La brutalidad policial en Kenia volvió a sacudir al país este lunes 7 de julio, cuando fuerzas de seguridad mataron al menos a 10 personas durante manifestaciones antigubernamentales en Nairobi y otros 16 condados. La represión fue dirigida contra jóvenes manifestantes que protestaban por el elevado costo de vida, la corrupción y la falta de oportunidades, en el marco del Día de Saba Saba, una jornada histórica que conmemora la lucha por la democracia multipartidista.
¿Qué significa el Día de Saba Saba?
El 7 de julio, conocido como Saba Saba “siete siete” en suajili, conmemora las primeras protestas masivas en 1990 contra el régimen autoritario de Daniel arap Moi. Aquel movimiento ciudadano marcó el inicio del fin del sistema de partido único en Kenia, y abrió el camino hacia un modelo político multipartidista que se concretaría en las elecciones de 1992.
Hoy, más de tres décadas después, el espíritu de Saba Saba sigue vigente. Sin embargo, los motivos que llevan a miles a las calles han evolucionado: ahora son el desempleo, la brutalidad policial, la corrupción sistémica y el incumplimiento de promesas gubernamentales los que encienden la protesta.
Brutalidad policial sin control: denuncias y cifras alarmantes
Durante las movilizaciones del lunes 7 de julio de 2025, la represión policial dejó al menos 10 muertos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR). La policía nacional elevó la cifra a 11, e informó sobre 567 arrestos, 52 agentes heridos y 11 civiles lesionados. La violencia no fue aislada: se reportaron incidentes graves en al menos 17 de los 47 condados del país.
Testigos y organizaciones de derechos humanos reportaron el uso de gases lacrimógenos, municiones reales y detenciones arbitrarias. En algunas zonas, como Kitengela, los agentes dispararon contra civiles desarmados, provocando escenas de pánico. «Nunca había visto el centro de Nairobi tan vacío», declaró un guardia de seguridad. Las calles fueron bloqueadas con alambre de púas y la ciudad se paralizó.
La situación se agravó por las acusaciones de colaboración entre las fuerzas de seguridad y grupos armados encapuchados que, armados con machetes, látigos, arcos y flechas, actuaron de manera coordinada con la policía. Aunque el portavoz del Servicio Nacional de Policía lo negó, las imágenes y testimonios contradicen su versión.
Una juventud sin futuro: causas estructurales del descontento
Las protestas actuales son protagonizadas por jóvenes kenianos, muchos de ellos sin acceso a empleos dignos ni servicios públicos adecuados. En un país donde más del 80% de la población activa sobrevive en la informalidad, la frustración ante la falta de oportunidades ha generado una ola de movilizaciones que desafían directamente al gobierno del presidente William Ruto.
“Han bloqueado las carreteras, impidiéndonos trabajar. ¿Qué quieren que comamos?”, dijo Caleb Okoth, vendedor ambulante a Reuters. Sus palabras reflejan una frustración generalizada: la protesta se ha vuelto una forma de exigir condiciones mínimas para sobrevivir. La falta de oportunidades y la violencia policial han generado una espiral peligrosa en la que cada represión alimenta nuevos estallidos sociales.
Además del desempleo y la pobreza, los manifestantes denuncian el incremento del costo de vida, la corrupción gubernamental y el uso excesivo de la fuerza pública como herramientas de control. «Lo que Ruto prometió no se ha cumplido», afirmó Rogers Onsomu, motociclista de Nairobi. «La gente no protesta por gusto. Lo hace porque no puede más».
Represión institucionalizada: el uso del miedo como herramienta política
Desde la llegada al poder del presidente William Ruto en 2022, la respuesta del Estado a las manifestaciones ha sido cada vez más violenta. Durante las protestas de junio, al menos 19 personas murieron y más de 400 resultaron heridas. En muchos casos, los detenidos han denunciado torturas, desapariciones forzadas temporales y falta de acceso a representación legal.
El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, incluso autorizó a la policía a disparar en el acto contra manifestantes que se acercaran a estaciones policiales, lo que ha sido condenado por organizaciones internacionales. Esta política del miedo ha provocado una militarización del espacio público, donde las libertades fundamentales están siendo gravemente restringidas.
El gobierno ha acusado reiteradamente a los manifestantes de ser “infiltrados por criminales” o de intentar un “golpe de Estado”, sin pruebas contundentes. Esta narrativa busca criminalizar la disidencia y justificar la represión. Pero los movimientos sociales, respaldados por figuras académicas y organismos independientes, advierten que esa estrategia es peligrosa y retrógrada.
“El espíritu de Saba Saba no puede ser silenciado”, dijo la historiadora Macharia Munene. “Intentar criminalizar las protestas no solo es inconstitucional, también revela el temor del gobierno ante una ciudadanía cada vez más consciente y crítica”.
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