Se han publicado los resultados del Kankor 2026, el examen nacional de ingreso a la universidad en Afganistán. Estos resultados, anunciados el pasado lunes 6 de julio, confirmaron una de las realidades más duras bajo el régimen talibán: por cuarto año consecutivo, ninguna mujer figura entre las personas admitidas.
La ceremonia, encabezada por Abdul Baqi Haqqani, director de la Autoridad Nacional de Exámenes, se celebró en el Centro de Información y Medios del Gobierno en Kabul. Durante el acto, las autoridades presentaron como un éxito un proceso en el que participaron cerca de 120 mil aspirantes, de los cuales más de 74 mil obtendrán una plaza en universidades públicas. Sin embargo, ninguna de esas plazas corresponde a una mujer, ya que las mujeres afganas permanecen legalmente excluidas del sistema de educación superior talibán desde 2022.
A diferencia de lo que ocurría antes del regreso de los talibanes al poder en 2021, cuando numerosas jóvenes encabezaban la clasificación nacional y obtenían las calificaciones más altas en el Kankor, hoy ninguna mujer puede siquiera participar en el examen.
Además, aun con los resultados publicados, es imposible realizar una comparación académica rigurosa con las generaciones anteriores, ya que el régimen ha transformado profundamente el sistema educativo. Los talibanes modificaron los planes de estudio, eliminaron alrededor de 18 asignaturas por considerarlas contrarias a su interpretación de la sharia (ley islámica), censuraron cerca de 700 libros de texto e impusieron una perspectiva ideológica estricta en otras 201 materias.
Por ello, los resultados de este año reflejan la consolidación de un sistema educativo diseñado para excluir deliberadamente a la mitad de la población. Al mismo tiempo, estas políticas también perjudican a los jóvenes afganos, quienes reciben una educación cada vez más limitada, con contenidos reducidos y fuertemente condicionados por la ideología del régimen.
Exclusión al Kankor: Cuatro años que destruyen una generación
El Kankor, palabra derivada del francés concours y utilizada en Afganistán, Irán y otros países de la región para designar el examen nacional de ingreso a la universidad, ha representado tradicionalmente la principal puerta de acceso a la educación superior. Durante décadas, miles de jóvenes se preparaban para esta prueba como el paso decisivo hacia carreras como medicina, ingeniería, derecho o ciencias sociales.
Tras recuperar el poder en 2021, los talibanes comenzaron a desmantelar progresivamente el acceso a la educación, especialmente para las mujeres y las niñas. En un principio aseguraron que no eliminarían su derecho a estudiar y permitieron que las mujeres presentaran el Kankor durante un año. Sin embargo, en 2022 les prohibieron participar en el examen y, poco después, expulsaron de las escuelas secundarias a todas las niñas mayores de sexto grado. Con el paso de los meses, las universidades cerraron definitivamente sus puertas para ellas y, posteriormente, el régimen también prohibió su acceso a los institutos médicos, las escuelas de enfermería y los programas de obstetricia, que constituían las últimas opciones de formación profesional para las mujeres afganas.
Las cifras reflejan la magnitud de esta crisis. Según UNICEF, alrededor de 3.8 millones de niñas y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo debido a las restricciones impuestas por el régimen talibán. Si estas políticas continúan, esa cifra podría superar los cuatro millones en los próximos meses. Lo que está desapareciendo no es únicamente el acceso a las aulas, sino también el futuro profesional, económico y personal de toda una generación.
De la exclusión educativa al control absoluto sobre la vida de las mujeres afganas
El régimen talibán ha aprobado de manera sucesiva normas que restringen prácticamente todos los ámbitos de la vida de las mujeres afganas. Estas medidas afectan sus derechos económicos, sociales, políticos e incluso religiosos. Entre las restricciones impuestas se encuentran, por mencionar algunas, la prohibición de acceder a la educación secundaria y universitaria, las limitaciones al empleo, las restricciones a la libertad de movimiento, la imposición de estrictos códigos de vestimenta y la prohibición de que sus voces sean escuchadas en determinados espacios públicos, incluso durante oraciones y actos religiosos.
Estas normas, aprobadas exclusivamente por autoridades masculinas y sin participación alguna de las mujeres afectadas, consolidan un sistema de exclusión que numerosos expertos y organizaciones internacionales describen como un apartheid de género.
La ausencia femenina en el Kankor es, por tanto, únicamente una manifestación visible de un proyecto político mucho más amplio cuyo objetivo consiste en expulsar progresivamente a las mujeres de la educación, del trabajo, de la salud, de la justicia y de cualquier espacio de participación pública. Se trata de un proceso destinado a borrar su presencia de la vida social y limitar su papel dentro de la sociedad afgana, negándoles derechos fundamentales y reduciendo sus oportunidades de construir un futuro autónomo.
El costo humano de las políticas talibanas
Los tres primeros lugares del Kankor fueron asignados a la facultad de medicina, un área que millones de afganas aspiran a estudiar o ejercer y que actualmente enfrenta una grave crisis debido a las restricciones impuestas por el régimen. Las consecuencias de estas políticas trascienden el ámbito educativo: la prohibición de que las mujeres estudien medicina, enfermería u otra área de salud amenaza directamente la atención sanitaria de millones de personas en un país que ya registraba una de las tasas de mortalidad materna más elevadas del mundo.
Actualmente, muchas mujeres afganas tienen prohibido recibir atención médica de profesionales masculinos sin la presencia de un familiar varón, mientras que las futuras médicas tienen vetado el acceso a la formación universitaria. Aunque algunas profesionales de la salud continúan ejerciendo, son cada vez menos debido a las restricciones impuestas, que incluyen estrictos códigos de vestimenta, limitaciones en la atención a pacientes y un control constante sobre su actividad laboral. Obligandolas a no presentarse, ya que la ley les prohibe.
La combinación de estas medidas crea una contradicción insostenible: las pacientes no pueden ser atendidas libremente por hombres, pero al mismo tiempo se impide la formación de nuevas profesionales mujeres capaces de brindarles atención. Además, las médicas que aún permanecen en el sistema sanitario enfrentan un futuro incierto, ya que las políticas del régimen amenazan con expulsarlas progresivamente del ámbito profesional y ser arrestadas por no cumplir las normas que son cada vez mas opresoras.
UNICEF ha advertido que esta situación podría provocar un aumento de los matrimonios infantiles, los embarazos adolescentes y las muertes maternas y neonatales. La directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, señaló que impedir la educación de las niñas tendrá consecuencias devastadoras para el sistema sanitario, la economía y el desarrollo de Afganistán durante generaciones.
Diversas organizaciones de derechos humanos también han advertido que el impacto de estas políticas trasciende las fronteras afganas. La eliminación sistemática de la educación femenina contribuye a la consolidación de estructuras extremistas, profundiza la desigualdad y normaliza modelos autoritarios que pueden influir en otras sociedades.
Además, al justificar estas restricciones, el régimen talibán ha rechazado no solo los modelos educativos y sociales considerados occidentales, sino también diversas influencias provenientes de otros países musulmanes, incluidos aquellos con sistemas educativos donde las mujeres tienen una mayor participación. De esta manera, los talibanes buscan imponer una interpretación propia y estricta de la sociedad, aislando a Afganistán de otros referentes regionales e internacionales.
El silencio internacional
Mientras los talibanes presentaban el Kankor 2026 como un proceso transparente y exitoso, buena parte de la comunidad internacional reaccionó con una tibieza que contrasta con la magnitud de la tragedia.
En múltiples ocasiones, activistas afganas han denunciado que la privación de la educación se ha convertido en una cuestión administrada políticamente, más que enfrentada como una auténtica emergencia humanitaria. Cada nuevo comunicado diplomático condena las restricciones, pero rara vez va acompañado de mecanismos eficaces de presión que obliguen al régimen a revertirlas.
El resultado es una peligrosa normalización. Cuatro años después de la prohibición, el mundo comienza a acostumbrarse a que millones de niñas permanezcan fuera de las aulas. Sin embargo, ninguna sociedad puede considerar aceptable que el acceso al conocimiento dependa del sexo con el que una persona nació.
La educación no constituye un privilegio, ni una concesión del poder político. Es un derecho humano reconocido universalmente y una condición indispensable para garantizar la libertad, la autonomía y la igualdad.
Una generación que no renuncia a aprender
El régimen talibán parece apostar a que, con el paso del tiempo, las mujeres afganas abandonarán sus aspiraciones educativas. Sin embargo, desde su regreso al poder han surgido diversas formas de resistencia. Mujeres y niñas afganas han creado redes clandestinas de aprendizaje, incluso mediante plataformas digitales como grupos privados de Telegram; algunas estudiantes han ocultado sus edades para continuar asistiendo a clases y otras se han visto obligadas a disfrazar su identidad para poder estudiar. Estas acciones representan una resistencia frente a un sistema que intenta negarles el acceso al conocimiento.
La historia reciente de Afganistán demuestra que las mujeres no carecen de capacidad académica. Durante años ocuparon los primeros lugares del examen nacional de ingreso universitario y contribuyeron al desarrollo del país como médicas, profesoras, ingenieras, periodistas y científicas, entre muchas otras profesiones. Hoy no aparecen en esas listas por falta de talento o esfuerzo, sino porque un sistema político decidió excluirlas deliberadamente. A pesar de ello, las mujeres afganas continúan presentes: en sus comunidades, en sus redes de apoyo y en su lucha por recuperar un derecho que nunca debió serles arrebatado.
Aceptar esta exclusión como una nueva normalidad significaría asumir que el derecho a aprender puede transformarse en un privilegio reservado únicamente para los hombres. La ausencia de mujeres en las aulas no representa su falta de capacidad, sino las consecuencias de una política diseñada para impedir que puedan demostrarla.
En Mujer Azadi e Historiente creemos que las vidas de las mujeres afganas importan y que sus historias merecen ser escuchadas.
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