El alto el fuego en Gaza cumple un año este 10 de octubre de 2026, sin que la tregua entre Israel y Hamás haya detenido las muertes de palestinos ni garantizado condiciones de vida dignas para la población de la Franja. Durante estos doce meses, los ataques israelíes han continuado, mientras las fuerzas militares mantienen el control de aproximadamente el 65 % del territorio y millones de personas permanecen desplazadas, hacinadas en tiendas de campaña o edificios dañados. Aunque el acuerdo contemplaba una retirada militar parcial, el ingreso de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción, su implementación sigue estancada, prolongando una crisis que afecta el acceso a la vivienda, la salud, la educación, el agua potable y otros derechos fundamentales.
Alto el fuego en Gaza, una tregua que no ha detenido las muertes
El acuerdo, aprobado por el Gobierno israelí la madrugada del 10 de octubre de 2025, formó parte del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a los ataques. Su primera fase contemplaba la liberación de los rehenes israelíes que permanecían en Gaza a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros y detenidos palestinos, además de una retirada parcial de las tropas israelíes y el aumento de la entrada de suministros humanitarios.
Sin embargo, la reducción de las hostilidades a gran escala no se ha traducido en el cese de la violencia. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los ataques israelíes han causado más de 1.470 muertes palestinas desde el inicio de la tregua. Los bombardeos con drones y artillería han continuado, mientras Israel sostiene que sus operaciones buscan combatir a presuntos integrantes de Hamás y proteger a sus soldados.
Un año después de este supuesto alto el fuego, la continuidad de los ataques evidencia que la firma de un acuerdo no garantiza por sí misma la protección de la población civil ni el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario.
Ocupación militar y obstáculos para reconstruir Gaza
Uno de los principales puntos de conflicto es la permanencia de las fuerzas israelíes en aproximadamente el 65 % de la Franja. La denominada línea amarilla, concebida como una referencia temporal para la retirada militar, se ha convertido en un elemento central de la distribución territorial, al limitar el acceso a determinadas zonas y reducir el espacio disponible para millones de personas desplazadas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha condicionado una retirada más amplia al desarme completo de Hamás. Esta exigencia mantiene estancadas las negociaciones sobre las siguientes fases del acuerdo y se contrapone a la retirada contemplada en la hoja de ruta inicial. Mientras tanto, la población palestina permanece concentrada en una parte reducida del territorio, en condiciones de hacinamiento y con un acceso limitado a servicios esenciales.
La destrucción de viviendas, hospitales, escuelas y redes de abastecimiento representa otro obstáculo para la recuperación. La reconstrucción requiere financiación, maquinaria, combustible y materiales que permitan retirar escombros, reparar infraestructuras y restablecer los servicios básicos. Sin embargo, las restricciones a la entrada de suministros prolongan la dependencia de la asistencia humanitaria y dificultan que las familias regresen a sus hogares. La recuperación de Gaza no depende únicamente de reconstruir edificios, sino también de garantizar condiciones políticas y materiales para que la población pueda vivir con seguridad y dignidad.
Crisis sanitaria en Gaza y enfermedades prevenibles
La falta de medicamentos y suministros médicos continúa afectando a los hospitales gazatíes. La escasez de insulina, tratamientos contra el cáncer, materiales para quimioterapia y suministros para diálisis amenaza la continuidad de la atención a pacientes con enfermedades crónicas. A ello se suma la falta de combustible y electricidad, que perjudica el funcionamiento de los centros médicos y los sistemas de desalinización de agua.
Las condiciones sanitarias en los campamentos de desplazados también han favorecido la propagación de enfermedades. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que durante 2026 ha tratado más de 11.000 casos de afecciones cutáneas, incluida la sarna, y ha registrado más de 1.500 casos de varicela durante junio y julio. La organización también ha advertido sobre casos de gastroenteritis, infecciones respiratorias, hepatitis, infecciones bacterianas y presencia de piojos.
El doctor Murad Asaliya, responsable de actividades médicas de MSF en Gaza, describió la gravedad de las condiciones de acceso al agua y a los productos de higiene.
«La mayoría de las personas dispone de menos de seis litros de agua al día para uso doméstico y tiene un acceso limitado a artículos básicos de higiene, como jabón y detergente».
La escasez de agua potable y saneamiento es un factor que amenaza directamente la salud y la dignidad de la población. Cuando las familias no pueden mantener condiciones básicas de higiene ni acceder oportunamente a atención médica, enfermedades prevenibles se convierten en riesgos persistentes. Por ello, garantizar el acceso a agua segura, medicamentos y servicios sanitarios debe formar parte de cualquier compromiso destinado a proteger a la población palestina.
Desplazamiento palestino y un cuarto invierno en tiendas de campaña
Un año después de la entrada en vigor del alto el fuego, millones de palestinos continúan sin una vivienda adecuada. Según los datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) recogidos en el informe de referencia, aproximadamente 1,6 millones de personas tendrán que afrontar un cuarto invierno en tiendas de campaña o refugios deteriorados, expuestas al frío y las inundaciones.
La entrada de materiales de refugio sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades. De acuerdo con la información difundida por la organización, Israel permite el ingreso desde Jordania de quince camiones semanales con artículos que considera de posible doble uso civil y militar. Al ritmo señalado por el NRC, transportar los materiales necesarios para proporcionar refugio a todas las personas afectadas requeriría más de siete meses. Esta situación prolonga la exposición de las familias a condiciones climáticas adversas y dificulta la recuperación de una vida cotidiana estable.
La crisis también ha interrumpido el derecho a la educación. El nuevo año escolar comenzó el 19 de septiembre con aproximadamente 200.000 niñas y niños palestinos sin escolarizar, en medio de la destrucción de centros educativos, la falta de recursos y la utilización de espacios como refugios. La pérdida de clases afecta sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo, mientras la incertidumbre prolonga las consecuencias más allá de los daños materiales.
El desplazamiento prolongado no debe tratarse como una situación inevitable. Contar con una vivienda segura, agua potable, atención médica y acceso a la educación forma parte de los derechos fundamentales de la población civil. Sin condiciones para regresar, reconstruir sus hogares o acceder a servicios básicos, las familias palestinas continúan atrapadas en una emergencia que el alto el fuego debía contribuir a superar.
Un año de compromisos incumplidos y una paz sin garantías
El primer aniversario de la tregua obliga a distinguir entre una reducción de las hostilidades y una paz efectiva. El acuerdo facilitó la liberación de rehenes y prisioneros, pero no ha garantizado el cese de los ataques, una retirada militar suficiente ni el comienzo de una reconstrucción a la escala necesaria. Las restricciones a la ayuda humanitaria y la precariedad de los refugios mantienen a millones de personas en condiciones incompatibles con una vida digna.
La comunidad internacional, incluidos los gobiernos que respaldaron el acuerdo, debe exigir el cumplimiento de los compromisos y garantizar que la asistencia humanitaria llegue de forma suficiente y sostenida. También resulta indispensable proteger a la población civil, facilitar la recuperación de los servicios esenciales y promover mecanismos de rendición de cuentas ante posibles violaciones del derecho internacional. La protección de los derechos humanos no puede depender de las negociaciones entre las partes ni quedar subordinada indefinidamente a sus disputas políticas y militares.
La reconstrucción de Gaza requiere más que promesas diplomáticas. Hace falta garantizar el acceso a materiales, restablecer los servicios públicos y crear condiciones que permitan a las familias recuperar sus hogares y a los niños y niñas volver a las escuelas. También es necesario abordar las causas políticas de la crisis y asegurar que la población palestina pueda ejercer sus derechos sin vivir bajo amenazas constantes.
¿Qué significa hablar de paz cuando las familias siguen desplazadas, los hospitales carecen de suministros y los ataques continúan? Un año después del alto el fuego, la comunidad internacional debe convertir sus compromisos en medidas verificables que protejan vidas, garanticen derechos y permitan reconstruir Gaza. La tregua no puede convertirse en una justificación para normalizar la violencia ni para aceptar que millones de palestinos permanezcan sin seguridad, vivienda y condiciones básicas de supervivencia.
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