El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado este martes 11 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, tras una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Duterte, de 79 años, es acusado de crímenes de lesa humanidad por su polémica y violenta guerra contra las drogas, que dejó miles de muertes durante su mandato (2016-2022). Este suceso marca un punto de inflexión en la historia reciente de Filipinas y en la lucha global por los derechos humanos.
El arresto de Duterte: Un operativo sorpresa
El arresto de expresidente se produjo al regresar de Hong Kong, donde participó en un acto político previo a las elecciones de mayo de 2025. Su presencia en el evento generó especulaciones sobre un posible intento de evadir la justicia internacional. Sin embargo, las autoridades filipinas, en coordinación con Interpol, ejecutaron la orden de la Corte Penal Internacional de manera inmediata.
«Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto. Actualmente, el expresidente está bajo custodia», confirmó un comunicado de la oficina presidencial. El expresidente, conocido por su retórica incendiaria, declaró en Hong Kong que estaba dispuesto a ir a la cárcel, pero pocos esperaban que su arresto ocurriera tan pronto.
La guerra contra las drogas: Un legado de sangre
Durante su presidencia, Duterte implementó una brutal campaña antidrogas que, según cifras oficiales, dejó más de 6.000 muertos. No obstante, organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real supera los 30.000, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y operativos policiales cuestionables.
«Fue una guerra contra los pobres», afirmó Perci Cendaña, diputado de Akbayan, un partido político crítico de Duterte. «Este arresto es un paso hacia la justicia que las víctimas y sus familias han esperado durante años».
La Corte Penal Internacional inició una investigación en 2021, a pesar de que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019 bajo el mandato de Duterte, en un intento por evitar su jurisdicción. Sin embargo, la corte determinó que la justicia local no había investigado adecuadamente los crímenes, lo que justificó la reapertura del caso.
¿Extradición a La Haya?
El futuro del expresidente ahora depende del gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., quien debe decidir si extradita al exmandatario a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional. Aunque Filipinas ya no es miembro de la corte, la orden de arresto fue emitida a través de Interpol, lo que obliga a las autoridades locales a cooperar.
«Si Filipinas rechaza la extradición, Duterte podría ser juzgado aquí, pero la Corte Penal Internacional ya ha señalado que la justicia local no es efectiva en estos casos», explicó Kristina Conti, abogada que presentó el caso ante la CPI. «Lo más probable es que sea trasladado a La Haya lo antes posible».
Reacciones: Entre el júbilo y la indignación
El arresto ha dividido a Filipinas. Mientras organizaciones de derechos humanos y partidos opositores celebran lo que consideran un triunfo de la justicia, los seguidores del expresidente han llamado a la calma y prometido movilizaciones.
«Vamos a relajarnos y orar por el expresidente», declaró el senador Bong Go, exasesor de Duterte, quien se desplazó a la base aérea de Villamor, donde se cree que el exmandatario está detenido. En Davao, bastión político del expresidente, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia ante posibles disturbios.
El futuro político de la familia
El arresto no solo afecta a Duterte, sino también a su familia política. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, enfrenta un juicio político en el Senado, mientras que su hijo, Sebastian Duterte, planeaba postularse como vicealcalde de Davao en las elecciones de mayo. Este escenario podría debilitar significativamente la influencia de la dinastía Duterte en el país.
Si es extraditado, expresidente enfrentará un juicio en La Haya por crímenes contra la humanidad, con la posibilidad de una condena a cadena perpetua. Su equipo legal podría argumentar que Filipinas ya no reconoce la jurisdicción de la CPI, pero la corte ha sido clara en su determinación de llevar el caso adelante.
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