Al menos 21 personas murieron el domingo 21 de julio en un ataque perpetrado por rebeldes vinculados al Estado Islámico contra una iglesia católica en Komanda, en la provincia de Ituri, al este de la República Democrática del Congo. El violento asalto, ocurrido alrededor de la 1:00 a. m., dejó también viviendas y comercios incendiados, y ha generado una ola de terror entre la población local, que reclama acciones inmediatas para garantizar su seguridad. El ataque fue atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado con larga trayectoria de violencia en la región.
El Estado Islámico y ADF en Ituri
La creciente violencia en el este del Congo está vinculada al conflicto con Ruanda, a quien Kinshasa acusa de apoyar al grupo rebelde M23. Aunque se firmó un acuerdo de paz, el conflicto ha dejado a la región aún más inestable y debilitado al ejército congoleño. Mientras el M23 avanza en Kivu del Norte, otros grupos como las ADF aprovechan para intensificar sus ataques en zonas como Ituri, dejando a la población vulnerable.
Las tensiones entre Congo y Ruanda tienen raíces históricas ligadas al genocidio de 1994 y posteriores intervenciones militares. En este contexto, las ADF, originadas en Uganda en los años 90, se han convertido en una de las principales amenazas en la región, operando desde el este del Congo desde 2002. La comunidad internacional ha mostrado una preocupante pasividad ante esta crisis.
La alianza formal de las ADF con el Estado Islámico en 2019 ha complicado aún más la dinámica del conflicto, introduciendo una agenda extremista islamista que busca imponer un gobierno basado en la sharía en la región. Esto ha desencadenado una escalada de ataques indiscriminados contra civiles, con un marcado enfoque en grupos religiosos como la comunidad católica, que representa un símbolo cultural y social para muchas comunidades.
¿Cómo llegaron las ADF al Congo?
Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) surgieron en Uganda a mediados de los años noventa como una coalición de pequeños grupos islamistas y opositores al régimen de Yoweri Museveni. Entre sus motivaciones iniciales estaba la oposición política y religiosa al gobierno central, que consideraban represivo y antimusulmán. Sin embargo, su evolución posterior fue marcadamente violenta y se alejó de todo activismo político para convertirse en una estructura paramilitar extremista.
En 2002, tras intensos operativos del ejército ugandés, las ADF se replegaron al este del Congo, aprovechando el vacío de poder y el caos postbélico tras la Segunda Guerra del Congo (1998–2003), que dejó a esta región sin control efectivo del Estado. Desde entonces, establecieron bases en zonas montañosas y de difícil acceso en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, donde comenzaron a imponer un régimen de terror local y a reclutar combatientes mediante coerción o adoctrinamiento.
En 2019, el grupo juró lealtad al Estado Islámico (ISIS), formalizando su inclusión dentro de la estructura del Estado Islámico en África Central (ISCAP). Desde entonces, su accionar se volvió aún más letal y mediático, con ataques a civiles, niños, líderes religiosos y trabajadores humanitarios. El componente religioso ha servido como justificación ideológica de su violencia, aunque sus objetivos estratégicos reales incluyen el control territorial y económico de rutas mineras ilegales.
La inseguridad en Komanda
“Más de 21 personas fueron asesinadas a tiros dentro y fuera del lugar, y hemos registrado al menos tres cuerpos carbonizados y varias casas quemadas. Sin embargo, la búsqueda continúa”, denunció Dieudonne Duranthabo, coordinador de la sociedad civil en Komanda, en entrevista con la prensa internacional. Su testimonio revela el dolor y la desesperanza de una población que vive bajo la constante amenaza de grupos armados.
A pesar de la presencia de fuerzas de seguridad y del ejército congoleño, la capacidad de respuesta ante estos ataques es limitada y cuestionada por la ciudadanía. “Estamos verdaderamente decepcionados porque es increíble que una situación así pueda ocurrir en una ciudad donde están presentes todas las fuerzas de seguridad,” agregó Duranthabo, evidenciando las falencias institucionales en la protección de derechos fundamentales como la vida y la seguridad.
Las familias afectadas han comenzado a desplazarse hacia zonas más seguras como Bunia, generando nuevos retos humanitarios en una región ya castigada por años de violencia. La demanda urgente de una intervención militar eficaz refleja la necesidad imperiosa de una estrategia integral que no solo combata a los grupos armados, sino que atienda las causas profundas del conflicto.
Respuesta internacional ante la crisis humanitaria
Los ataques de las ADF se han intensificado, en lo que va del mes, han dejado decenas de muertos en diferentes localidades de Ituri, en lo que un portavoz de Naciones Unidas calificó como un “baño de sangre”. Esta situación exige una mirada crítica desde la comunidad internacional, que debe responder con medidas concretas de apoyo a la República Democrática del Congo y a sus poblaciones vulnerables.
El despliegue militar por parte de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) ha sido constante, pero insuficiente para contener la amenaza creciente. A esto se suma la complejidad derivada del resurgimiento de otros grupos armados como el M23, respaldado por países vecinos como Ruanda, que perpetúan el círculo de violencia y desplazamiento forzado.
“Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, la población siga pagando con su vida la falta de voluntad política y la inacción de quienes deben garantizar la paz y la seguridad,” denunció en un comunicado la organización Human Rights Watch.
Organismos de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer mecanismos de protección civil, mejorar el acceso a la justicia y promover procesos de paz inclusivos que reconozcan las demandas históricas y sociales de las comunidades afectadas. De lo contrario, la región seguirá condenada a la repetición de tragedias como la de Komanda.
¿Hasta cuándo la comunidad internacional seguirá siendo espectadora?
El ataque a la iglesia de Komanda no solo representa una grave violación a los derechos humanos, sino también un fracaso colectivo para proteger a las poblaciones más vulnerables. Mientras la violencia continúa y la impunidad prevalece, el clamor por justicia, seguridad y dignidad queda relegado a un segundo plano.
¿Podrá la comunidad internacional y los gobiernos regionales asumir su responsabilidad y articular una respuesta efectiva que acabe con el ciclo de violencia en el este del Congo? La vida de miles de civiles, como los asesinados en Komanda, depende de ello. La paz no puede esperar más.
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