Ocho países anuncian que arrestarán a Netanyahu, Gallant y Deif por órdenes de la Corte Penal Internacional

Ocho países, entre ellos Canadá, Francia y España, han anunciado que cumplirán con las órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI) para arrestar a Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y Mohammed Deif. Las órdenes fueron emitidas el 21 de noviembre de 2024 desde La Haya, acusando a los tres líderes de crímenes de guerra y lesa humanidad en el contexto del conflicto en Gaza.

¿Por qué son relevantes estas órdenes de arresto?

Las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, Gallant y Deif son un paso significativo hacia la rendición de cuentas en conflictos armados prolongados. Este caso pone en el centro del debate la responsabilidad individual de líderes políticos y militares por actos que afectan a miles de civiles.

Netanyahu y Gallant: Responsabilidad estatal en Gaza

Las acusaciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, incluyen la aprobación de ataques deliberados contra civiles palestinos durante el conflicto en Gaza. Según la CPI, ambos habrían permitido operaciones militares que violan el derecho internacional humanitario, dirigidas contra zonas densamente pobladas y con alto riesgo de víctimas civiles.

Además, la obstrucción de ayuda humanitaria, como el bloqueo al suministro de recursos básicos, agrava las acusaciones. Esta acción ha sido señalada como una estrategia para debilitar la resistencia palestina, aunque a costa del sufrimiento de miles de personas, incluidas mujeres y niños.

Mohammed Deif: Liderazgo en ataques contra civiles israelíes

Por otro lado, comandante de Hamas, es acusado de liderar ataques indiscriminados contra poblaciones civiles israelíes. El uso de cohetes y tácticas de guerra en zonas urbanas no solo pone en peligro a los habitantes de Israel, sino también a los propios civiles palestinos que se convierten en «escudos humanos involuntarios».

Estas tácticas violan directamente el derecho internacional, que prohíbe atacar a civiles o utilizar áreas residenciales para actividades bélicas. La CPI sostiene que estos actos no solo aumentaron el número de víctimas, sino que también contribuyeron a la escalada de violencia en la región.

Un precedente sin igual

Lo que hace únicas estas órdenes es que buscan responsabilizar a figuras de alto rango de ambos lados del conflicto. Mientras que el tribunal ha sido criticado en ocasiones por concentrarse en líderes de países en desarrollo o movimientos armados, este caso destaca por apuntar a un jefe de gobierno de un país poderoso y a un líder de una organización que muchos países consideran terrorista.

Estas órdenes también destacan la necesidad de reconocer que las violaciones al derecho internacional humanitario, independientemente del bando, deben ser investigadas y sancionadas.

Los ocho países que respaldan la medida

Canadá, Francia, España, Bélgica, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suiza han anunciado su compromiso de cumplir con las órdenes de la CPI, enviando un mensaje claro de apoyo al derecho internacional.

  • Canadá: El primer ministro Justin Trudeau confirmó que cumplirán con las órdenes de arresto si Netanyahu, Gallant o Deif ingresan al país.
  • Francia: Autoridades francesas aseguraron que actuarán conforme a las normas internacionales.
  • España: Confirmó su disposición para colaborar plenamente con la justicia internacional.
  • Bélgica: Declaró que arrestaría a los acusados en cuanto ingresen a su territorio.
  • Irlanda: Reiteró su apoyo al sistema de justicia global.
  • Italia: Subrayó su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
  • Países Bajos: Como sede de la CPI, reafirmó su responsabilidad de ejecutar estas decisiones.
  • Suiza: Confirmó que procederá con los arrestos de ser necesario.

Contraste: Estados Unidos rechaza las órdenes

Mientras estos países han declarado su disposición a cumplir con las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI), Estados Unidos ha rechazado categóricamente estas decisiones. Desde Washington, la administración estadounidense ha calificado las órdenes como «ilegítimas», argumentando que la CPI carece de jurisdicción para actuar contra ciudadanos de países que no son signatarios del Estatuto de Roma, como es el caso de Israel.

El rechazo refleja la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel, así como la postura histórica estadounidense de cuestionar la autoridad del tribunal en casos que involucren a sus aliados o ciudadanos. Aunque apoya investigaciones contra adversarios geopolíticos, como Rusia, se opone a que la CPI actúe contra Israel, alimentando críticas de doble estándar.

Esta posición subraya las tensiones globales en torno al papel de la justicia internacional y limita la capacidad de la CPI para actuar en conflictos donde grandes potencias tienen intereses directos.

Para más noticias sobre el conflicto de Israel-Hamas y su dinámica geopolítica, da click aquí.

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