Palestine Action: la policía de Londres arrestó este sábado 9 de agosto a 466 personas en la Plaza del Parlamento, en el corazón de Westminster, durante una protesta pacífica en apoyo a Palestine Action. La manifestación, convocada por el colectivo Defend Our Juries, se llevó a cabo tras la reciente prohibición del grupo activista bajo la Ley Antiterrorista de 2000, decisión que lo equipara legalmente con organizaciones como Hamas, Al Qaeda o ISIS. El operativo, calificado como la mayor redada en un solo día en la última década, ha desatado un intenso debate sobre el retroceso de las libertades civiles en Reino Unido.
Palestine Action: Un nuevo capítulo en la criminalización de la disidencia
La prohibición de Palestine Action fue aprobada por el Parlamento británico en julio, luego de que dos de sus miembros irrumpieran en la base aérea RAF Brize Norton y dañaran aviones militares utilizados para abastecer a Israel. El grupo se define como una red de acción directa contra empresas que fabrican y venden armamento al Estado israelí, acusando al gobierno británico de complicidad en lo que describen como crímenes de guerra y genocidio en Gaza.
Desde su ilegalización, cualquier muestra pública de apoyo a la organización (incluyendo portar pancartas o pronunciar su nombre en tono favorable) es considerada delito penal, con sanciones de hasta 14 años de prisión.
La protesta de Westminster fue una respuesta directa a esta política, con cientos de manifestantes sentados en el suelo sosteniendo carteles con el mensaje: “Me opongo al genocidio. Apoyo la Palestine Action”. La policía había advertido con anticipación que detendría a cualquiera que manifestara respaldo al grupo.
Testimonios que denuncian la represión
Entre las personas arrestadas se encontraba una mujer de 80 años que viajó desde Surrey para, según sus palabras, “mostrar qué farsa es la decisión del gobierno”. La anciana relató que la convocatoria pretendía reunir al menos 500 personas para una sentada pacífica, pero la respuesta policial fue inmediata y masiva.
«Si prohíben Palestine Action, ¿qué otro grupo será el siguiente? Esto es lo contrario de la democracia», declaró a la BBC una de las manifestantes detenidas.
La organización Amnistía Internacional calificó las detenciones como “profundamente preocupantes” y una violación de las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de libertad de expresión y reunión. Su director, Sacha Deshmukh, subrayó que los manifestantes “no estaban incitando a la violencia” y que tratarlos como terroristas es “desproporcionado hasta el absurdo”.
Vigilancia y leyes expansivas
Las leyes antiterroristas británicas fueron diseñadas a finales de los años noventa para combatir amenazas como el IRA o Al Qaeda. Sin embargo, su aplicación actual a movimientos de protesta pacíficos evidencia una reinterpretación que preocupa a juristas y defensores de derechos humanos.
La experta en seguridad Lizzie Dearden explicó que la legislación “no fue concebida para organizaciones de este tipo o para protestas masivas”, señalando que la actual estrategia gubernamental amplía peligrosamente el concepto de “terrorismo” para incluir la desobediencia civil. Esta ampliación no solo eleva las sanciones, sino que impone condiciones restrictivas de fianza, prohibiendo a las personas arrestadas participar en futuras manifestaciones sobre la causa palestina.
El operativo del sábado se suma a más de 200 arrestos similares desde que entró en vigor la prohibición, reflejando una tendencia creciente de criminalización de la protesta en el Reino Unido.
La disputa sobre el derecho a protestar
Para el gobierno británico, la prohibición de Palestine Action es una medida de seguridad nacional. La ministra del Interior, Yvette Cooper, defendió la decisión, asegurando que el grupo “no es una organización no violenta” y que existían planes para futuras acciones ilegales. Por su parte, el ministro del Interior en la sombra, Chris Philp, afirmó que quienes apoyan al colectivo “deberían sentir todo el peso de la ley”.
Sin embargo, los organizadores de la protesta afirman que la movilización fue una demostración masiva de repudio a la complicidad británica en la violencia contra el pueblo palestino. “Palestine Action y las personas que sostienen carteles no representan ningún peligro para el público”, declararon en redes sociales.
La represión vivida en Westminster abre un debate urgente: ¿hasta qué punto la seguridad nacional puede justificar el desmantelamiento del derecho a la protesta pacífica? Criminalizar la disidencia no detiene la indignación, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Si expresar solidaridad con un pueblo bajo asedio se convierte en delito, ¿qué queda de la libertad de expresión en el Reino Unido?
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