Desde principios de abril de 2025, el gobierno de Pakistán ha intensificado la deportación masiva de afganos, expulsando a más de 60,000 personas a través de los cruces fronterizos de Torkham y Spin Boldak. Esta medida, ejecutada por las autoridades paquistaníes como parte de un plan de repatriación en tres fases, afecta principalmente a refugiados que llevaban años viviendo en el país. Muchos de los afganos deportados enfrentan ahora un regreso forzoso a Afganistán, un territorio controlado por el régimen talibán, donde las condiciones de seguridad y derechos humanos —especialmente para mujeres y niñas— son extremadamente precarias.
El plan de deportaciones forzosas: Una política en tres fases
El gobierno paquistaní inició un plan en tres fases para la repatriación forzosa de afganos, dirigido inicialmente a quienes no contaban con documentación legal. Sin embargo, desde abril de 2025, la segunda fase ha ampliado el alcance a personas con tarjetas ACC (Afghan Citizen Cards), lo que ha encendido las alarmas de agencias humanitarias.
La OIM estima que más de un millón de personas han regresado ya a Afganistán desde que el plan comenzó. La cifra no solo representa un colapso para las comunidades receptoras, sino también una grave crisis logística para las organizaciones humanitarias que operan en la frontera.
Las deportaciones masivas están ocurriendo principalmente en los pasos fronterizos de Torkham (norte) y Spin Boldak (sur), donde se han instalado campamentos provisionales. A pesar del esfuerzo por brindar atención inmediata, las condiciones son críticas: Hacinamiento, escasez de alimentos, falta de medicamentos y una creciente sensación de abandono.
La situación es especialmente alarmante porque se ha denunciado que muchas de estas personas son obligadas a marcharse sin previo aviso, sin tiempo para recoger sus pertenencias ni despedirse de sus familiares.
Regresar al régimen talibán: Una amenaza para la vida y la dignidad
El retorno forzoso de miles de afganos deportados implica enviarlos de regreso a un país donde el régimen talibán impone severas restricciones a los derechos humanos. Las mujeres, en particular, enfrentan la desaparición casi total de sus libertades: No pueden estudiar, trabajar en la mayoría de los sectores, ni desplazarse sin un tutor masculino.
En este contexto, el regreso a Afganistán no representa un “repatriamiento voluntario”, sino una condena al aislamiento, la pobreza extrema y, en muchos casos, a la violencia institucional. Numerosos informes de organismos internacionales han advertido que Afganistán no ofrece condiciones mínimas de seguridad para los retornados, ni infraestructura para absorber grandes flujos migratorios.
La persecución por razones étnicas, religiosas o políticas continúa vigente en varias regiones del país. En zonas controladas por grupos armados o facciones rivales de los talibanes, los civiles recién llegados se convierten en blancos fáciles de reclutamiento forzado, explotación laboral y violencia de género.
La deportación en estas condiciones contraviene principios básicos del derecho internacional humanitario y evidencia la creciente hostilidad hacia los migrantes en Asia meridional.
Silencio internacional frente a una nueva catástrofe migratoria
Pese a la gravedad del problema, la respuesta de la comunidad internacional ha sido limitada. Las agencias de la ONU han emitido comunicados de preocupación, pero las acciones concretas no han logrado frenar la política de deportación de Pakistán. La falta de presión diplomática ha permitido que el gobierno continúe con su estrategia sin consecuencias.
Los Estados receptores de ayuda y organizaciones de derechos humanos han llamado la atención sobre la necesidad urgente de establecer corredores humanitarios, pero hasta ahora no se han abierto alternativas reales para quienes se ven obligados a huir del país o regresar a él en contra de su voluntad.
Mientras tanto, la región fronteriza se ha convertido en una zona de alto riesgo sanitario, social y político. Las deportaciones no solo fragmentan comunidades y separan familias, sino que refuerzan la percepción de los refugiados como una “amenaza”, en lugar de víctimas de un conflicto que ellos no eligieron.
En el contexto actual, seguir deportando a afganos es perpetuar una cadena de violencia, desplazamiento y desamparo, que amenaza con extenderse aún más si la comunidad internacional continúa mirando hacia otro lado.
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