura, detención arbitraria o violaciones sistemáticas de derechos.
Los expertos en derechos humanos han llamado a los Estados miembros de la ONU, en especial a los países donantes, a presionar por la suspensión de estas expulsiones y exigir garantías mínimas para el retorno seguro y digno de los refugiados afganos.
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