El Decreto n.º 18 elimina la edad mínima para casar niñas, interpreta el silencio de las menores como consentimiento conyugal y anula el derecho al divorcio para las víctimas de abuso.
Los talibanes llaman “Principios de Separación entre Cónyuges” a su Decreto n.º 18. La comunidad internacional lo califica como un “retroceso en las leyes de matrimonio infantil”. Yo lo llamo por su nombre: la legalización de la violación de niñas afganas. No se trata de matrimonio. No se trata de esposas. Se trata de la codificación legal de la violencia sistemática contra niñas y mujeres. El mundo ha decidido usar un nombre más suave para no tener que actuar, lavándose las manos en una cómoda tibieza diplomática mientras los cuerpos de las menores son utilizados como botín político.
Esta nueva ley, firmada por el mulá y líder del régimen talibán, Hibatullah Akhundzada, el pasado 14 de mayo de este año, fue presentada como una norma destinada a «ordenar» aspectos relacionados con el matrimonio, el divorcio y el consentimiento. Sin embargo, el decreto está diseñado para despojar a las niñas y mujeres afganas de sus derechos y formalizar la violencia del régimen a través de un entramado jurídico sin salida.
La pubertad a los 9 años
El decreto elimina de forma explícita la edad mínima fija para contraer matrimonio. Anteriormente, el Código Civil afgano de 1977 establecía los 16 años para las mujeres y los 18 para los hombres, con excepciones judiciales. Esta ley ya era criticada por la desigualdad de edad establecida para las mujeres y fue protestada y denunciada por activistas dentro de Afganistán. Gracias a esas luchas surgió la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009, que llegó a penalizar el matrimonio de niñas menores de 15 años. Todo ese avance histórico ha sido desmantelado.
La nueva ley vincula la elegibilidad matrimonial directamente con la pubertad, convirtiendo la biología en el escondite lingüístico del régimen. Según la escuela sunita de derecho islámico que los talibanes invocan como fuente, la pubertad puede comenzar a los 9 años, o incluso antes, con la llegada de la primera menstruación. Una niña de 9 años que aún juega con muñecas, que aún no comprende la relación entre el sexo y el embarazo, puede ser legalmente entregada a un hombre adulto porque su cuerpo ha comenzado a sangrar. No importa que mental, emocional y físicamente siga siendo una niña; según su interpretación judicial, su infancia ha caducado.
Pero hay algo aún más crítico. El código talibán se aplica de manera descentralizada por cada mulá en cada provincia. La pésima redacción judicial del decreto permite interpretaciones locales malintencionadas. En las zonas más empobrecidas, donde el hambre aprieta y la crisis humanitaria asfixia, las edades de entrega conyugal pueden caer incluso por debajo de los 9 años. Al amparo de excepciones de tutela y dotes económicas, el panorama que dibuja el régimen para las niñas afganas es de una vulnerabilidad extrema.
El consentimiento por silencio impuesto
La ley contiene una disposición que convierte la parálisis emocional en una herramienta legal de violación. Establece que el silencio de una «niña virgen» al llegar a la pubertad debe interpretarse oficialmente como consentimiento matrimonial.
La menor no tiene que decir «sí». Tampoco tiene que decir «no». Su silencio —que en la realidad material de Afganistán representa miedo, ignorancia, adoctrinamiento en la obediencia o simple terror por las presiones familiares— es suficiente para que el Estado considere válido el abuso. Con la sola palabra del hombre afirmando que ella calló, el pánico de una niña se convierte en un «sí» legal. No hay necesidad de testigos independientes ni de que ella asienta ante el tribunal; el sistema valida el despojo de su voluntad por omisión y da todo el poder al hombre que hablará por ella.
El control absoluto a los tutores varones y la trampa judicial
El régimen talibán otorga a los padres y abuelos la autoridad exclusiva para concertar el matrimonio de una niña, eliminando la obligatoriedad de consultarla o de que un juez independiente revise el caso. Basta con la decisión del tutor varón. La madre queda prácticamente inexistente dentro del proceso: el decreto la excluye de cualquier capacidad de decisión o protección, rompiendo posibles redes de apoyo familiares que podrían impedir la entrega de una menor o ayudarla a escapar de la violencia.
La venta de niñas afganas ha ido creciendo en los últimos años desde el retorno talibán en agosto de 2021, pero con esta ley irá en aumento debido al hambre generalizada. Un padre que no puede alimentar a sus hijos sabe que la ley ahora le permite entregar a su hija a cambio de dinero sin enfrentar investigaciones, fiscales ni jueces que detengan la transacción. El decreto incluye una cláusula retórica que parece ofrecer una vía de escape: una niña casada antes de la pubertad puede solicitar la anulación al alcanzarla. Sin embargo, esta debe ser concedida por un tribunal talibán —el mismo que ampara su opresión— y la menor debe demostrar que su tutor actuó con «abuso de autoridad» o «conducta inmoral», una carga de la prueba imposible para una víctima de menos de 9 años.
Divorcio prácticamente imposible
Con su crueldad disfrazada de lenguaje técnico, los talibanes mencionan que el divorcio podría llevarse a cabo si la mujer acude a un tribunal religioso y cumple ciertas condiciones. Pero el sistema está diseñado para que no haya salida. El decreto establece que el divorcio para las mujeres solo es posible con el consentimiento unilateral del marido. Si él se niega, la palabra del esposo es la única válida ante el juez, sin requerir pruebas adicionales.
El texto es explícito y escalofriante: la crueldad física, la violencia doméstica o los golpes del esposo no constituyen motivo suficiente para conceder el divorcio. Una dote injusta o una pareja incompatible tampoco se consideran causas legítimas de separación. El sistema prioriza la «mediación» antes que la protección de la víctima, forzándola a regresar con su maltratador. Además, como el régimen prohíbe que las mujeres vayan a la escuela después del 6.º grado, las víctimas carecen de educación, información y recursos, quedando completamente dependientes de su agresor en un estado de analfabetismo forzado.
Consecuencias médicas mortales
Toda esta estructura jurídica tiene un impacto directo, documentado y mortal en la salud física y mental de las menores. Bajo esta norma, la pubertad no funciona únicamente como el umbral para casarlas, sino como la autorización estatal para su embarazo forzado.
Los datos son necesarios para dimensionar el horror: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que 3,000 niñas afganas viven con fístula obstétrica, un desgarro interno crónico causado porque sus cuerpos infantiles no están diseñados para parir. Con el Decreto n.º 18 y los matrimonios desde los 9 años, estas cifras se dispararán. El parto en niñas en desarrollo provoca hemorragias masivas y muertes prematuras. Este daño se potencia mediante una estrategia de apartheid sanitario: los talibanes prohíben que los médicos varones atiendan a mujeres, al mismo tiempo que prohíben a las niñas estudiar medicina. La ley no solo permite la violación; garantiza que sus consecuencias médicas ocurran en la clandestinidad y sean mortales.
Un sistema sin salida
La nueva ley demuestra que el matrimonio, la tutela, el consentimiento y el divorcio son engranajes de un circuito cerrado diseñado para que las mujeres no tengan oportunidad de escapar.
Vean cómo están ligados de forma perversa todos los puntos: una niña puede ser casada a los 9 años si su tutor lo permite. Si ella intenta resistirse, su silencio y parálisis emocional son tomados como un «sí» legal. Si decide denunciar el abuso de sus tutores, la ley exige que asista al tribunal acompañada por su propio agresor. Si busca divorciarse debido a la violencia física, el tribunal le exige la autorización del esposo maltratador. Y si queda embarazada producto de esa violación legal y sufre complicaciones en el parto, el sistema le prohíbe ser atendida por médicos hombres mientras les impide a las mujeres estudiar medicina.
Es un engranaje totalitario perfecto para llevar a las niñas y mujeres afganas a la sumisión, la violencia y la muerte.
El silencio cómplice del mundo
Mientras las niñas afganas son entregadas a hombres adultos con el visto bueno del régimen, la comunidad internacional reacciona con la misma fórmula cansada de siempre: comunicados de «grave preocupación» y declaraciones diplomáticas que abordan la crisis como si fuera un simple asunto de reformas civiles o costumbres culturales respetables.
El mulá Hibatullah Akhundzada no ha firmado una ley de familia de orden público. Ha firmado una sentencia de violación sistemática e institucionalizada para toda una generación de niñas. El mundo, cómodo en su lenguaje templado y sus negociaciones de pasillo, se lava las manos y mira hacia otro lado mientras ellas sangran.
