Anexión israelí: 15 países, junto con la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), condenaron el martes 22 de octubre de 2025 la votación del Parlamento israelí que busca anexar Cisjordania ocupada y legalizar asentamientos ilegales. La declaración conjunta fue emitida por Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Indonesia, Pakistán, Yibuti, Omán, Gambia, Palestina, Qatar, Kuwait, Libia, Malasia, Egipto y Nigeria, subrayando que la medida constituye una flagrante violación del derecho internacional y amenaza la viabilidad de un Estado palestino independiente.
Reacción internacional a la anexión israelí
Quince países —Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Indonesia, Pakistán, Yibuti, Omán, Gambia, Palestina, Qatar, Kuwait, Libia, Malasia, Egipto y Nigeria— junto con la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), emitieron una declaración conjunta condenando la votación del Parlamento israelí. Los gobiernos calificaron la medida como una flagrante violación del derecho internacional, subrayando que Israel no tiene soberanía sobre los territorios palestinos ocupados y que la anexión constituye un obstáculo directo para la solución de dos Estados.

La declaración hace un llamado a toda la comunidad internacional para asumir responsabilidades legales y morales, detener la escalada de ocupación y garantizar los derechos humanos de millones de palestinos que viven bajo restricciones de movimiento, desalojos forzados y condiciones de vida precarias. Según los firmantes, la anexión y la legalización de asentamientos ilegales no solo destruyen la paz regional, sino que también consolidan un régimen de ocupación colonial que ignora resoluciones de la ONU y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Ley para anexar Cisjordania ocupada
El Parlamento israelí, o Knéset, aprobó en lectura preliminar un proyecto de ley que pretende imponer la soberanía de Israel sobre Cisjordania ocupada, incluyendo la legalización de asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional. La iniciativa, presentada por partidos de extrema derecha como Noam y apoyada parcialmente por miembros de la coalición de Netanyahu, marca la primera de cuatro votaciones necesarias para que se convierta en ley. La votación fue estrecha y controvertida: 25 votos a favor y 24 en contra, a pesar de la oposición del primer ministro Benjamin Netanyahu y la mayoría de su partido Likud.
Esta medida, además de violar la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, fragmenta el territorio palestino y destruye la continuidad geográfica necesaria para un Estado palestino independiente. Al consolidar asentamientos ilegales y controlar territorios estratégicos, la ley impide cualquier implementación viable de la solución de dos Estados y profundiza la desigualdad, el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad de la población palestina frente a políticas de ocupación y control militar. Analistas políticos la consideran un gesto unilateral que desafía al derecho internacional y a la comunidad global, mientras fortalece los intereses de los grupos de colonos dentro de Israel.

La votación a favor de la anexión ha generado desconcierto incluso dentro del gobierno israelí, donde varios dirigentes admiten estar estupefactos por el giro de los acontecimientos. Ante la presión internacional y las críticas, Netanyahu se apresuró a desvincular a su partido del impulso de la ley, afirmando que se trataba de disputas internas y que Israel no seguiría adelante con la anexión por el momento. Sin embargo, este giro político podría costarle caro a su base de derecha, que apoyó a Netanyahu precisamente por la promesa de consolidar la soberanía israelí sobre Cisjordania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la votación de la Knéset con un comentario directo: aseguró que “Israel no va a hacer nada” con el territorio y pidió que “no se preocupen por eso”, restando importancia al avance del proyecto de ley.
Cisjordania ocupada desde 1967
La ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este se remonta a la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó esos territorios junto con otros. Desde entonces, la comunidad internacional ha considerado a los territorios como “ocupados”, sujetos al derecho internacional humanitario, incluyendo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y diversas resoluciones de la Naciones Unidas. En 2004, la CIJ dictaminó que la construcción del muro por parte de Israel en el territorio ocupado es contraria al derecho internacional porque restringe el libre movimiento y afecta derechos básicos como salud o educación.
Más recientemente, en 2024, la CIJ emitió una opinión consultiva donde concluye que las políticas y prácticas israelíes de asentamientos, desplazamientos y anexión prolongada de facto vulneran el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.
Hay que recordar que los palestinos que viven en Cisjordania ocupada enfrentan constante hostigamiento, desalojos forzados y restricciones de movimiento, lo que vulnera sus derechos fundamentales y perpetúa una ocupación que niega su autodeterminación y dignidad. Es necesario seguir exigiendo justicia y que la comunidad internacional cumpla con sus responsabilidades para garantizar el respeto a los derechos humanos en la región.
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