La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión del levantamiento estudiantil de 2024, que dejó cientos de muertos y miles de heridos. El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh anunció la sentencia el 17 de noviembre en Daca. Hasina, quien gobernó más de una década, se encuentra actualmente en India tras su caída el año pasado.
Un veredicto que polariza a una nación en crisis
El juez Golam Mortuza Mozumder anunció en cadena nacional la condena a muerte contra Hasina y el exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, mientras que el exjefe policial Chowdhury Abdullah Al-Mamun, convertido en testigo del Estado, recibió cinco años de prisión. La decisión provocó vítores en la sala y generó un clima político ya tenso en el país.
Hasina calificó el juicio de “parcial y motivado políticamente” y desde India sostuvo que afrontaría cualquier proceso en un tribunal imparcial. Su hijo y asesor, Sajeeb Wazed, adelantó que no apelarán la sentencia a menos que un gobierno democrático permita la participación de la Liga Awami en las elecciones de febrero, actualmente prohibida.
El tribunal justificó la pena de muerte por los asesinatos de seis manifestantes desarmados en Daca el 5 de agosto de 2024, un hecho documentado por organizaciones nacionales e internacionales. Expertos y defensores de derechos humanos critican la condena, cuestionando la independencia judicial y la legitimidad de la pena capital, que podría agravar las tensiones políticas y regionales en Bangladesh e India.
El levantamiento estudiantil: heridas abiertas que aún sangran
Las protestas de 2024 estallaron tras meses de denuncias de corrupción, abusos policiales y reformas impopulares en el sector educativo. Lo que inició como una manifestación universitaria se transformó en un movimiento nacional. La respuesta del gobierno fue brutal: dispersión violenta, detenciones masivas y uso indiscriminado de munición real.
“Nos disparaban aunque levantáramos las manos. No querían dispersarnos, querían castigarnos”, declaró ante el tribunal un sobreviviente cuya identidad fue protegida.
La ONU estima que entre julio y agosto murieron hasta 1.400 personas, una cifra que coloca estos hechos entre las peores violaciones de derechos humanos desde 1971. Para miles de familias, el duelo sigue activo, y muchos consideran que el juicio contra Hasina, aunque simbólicamente importante, no cuenta toda la verdad ni garantiza justicia integral.
¿Quién es Sheikh Hasina?: líder, política y figura controvertida
Sheikh Hasina, de 78 años, ha sido una de las figuras políticas más influyentes de Bangladesh durante las últimas décadas. Líder de la Liga Awami, partido que encabezó durante más de 15 años, Hasina acumuló poder mediante políticas de desarrollo económico y un férreo control del aparato estatal. Su carrera política comenzó en la década de 1980, tras sobrevivir a intentos de asesinato y años de exilio, consolidándose como la heredera de un legado político marcado por la lucha por la independencia del país en 1971.
Sin embargo, su gestión también ha sido criticada por violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión a opositores políticos y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones ciudadanas. La condena a muerte que enfrenta hoy por crímenes de lesa humanidad refleja las tensiones entre su figura histórica y los reclamos de justicia de las víctimas de la represión estudiantil de 2024.
A pesar de su caída del poder y su refugio en India, Sheikh Hasina sigue siendo un referente central en la política de Bangladesh, símbolo de un país dividido entre la admiración por su liderazgo y la condena por su responsabilidad en graves abusos.
India, extradiciones y un tablero geopolítico al borde del colapso
Tras el fallo, Bangladesh solicitó la extradición de Hasina y del exministro Kamal, mientras India respondió con cautela, evitando comprometerse y generando tensiones diplomáticas. Daca advirtió que ofrecerles refugio sería una “afrenta a la justicia”, y analistas temen que esto pueda derivar en episodios violentos en zonas fronterizas.
Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, como la ONU y Amnistía Internacional, han insistido en la necesidad de garantizar un proceso judicial imparcial y transparente, advirtiendo que cualquier abuso de poder podría poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La justicia no termina en un veredicto: las víctimas de la represión merecen reparación, memoria y garantías de que hechos así no se repetirán.
Para más noticias sobre Bangladesh da click aquí.