Los secuestros en escuelas de Nigeria volvieron a estremecer al país africano el pasado 29 de junio de 2026, cuando según autoridades, integrantes del grupo Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) irrumpieron en una escuela secundaria de la ciudad de Lassa, en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, y secuestraron a decenas de estudiantes que presentaban exámenes, además de un integrante del personal educativo.
El ataque, atribuido a este grupo armado que opera en la región, dejó al menos 36 estudiantes y un trabajador escolar desaparecidos, mientras padres y madres de las víctimas exigen al gobierno nigeriano redoblar los esfuerzos para lograr su liberación y garantizar la seguridad de las escuelas frente a una violencia que continúa vulnerando el derecho a la educación.
Secuestros en escuelas de Nigeria: una crisis que no deja de repetirse
Los secuestros en escuelas de Nigeria se han convertido en una de las expresiones más alarmantes de la crisis de seguridad que enfrenta el país desde hace décadas. Lejos de tratarse de hechos aislados, los secuestros en escuelas de Nigeria reflejan un patrón sistemático de ataques contra la infancia y el sistema educativo, especialmente en regiones donde la presencia del Estado sigue siendo limitada y los grupos armados y terroristas actúan con relativa impunidad.
El comisionado de Educación de Borno, Lawan Abba Wakilbe, declaró a los periodistas en Lassa que 25 estudiantes mujeres, 11 estudiantes varones y un miembro del personal seguían detenidos, según informó la agencia de noticias Reuters. Según los militares, al menos tres personas murieron en el ataque, entre ellas un soldado y un profesor. Inicialmente, los militares afirmaron que las autoridades habían rescatado a 10 de ellas y que solo una permanecía desaparecida.
Los grupos armados atacan tanto escuelas cristianas como musulmanas y laicas, con el objetivo de sembrar el terror y desalentar el acceso a la educación. Solo desde mayo de 2026 se han registrado tres secuestros masivos en centros educativos. Antes del ataque en Borno, hombres armados secuestraron al menos a 39 estudiantes y siete docentes en el estado de Oyo, mientras que otro grupo privó de la libertad a 42 alumnos de una escuela de educación básica, también en Borno.
La reiteración de estos hechos demuestra que los secuestros en escuelas de Nigeria continúan poniendo en riesgo la vida, la educación y el futuro de miles de niñas, niños y adolescentes, mientras las familias siguen reclamando respuestas efectivas para impedir que esta crisis se convierta en una tragedia permanente.
Del caso Chibok a la actualidad: una tragedia que nunca terminó
La comunidad internacional conoció la magnitud de esta problemática en abril de 2014, cuando el grupo terrorista Boko Haram secuestró a 276 niñas de una escuela pública en la localidad de Chibok, también en el estado de Borno. Aquel crimen provocó una ola mundial de indignación y dio origen a la campaña internacional «Bring Back Our Girls» («Devuelvan a nuestras niñas»), que exigía la liberación inmediata de las estudiantes.
Sin embargo, más de una década después, aquella tragedia continúa proyectando su sombra sobre Nigeria. Según la organización Murtala Muhammed Foundation, al menos 89 de las niñas secuestradas en Chibok siguen desaparecidas, lo que demuestra que muchas familias no han obtenido verdad, justicia ni reparación.
Desde entonces, los ataques contra escuelas no han cesado. En diciembre de 2020, estudiantes de un internado en Katsina fueron secuestrados durante un asalto reivindicado inicialmente por Boko Haram. En febrero de 2021, al menos 279 niñas fueron obligadas a caminar hacia un bosque tras ser secuestradas en Zamfara, donde denunciaron haber sufrido golpes y malos tratos durante su cautiverio.
Ese mismo año también se registraron secuestros en escuelas islámicas y bautistas en los estados de Níger y Kaduna, mientras que en varios casos las liberaciones estuvieron rodeadas de versiones sobre pagos de rescates, una práctica que las autoridades han negado reiteradamente, aunque numerosas organizaciones consideran que continúa alimentando el ciclo de violencia.
La educación bajo ataque y el costo humano de la impunidad
Las consecuencias de estos secuestros trascienden el sufrimiento inmediato de las familias. Cada ataque obliga al cierre temporal de escuelas, incrementa la deserción escolar y profundiza el miedo entre comunidades enteras que comienzan a percibir la educación como una actividad de alto riesgo.
La infancia resulta particularmente vulnerable en este contexto. El derecho a la educación, reconocido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, pierde efectividad cuando los centros educativos dejan de ser espacios seguros y pasan a convertirse en objetivos militares o criminales.
Diversas organizaciones humanitarias han advertido durante años que la falta de protección adecuada, la pobreza estructural, la corrupción y la debilidad institucional crean un entorno favorable para que estos grupos armados continúen operando con relativa facilidad. Mientras las respuestas oficiales suelen concentrarse en operaciones militares posteriores a los ataques, persisten importantes desafíos en materia de prevención, inteligencia, fortalecimiento de las comunidades y atención integral a las víctimas.
Además, las secuelas psicológicas de quienes logran regresar del cautiverio suelen prolongarse durante años. Muchos menores enfrentan ansiedad, estrés postraumático, dificultades para retomar sus estudios y una profunda pérdida de confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.
Proteger a la infancia exige mucho más que condenas oficiales
Cada nuevo secuestro confirma que Nigeria enfrenta una crisis prolongada que no puede abordarse únicamente mediante declaraciones de condena o respuestas reactivas. Garantizar la seguridad de las escuelas requiere políticas públicas sostenidas, inversión en infraestructura educativa segura, fortalecimiento de los mecanismos de prevención y una estrategia integral que coloque la protección de la infancia como prioridad nacional.
Las familias que hoy esperan noticias de sus hijos representan también a miles de personas que durante años han convivido con la incertidumbre, la impunidad y el abandono institucional. Su exigencia no se limita a recuperar a quienes permanecen desaparecidos; también reclama que ninguna otra madre o padre vuelva a vivir la angustia de enviar a sus hijos a estudiar sin saber si regresarán.
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