Talibanes prohíben smartphones a todos los empleados gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad en el territorio de la República Islámica de Afganistán, según una orden emitida por el líder talibán Hibatullah Akhundzada y un tribunal militar del régimen, revelada a mediados de junio de 2026. La medida, impulsada por el régimen talibán, prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en oficinas públicas, hogares y espacios privados, y establece la destrucción de los dispositivos en caso de incumplimiento, además de posibles procesos ante tribunales militares. El objetivo oficial no ha sido plenamente justificado, pero su implementación ha generado denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y a las libertades expresión y digitales.
La orden ha comenzado a aplicarse en distintas provincias del país, donde funcionarios han sido obligados a entregar y destruir sus teléfonos en actos públicos de obediencia. Mientras tanto, reportes independientes señalan que la medida se sustenta en una interpretación estricta de normas internas del régimen, bajo el argumento de evitar “contenidos inmorales” y controlar la circulación de información. Sin embargo, la aplicación selectiva de la norma ha generado fuertes críticas por su carácter desigual y coercitivo.
Talibanes prohíben smartphones: Censura tecnológica y aislamiento informativo
La decisión del régimen del Talibán no se limita a un control administrativo, sino que forma parte de un patrón más amplio de restricción del acceso a la información en el país. Desde su regreso al poder en 2021, el régimen ha impuesto límites progresivos a internet, redes sociales y medios de comunicación independientes, consolidando un sistema de vigilancia y censura digital.
En este contexto, la prohibición de smartphones representa un salto cualitativo en la estrategia de aislamiento informativo. Afganistán, país con millones de usuarios móviles y una alta dependencia de plataformas digitales para la administración pública, enfrenta ahora un escenario en el que la comunicación básica entre instituciones se ve comprometida. Esto no solo ralentiza los procesos estatales, sino que debilita la transparencia institucional.
Organismos de derechos humanos han advertido que este tipo de medidas no buscan únicamente regular la moralidad digital, sino reducir la capacidad de la población para documentar abusos o acceder a información externa. La censura tecnológica se convierte así en una herramienta política de control social.
Obediencia forzada y espectáculo de destrucción
En diversas provincias afganas, funcionarios públicos han sido registrados destruyendo sus propios dispositivos móviles en actos organizados por autoridades locales del régimen del Talibán. Estos actos, difundidos en redes sociales, muestran una dinámica de obediencia forzada donde la tecnología es destruida como símbolo de lealtad al liderazgo.
Sin embargo, la medida ha sido señalada como profundamente contradictoria. Mientras empleados de bajo rango eliminan sus herramientas de comunicación, miembros de alto nivel del régimen continúan utilizando smartphones para fines administrativos, personales y de propaganda, incluso en viajes internacionales «diplomaticos».
Esta dualidad ha sido interpretada por analistas como una estrategia de control simbólico: no se trata de eliminar la tecnología, sino de decidir quién puede acceder a ella. La destrucción pública de dispositivos se convierte así en un ritual político destinado a reforzar la obediencia y la jerarquía interna del poder.
Impacto en educación, economía y vida cotidiana
Las consecuencias de la prohibición se extienden más allá del ámbito gubernamental. Afganistán enfrenta ya una crisis educativa profunda, con millones de niñas excluidas de la educación secundaria y universidades sometidas a restricciones severas. En este contexto, la eliminación del acceso a smartphones limita aún más el acceso a recursos educativos digitales, muchas mujeres resisten educandose en línea.
La economía también se ve afectada, ya que muchos trabajadores dependían de aplicaciones móviles para coordinar actividades, pagos y comunicación básica. La sustitución de plataformas digitales por sistemas telefónicos tradicionales genera retrasos, ineficiencia y aislamiento administrativo en un país con más de 40 millones de habitantes.
Expertos advierten que estas medidas profundizan la brecha tecnológica y consolidan un modelo de exclusión informativa que impacta directamente en el desarrollo social y económico del país.
Censura digital mientras el mundo avanza tecnológicamente
La prohibición llega en un momento en que gran parte del mundo atraviesa una acelerada transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la robótica, la exploración espacial, la automatización industrial y la investigación científica.
Mientras gobiernos, universidades y centros de investigación compiten por liderar avances tecnológicos, Afganistán enfrenta un proceso inverso marcado por restricciones educativas, limitaciones al acceso al conocimiento y obstáculos para la circulación de información.
Algunos analistas han descrito estas políticas como un supuesto retorno a la “Edad Media”. Sin embargo, es de cuestionar esa comparación por considerarla simplista e históricamente inexacta. Durante el período medieval europeo e islámico existieron importantes espacios de aprendizaje, producción científica y desarrollo intelectual. Figuras como Al-Juarismi, Avicena y Al-Jazarí realizaron contribuciones fundamentales a las matemáticas, la medicina, la astronomía y la ingeniería.
Más que un regreso a una etapa histórica concreta, lo que se observa actualmente es un proceso contemporáneo de represión política que limita deliberadamente el acceso al conocimiento y dificulta el desarrollo científico, educativo y cultural de la sociedad afgana.
Mientras millones de afganos continúan enfrentando pobreza, hambre y falta de oportunidades educativas, las autoridades destinan recursos a vigilar dispositivos y castigar formas de comunicación. La historia demuestra que ninguna sociedad prospera cuando se castiga el acceso al conocimiento y se limita la libre circulación de ideas.
En Afganistán, donde periodistas, activistas y ciudadanos enfrentan crecientes riesgos por expresar opiniones críticas, la nueva prohibición podría profundizar aún más el aislamiento de una sociedad que ya soporta severas limitaciones a sus libertades fundamentales.
Para más noticias sobre Afganistán, da click aquí.