Reino Unido reprimió una protesta pacífica en Londres, donde más de 20 personas, principalmente adultos mayores, fueron arrestadas este 5 de julio por manifestarse a favor de Palestine Action, un grupo activista recientemente prohibido por el gobierno británico bajo la Ley de Terrorismo de 2000. La detención masiva ocurrió frente al Parlamento, apenas unas horas después de que entrara en vigor la proscripción del colectivo, acusado de “actividades criminales” por sus acciones de desobediencia civil en solidaridad con Palestina.
Las imágenes de manifestantes de la tercera edad esposados en el suelo, rodeados por agentes de la Policía Metropolitana, desataron indignación en redes sociales. El caso ha reabierto el debate sobre el uso desproporcionado de leyes antiterroristas para sofocar el activismo político y silenciar la crítica hacia el respaldo militar del Reino Unido a Israel en el conflicto de Gaza.
¿Qué es Palestine Action y por qué fue prohibido por Reino Unido?
Palestine Action es un colectivo británico conocido por su estrategia de desobediencia civil no violenta, enfocada en interrumpir operaciones de empresas vinculadas al comercio de armas con Israel. Entre sus acciones más recientes, destaca la irrupción en una base aérea en Oxfordshire donde activistas arrojaron pintura roja y dañaron dos aviones utilizados por el ejército británico.
El Ministerio del Interior justificó su prohibición alegando que sus acciones representan una amenaza para la seguridad nacional. Desde el viernes, la afiliación al grupo, el uso de sus símbolos o simplemente expresar apoyo puede considerarse un delito grave, con penas de hasta 14 años de prisión. La medida convierte a Palestine Action en uno de los 81 grupos proscritos por el Reino Unido, junto a organizaciones como Al Qaeda y el Estado Islámico, lo que ha generado fuertes críticas por parte de expertos legales y organizaciones de derechos humanos.
Protesta pacífica termina con detenciones de adultos mayores en Londres
Horas después de que la proscripción entrara en vigor, decenas de personas se congregaron frente al Parlamento para manifestarse en apoyo a Palestine Action. Los manifestantes, en su mayoría personas mayores, portaban pancartas con mensajes como “Apoyar no es terrorismo” y “Me opongo al genocidio”, mientras permanecían de pie bajo la estatua de Mahatma Gandhi.
La Policía Metropolitana respondió rápidamente, cercando el área y arrestando a más de 20 participantes. Entre ellos, se pudo ver a una mujer mayor esposada y tumbada en el suelo, siendo escoltada por agentes hacia una furgoneta policial. Las imágenes se viralizaron bajo los hashtags #FreeSpeechUK y #SupportingPalestineIsNotTerrorism, generando críticas por el uso de la fuerza contra ciudadanos pacíficos.
Criminalizar la solidaridad: ¿nuevo estándar para la protesta política?
La decisión de prohibir Palestine Action y arrestar a quienes expresan simpatía por su causa pone en tela de juicio los límites actuales de la libertad de expresión en el Reino Unido. Diversos juristas han advertido que equiparar actos de protesta simbólica con terrorismo erosiona derechos fundamentales como el disenso político y la libre manifestación de ideas.
Organismos como Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han expresado su preocupación por el uso abusivo de leyes antiterroristas contra movimientos sociales. Desde una perspectiva internacionalista, esta tendencia refleja un endurecimiento de las políticas de seguridad que, en lugar de proteger a la población, castigan la conciencia crítica y la solidaridad con causas humanitarias.
¿Daño a la propiedad o terrorismo? La delgada línea que divide el activismo del crimen
El caso de Palestine Action plantea una discusión de fondo: ¿es terrorismo dañar aviones militares con pintura en protesta por una guerra? Mientras el gobierno insiste en que se trata de actos criminales, múltiples especialistas subrayan que el activismo no violento, incluso disruptivo, no puede equipararse con el extremismo violento.
El Reino Unido corre el riesgo de sentar un precedente peligroso. Castigar con cárcel a quienes denuncian crímenes de guerra o cuestionan el papel del Estado en conflictos internacionales no solo debilita el tejido democrático, sino que legitima el uso del derecho penal como herramienta de represión ideológica.
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