Los 5 de Ulm (Ulm 5) enfrentan un juicio que podría derivar en condenas de hasta cinco años de prisión por una protesta realizada el 8 de septiembre de 2025 contra una filial alemana de la empresa armamentística israelí Elbit Systems. El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Regional Superior de Stuttgart-Stammheim y cuyas audiencias continúan este 2026, ha colocado bajo escrutinio tanto el tratamiento judicial de los activistas como la política alemana de exportación de armas hacia Israel en medio de la devastación de Gaza.
Los cinco acusados, Daniel Tatlow-Devally, Zo Hailu, Crow Tricks, Vi Kovarbasic y Leandra Rollo, admitieron haber ingresado a las instalaciones de la empresa en la ciudad de Ulm, donde destruyeron equipos de oficina y laboratorio antes de esperar voluntariamente la llegada de la policía. Según explicaron, su objetivo era denunciar el suministro de armamento utilizado en la ofensiva israelí sobre Gaza y exigir el fin de las exportaciones militares alemanas.
Desde entonces, el caso ha trascendido el ámbito penal para convertirse en un símbolo del creciente enfrentamiento entre los movimientos de solidaridad con Palestina y las autoridades alemanas, que han endurecido su respuesta frente a acciones de desobediencia civil vinculadas con el conflicto y genocidio.
¿Quiénes son los 5 de Ulm?
Los llamados 5 de Ulm son un grupo de activistas internacionales residentes en Berlín que participaron en una acción directa contra una filial de Elbit Systems Deutschland, considerada la principal empresa privada de defensa de Israel. Entre ellos hay ciudadanos de Alemania, Reino Unido, Irlanda y España, ninguno con antecedentes penales antes de su detención.
Tras la protesta fueron acusados de allanamiento de morada, daños materiales superiores al millón de euros y pertenencia a una organización criminal, al ser vinculados por la fiscalía con Palestine Action Germany mediante el artículo 129 del Código Penal alemán, una figura jurídica habitualmente utilizada contra organizaciones terroristas o del crimen organizado. Además, las autoridades sostienen que la acción tuvo motivaciones antisemitas, una acusación que la defensa rechaza categóricamente al afirmar que la protesta estuvo dirigida contra una empresa fabricante de armamento y no contra personas por su identidad o religión.
Una protesta contra las armas convertida en un proceso político
La madrugada del 8 de septiembre de 2025, los activistas ingresaron a las instalaciones de Elbit Systems en Ulm, documentaron la acción en video y difundieron posteriormente las imágenes para explicar que buscaban interrumpir temporalmente la producción de equipos destinados al aparato militar israelí.
La defensa sostiene que la acción debe analizarse bajo el principio del «estado de necesidad» previsto en la legislación alemana. Según sus abogados, los acusados actuaron para impedir un daño mayor: el suministro de armamento en un contexto donde la Corte Internacional de Justicia consideró en 2024 que la denuncia presentada por Sudáfrica sobre un posible genocidio contra la población palestina era jurídicamente plausible. Israel rechaza de manera reiterada esa acusación y sostiene que sus operaciones militares constituyen acciones de legítima defensa contra Hamás.
Los abogados también afirman que el verdadero debate del proceso no debería centrarse exclusivamente en los daños materiales ocasionados durante la protesta, sino en la responsabilidad de quienes continúan suministrando armamento mientras organizaciones internacionales denuncian graves violaciones al derecho internacional humanitario en Gaza.
Prisión preventiva y denuncias por condiciones de aislamiento
Uno de los aspectos más controvertidos del caso ha sido el prolongado encarcelamiento preventivo de los cinco activistas. Desde su detención permanecen recluidos en diferentes prisiones alemanas bajo estrictas medidas de seguridad, sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza.
Sus familiares denuncian que algunos permanecen encerrados hasta 23 horas al día, con acceso limitado a llamadas telefónicas, correspondencia, libros y visitas. También han señalado restricciones durante los traslados al tribunal y el uso de medidas de inmovilización que consideran desproporcionadas.
Durante la audiencia celebrada el 30 de julio de 2026, la defensa presentó nuevas solicitudes relacionadas con las condiciones del proceso y el trato recibido por los acusados. La jueza presidenta aceptó una de esas peticiones, mientras el tribunal anunció nuevas fechas de audiencia que extenderán el juicio hasta enero de 2027.
Fuera del tribunal de Stuttgart-Stammheim, familiares, amigos y simpatizantes acompañaron la audiencia cantando consignas de solidaridad con Palestina, entre ellas un himno que evoca la resistencia y la esperanza de una Palestina libre.
Alemania, las exportaciones de armas y el debate sobre la libertad de protesta
El juicio ocurre en un contexto particularmente sensible para Alemania. Después de Estados Unidos, Berlín continúa siendo uno de los principales proveedores de armamento a Israel, una política que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, juristas y sectores de la sociedad civil.
El caso también refleja el endurecimiento de las respuestas estatales frente a las movilizaciones propalestinas. En los últimos dos años, diversas manifestaciones han sido restringidas o disueltas por las autoridades bajo argumentos relacionados con la seguridad pública y la prevención del antisemitismo, lo que ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre la protección contra los discursos de odio y la garantía de las libertades fundamentales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la utilización del artículo 129 contra activistas no violentos podría sentar un precedente preocupante para la libertad de asociación y de protesta. Aunque los daños materiales forman parte de los hechos investigados y deben ser evaluados por la justicia, especialistas sostienen que el uso de figuras reservadas para combatir el crimen organizado merece un examen especialmente riguroso desde la perspectiva del debido proceso y la proporcionalidad.
Una decisión que trasciende a cinco personas
El proceso contra los 5 de Ulm ya no se limita a determinar la responsabilidad penal de cinco activistas. También plantea interrogantes sobre el alcance del derecho a la protesta, los límites del poder punitivo del Estado y el papel de Alemania en un conflicto que continúa dejando miles de víctimas civiles en Gaza.
Mientras las audiencias seguirán hasta 2027, el caso permanecerá como un punto de referencia para medir cómo las democracias europeas responden cuando la desobediencia civil cuestiona intereses estratégicos vinculados con la industria armamentística.
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