Sobrevivientes denuncian violencia sexual y secuestros mientras el gobierno minimiza los casos
Siria ha cambiado de bandera, pero para las mujeres la violencia sigue intacta. Tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, la narrativa de una «transición pacífica» y una «Siria para todos» alimentó la esperanza de una sociedad asfixiada por décadas de autoritarismo. Sin embargo, los recientes hallazgos en Latakia y Tartús revelan una realidad distinta: el secuestro y la violencia sistemática contra las mujeres continúan, ejecutados ahora por nuevos actores armados bajo el amparo de la impunidad y como método de castigo colectivo.
Se han documentado agresiones contra mujeres de la minoría alauita por parte de fuerzas de seguridad y milicias vinculadas al nuevo escenario político, replicando patrones de violencia utilizados durante el régimen anterior. La violencia sexual sigue funcionando como una herramienta de control, y los secuestros se han consolidado como el método más frecuente para someter, intimidar y castigar tanto a las víctimas como a sus comunidades.
Décadas de violencia contra las mujeres sirias
Para comprender la gravedad de esta situación, es necesario reconocer que las mujeres sirias han vivido en contextos prolongados de autoritarismo y conflicto. Durante décadas, bajo el control de Hafez al-Assad y posteriormente de su hijo Bashar, miles de mujeres sirias fueron víctimas de secuestros, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y represión política, entre otras prácticas de violencia ejercidas por el Estado.
A este historial de represión estatal se suma la violencia ejercida por actores no estatales. Grupos insurgentes, como el Estado Islámico (ISIS), institucionalizaron la violencia sexual como arma de guerra bajo interpretaciones extremistas, cebándose especialmente en las minorías. Asimismo, la intervención de fuerzas extranjeras y grupos aliados durante la guerra civil agravó la vulnerabilidad de las mujeres sirias a través de la extorsión y las agresiones físicas. Hoy, la violencia no ha desaparecido, se ha transformado y diversificado, ejecutada por un entramado de nuevos actores que operan bajo diversos niveles de impunidad.
El colapso de la transición pacífica
La situación se hizo evidente tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. En redes sociales comenzaron una circular denuncias sobre la desaparición de mujeres y niñas alauitas. No obstante, la magnitud del problema alcanzó visibilidad internacional tras la ofensiva militar en Latakia y Tartús en marzo de 2025. Durante estos enfrentamientos entre fuerzas del gobierno interino y milicias leales al antiguo régimen, se aplicó una lógica de castigo colectivo hacia los alauitas. Al atribuirles una responsabilidad absoluta por la represión de los Assad —ignorando que gran parte de la comunidad también fue víctima o disidente— se empleó una estigmatización social que utiliza el cuerpo de las mujeres alauitas como el principal territorio de castigo, ejerciendo todo tipo de violencia hacia ellas.
Esta sensación de vulnerabilidad extrema llevó a ciertos líderes alauitas en Latakia y Tartús a solicitar ayuda a las fuerzas israelíes y/o rusas durante los momentos más críticos del enfrentamiento. Aunque esta petición de intervencionismo generó una profunda indignación en la mayoría del país, para la comunidad alauita fue un acto de desesperación nacido de la desconfianza, ya que no sentían seguridad en las nuevas fuerzas sirias, que atacaban indiscriminadamente a civiles alauitas bajo la excusa de combatir a las milicias leales al régimen.
El castigo colectivo es explícito. En redes se denuncia con frecuencia que los captores suelen insultar a las víctimas por su identidad alauita y vinculan estos abusos con el sufrimiento causado por el régimen anterior durante décadas. Los testimonios revelan una crueldad sistemática, en la que los secuestros ocurren a plena luz del día, en paradas de autobús o mercados.
Ante la presión internacional, el presidente interino Ahmed al-Sharaa afirmó que los responsables serían castigados; Sin embargo, estas declaraciones contrastaron con los hechos, ya que miembros de sus propias fuerzas de seguridad documentaron y difundieron abusos en redes sociales, justificando la violencia contra mujeres alauitas como represalia. Testimonios y registros indican además que, durante secuestros, algunas víctimas solicitaron ayuda a patrullas cercanas sin recibir intervención, e incluso con respuestas de indiferencia o aprobación de los abusos. Esta situación evidencia una falta de control institucional, puso en duda la transición política y alimentó sospechas sobre la incorporación de excombatientes extremistas, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones ni sanciones.
Las voces de los sobrevivientes
Una investigación reciente de The New York Times ha puesto rostro y voz a estas víctimas, evidenciando que la violencia, perpetrada por fuerzas de seguridad, es más frecuente y brutal de lo que el gobierno reconoce. Los casos documentados exponen una violencia sexual extrema utilizada como «reparación»: relatos de víctimas describen la violación no solo como un acto de abuso, sino como un método de «deshonrar» a la comunidad alauita en su conjunto, bajo una lógica de ojo por ojo.
El informe expone el caso de una menor secuestrada y retenida durante 100 días en un sótano, donde fue drogada y violada repetidamente. También presenta el caso de una mujer de 24 años, golpeada y sometida a humillaciones, como haber sido rapada con cuchillas. Es especialmente revelador el trauma que continúa tras la liberación, marcado por el embarazo forzado como extensión de la violencia ejercida sobre sus cuerpos. Muchas mujeres regresan a sus hogares gestando, producto de estas agresiones y, lejos de encontrar reparación o apoyo, enfrentan el estigma y la exclusión dentro de sus propias comunidades, donde operan estructuras patriarcales que reproducen y profundizan la violencia vivida.
La extorsión económica se ha sumado a la tortura. Muchas familias han tenido que pagar rescates exorbitantes; se documenta, por ejemplo, un caso en el que se exigieron 17.000 dólares para liberar a una víctima de secuestro, lo que obligó a la familia a vender todas sus pertenencias y tierras. Incluso en estos casos, no se garantizó la liberación ni la integridad de la víctima, quien a menudo regresa en condiciones físicas y psicológicas deplorables.
Esta crueldad se ve agravada por la composición de las nuevas fuerzas del orden. La investigación señala que algunos perpetradores son combatientes extranjeros integrados en las milicias de seguridad, quienes deshumanizan a las mujeres alauitas bajo la etiqueta de «infieles». Al justificar la violencia como el cobro de una «deuda histórica», estos actores transforman el abuso individual en una política de odio sectario, sembrando una sospecha legítima sobre quiénes controlan realmente las calles en esta nueva etapa del país.
Negación y encubrimiento
Esta situación ha generado un estado de pánico que ha provocado cambios drásticos en la vida cotidiana de la comunidad, especialmente entre las mujeres alauitas. Existe una fuerte restricción de movimiento y una pérdida de libertad, ya que muchos han dejado de asistir a la escuela o de acudir al trabajo por miedo a ser secuestradas. Asimismo, se produce una dolorosa afectación de la identidad, pues adoptan determinadas vestimentas para intentar pasar desapercibidas.
Este patrón recuerda las prácticas de deshumanización de ISIS, ahora facilitadas por la inacción estatal. El gobierno ha respondido minimizando las denuncias y según el portavoz del Ministerio del Interior, Noureddine al-Baba, la mayoría de los casos son falsos. De 42 denuncias el Estado solo reconoció una mientras el resto estaba clasificado bajo las categorías de fugas amorosas o prostitución.
Estas narrativas no son meras fallas administrativas, sino que forman parte de una estrategia sistemática de encubrimiento. Organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional han denunciado que las víctimas son coaccionadas para grabar declaraciones donde afirman que su desaparición fue voluntaria. Al calificar secuestros y violaciones como simples relaciones consensuadas o fugas personales, el Estado ejerce una forma de control patriarcal y sectario que anula institucionalmente a la mujer y blinda al victimario. Esta maniobra de distorsión garantiza la impunidad de los perpetradores y los coloca fuera del alcance de cualquier enjuiciamiento real, enviando un mensaje de absoluta desprotección a la comunidad alauita. Frente a este aparato de silenciamiento, la resistencia de las familias se vuelve un acto de valentía, como ocurrió con Iktimal Salameh, quien desafió la versión oficial sobre su hija Walaa Ismael al difundir la verdad en video y exponer las grietas de una justicia diseñada para proteger el crimen.
Reconocer la violencia a las mujeres alauitas para enfrentarla
Mientras la comunidad internacional celebra visitas diplomáticas en Londres y Berlín por parte del nuevo gobierno interino, las mujeres de las minorías en Siria quedan atrapadas en un doble aislamiento. Es imperativo comprender que cuestionar las omisiones del gobierno de Ahmed al-Sharaa no implica un respaldo al régimen anterior ni una nostalgia por el pasado autoritario de los Assad. Por el contrario, la denuncia de estos atropellos es un ejercicio necesario para asegurar que la «nueva Siria» no herede las prácticas sistemáticas de deshumanización que se pretendían erradicar. La visibilidad de esta crisis es una demanda de coherencia para un liderazgo que ha prometido, ante el mundo y su propio pueblo, construir una nación fundada en el respeto a la dignidad humana.
La promesa de una Siria inclusiva para kurdos, alauitas, drusos y cristianos seguirá siendo una utopía mientras no se garantice la seguridad de las mujeres como un eje central del plan de gobierno. Si el presidente Al-Sharaa defiende genuinamente una «Siria para todos», su administración debe pasar de la negación a la acción institucional, asumiendo que la responsabilidad del mando conlleva la protección de los más vulnerables frente al castigo colectivo.
