Después de tres días de negociaciones en Washington D.C., los gobiernos de la República Democrática del Congo y Ruanda rubricaron un proyecto de acuerdo de paz el miércoles 19 de junio de 2025, con el respaldo de Estados Unidos. La firma oficial está programada para el 27 de junio. El objetivo es poner fin a los enfrentamientos en el este del Congo, una región marcada por décadas de conflicto armado.
¿Qué incluye el acuerdo de paz preliminar?
El texto contempla compromisos en torno al respeto a la integridad territorial, el cese de hostilidades, y la desmovilización e integración condicional de grupos armados no estatales. También se propone establecer un mecanismo de seguridad común y facilitar el retorno de personas desplazadas por la violencia.
Aunque el acuerdo aún no es vinculante, representa el avance más significativo desde que fracasaron los intentos previos de mediación regional, incluido el liderado por Angola, que se retiró del proceso en marzo de este año.
La declaración conjunta, respaldada por el Departamento de Estado de EE.UU., plantea una posible vía de salida para una guerra que ha desplazado a cientos de miles de personas solo en lo que va de 2025.
La raíz del conflicto: Recursos estratégicos y actores armados
El este del Congo es una de las zonas más ricas en minerales del mundo, con reservas clave de cobalto, oro, litio y tantalio. Sin embargo, esta abundancia ha sido también la fuente de violencia, alimentando una red compleja de intereses económicos, étnicos y geopolíticos.
El grupo armado M23, acusado por Naciones Unidas de crímenes de guerra, ha capturado en los últimos meses las ciudades de Goma y Bukavu. El Congo sostiene que Ruanda proporciona armas, entrenamiento y tropas, unas 4,000 según expertos de la ONU, al M23. Kigali lo niega, y alega que actúa en defensa propia frente a milicias hutus vinculadas al genocidio de 1994.
En abril, el enviado estadounidense a África, Massad Boulos, visitó ambos países para exigir a Ruanda que cesara su presunto apoyo al M23. Estados Unidos, en paralelo, ha promovido inversiones estratégicas en la región con el objetivo de estabilizarla.
Abusos, desplazamientos y justicia pendiente
A pesar del optimismo diplomático, la situación humanitaria sigue siendo crítica. Según datos de la ONU, más de 600,000 personas han sido desplazadas desde enero. Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el M23. Otros informes señalan también abusos por parte del ejército congoleño y grupos aliados.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó el lunes a “todas las partes a comprometerse inmediatamente con un alto al fuego y a respetar el derecho internacional humanitario”.
Hasta ahora, al menos seis acuerdos de tregua han fracasado desde 2021. El escepticismo de la población congoleña y de las víctimas directas del conflicto refleja una preocupación persistente: ¿Será este un acuerdo más que no se cumple?
Un acuerdo con intereses cruzados
Estados Unidos considera que la estabilidad de la región es clave no solo para la paz, sino también para el desarrollo económico. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el pacto como un “ganar-ganar”, aludiendo tanto al fin de la violencia como a la posibilidad de desbloquear miles de millones de dólares en inversión occidental en minería e infraestructura.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la paz no debe condicionarse únicamente al interés económico. La justicia, la rendición de cuentas por crímenes de guerra y la inclusión de comunidades desplazadas deben estar en el centro del proceso.
¿Puede hablarse de paz cuando quienes más han sufrido siguen sin justicia ni garantías reales de seguridad?
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