La ley marcial en Filipinas fue conmemorada este lunes 21 de septiembre de 2026 con movilizaciones de miles de personas en Metro Manila, quienes recordaron el 54.º aniversario de la declaración realizada en 1972 por el dictador Ferdinand Marcos Sr. y exigieron rendición de cuentas por corrupción, reformas democráticas y el fin de la militarización. La jornada también estuvo marcada por reclamos relacionados con el escándalo de los proyectos de control de inundaciones y el impacto territorial de iniciativas estratégicas como Pax Silica.
Las manifestaciones reunieron a estudiantes, sindicatos, organizaciones religiosas, grupos progresistas y trabajadores culturales. Más de 17 mil agentes fueron desplegados en distintos puntos de la capital, mientras las clases fueron suspendidas y el complejo presidencial de Malacañang permaneció acordonado bajo protocolos de seguridad.
La ley marcial en Filipinas sigue marcando la memoria política
El 21 de septiembre de 1972, Ferdinand Marcos Sr. emitió la Proclamación No. 1081 y declaró la ley marcial. El régimen justificó la medida como una respuesta a amenazas contra el Estado, pero posteriormente concentró el poder, restringió libertades civiles y persiguió a opositores.
Organizaciones de derechos humanos documentaron durante ese periodo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones. Aunque Marcos levantó formalmente la ley marcial en 1981, permaneció en el poder hasta febrero de 1986, cuando fue derrocado tras la movilización popular conocida como Revolución EDSA.
Por ello, el lema “Nunca más” continúa presente en las movilizaciones del aniversario. Para quienes marchan, recordar las violaciones cometidas durante la dictadura también implica cuestionar las prácticas de poder y exigir instituciones capaces de responder ante la ciudadanía.
Corrupción y control de inundaciones amplían las protestas
Desde 2025, el 21 de septiembre también se convirtió en una fecha de movilización contra la corrupción, impulsada por el escándalo de proyectos de control de inundaciones presuntamente inexistentes, deficientes o sobrevalorados. El caso ha involucrado a figuras políticas y funcionarios, mientras las investigaciones continúan y los tribunales deberán determinar responsabilidades.
“La lucha del pueblo filipino contra las inundaciones, la corrupción, la pobreza y la falta de rendición de cuentas continúa.”
— David San Juan, coordinador del Movimiento Popular contra la Corrupción.
El reclamo tiene una dimensión especialmente sensible en un país expuesto a tifones e inundaciones. Las organizaciones cuestionan que continúen destinándose grandes cantidades de recursos a estas obras mientras persisten interrogantes sobre el uso de presupuestos anteriores. Para los manifestantes, la corrupción en infraestructura no representa solamente una pérdida económica, sino también un riesgo para comunidades que dependen de esas obras para protegerse de desastres.
Militarización, territorio y nuevas disputas por el poder
Las movilizaciones también cuestionaron la participación de Filipinas en Pax Silica, iniciativa encabezada por Estados Unidos para fortalecer cadenas de suministro de semiconductores y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial. El país se incorporó formalmente a la coalición en abril de 2026.
Uno de los proyectos asociados contempla una zona de desarrollo de aproximadamente 4 mil acres en Tarlac. Organizaciones sociales han advertido sobre posibles afectaciones territoriales y ambientales, particularmente para comunidades indígenas y agricultores. El gobierno, en cambio, sostiene que el proyecto busca atraer inversiones y desarrollar capacidades tecnológicas, además de rechazar algunas afirmaciones sobre posibles desplazamientos.
Por ello, recordar la ley marcial no implica únicamente mirar hacia 1972, sino también supone observar cómo las instituciones responden actualmente a las denuncias de corrupción, a las demandas de justicia y a quienes utilizan el espacio público para cuestionar decisiones gubernamentales. La memoria histórica adquiere sentido cuando permite identificar las consecuencias de la concentración del poder y defender mecanismos democráticos que impidan repetir abusos.
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