Este 15 de agosto de 2026, se cumplen cinco años de un apartheid de género en Afganistán, tras la caída de la República y el regreso de los talibanes al poder. Durante este periodo, mujeres y niñas han enfrentado una progresiva exclusión de la educación, el trabajo, la movilidad, la atención sanitaria y la vida pública, entre otros ámbitos. El régimen talibán ha convertido la discriminación contra las mujeres en una política estructural, mientras periodistas, activistas, antiguos funcionarios y otras personas consideradas críticas enfrentan intimidación, detenciones arbitrarias y abusos.
La represión se ha extendido mucho más allá de las prohibiciones iniciales. Las autoridades han convertido la discriminación por género en una política estructural mediante decretos, leyes y mecanismos de vigilancia que condicionan la vida cotidiana de las mujeres. A ello se suma una crisis humanitaria agravada por la pobreza, el debilitamiento de los servicios públicos y el retorno forzado de población afgana desde países vecinos.
Cinco años de exclusión: de las aulas a la vida pública
La educación fue uno de los primeros derechos afectados. En marzo de 2022, los talibanes impidieron que las niñas continuaran sus estudios después del sexto grado. Posteriormente, las mujeres también fueron excluidas de las universidades públicas y privadas. Cinco años después, miles de niñas y adolescentes permanecen fuera de las aulas y ven cómo sus posibilidades de formación y desarrollo profesional se reducen antes de poder decidir sobre su propio futuro.
La exclusión también alcanzó el empleo. Las mujeres fueron expulsadas progresivamente de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y distintos sectores profesionales. En diciembre de 2024, los talibanes prohibieron además que las mujeres recibieran formación en medicina, enfermería, partería y otras áreas sanitarias. La medida no solo limita sus oportunidades laborales: también amenaza la disponibilidad futura de personal sanitario femenino en un país donde muchas mujeres enfrentan obstáculos para recibir atención de profesionales hombres.
El cierre de oportunidades se extendió al ámbito laboral. Las mujeres fueron apartadas progresivamente de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y distintos sectores profesionales. A finales de 2024, además, los talibanes prohibieron que las mujeres accedieran a programas de formación en medicina, enfermería, partería y otras áreas sanitarias. La decisión amenaza no solo su independencia económica, sino también la disponibilidad futura de profesionales capaces de atender a otras mujeres en un sistema donde las barreras para recibir atención sanitaria ya son profundas.
A estas medidas se sumó un control cada vez mayor sobre la vida cotidiana. Las restricciones a la movilidad, las normas obligatorias de vestimenta y la exigencia de un mahram en determinados desplazamientos han limitado la capacidad de las mujeres para trasladarse, trabajar y acceder a espacios y servicios. Así, actividades tan básicas como salir de casa o desplazarse por el país quedan sujetas a un entramado de vigilancia y restricciones impuesto por el régimen.
Apartheid de género en Afganistán: controlar cada espacio de la vida
La acumulación de estas medidas ha producido algo más profundo que una serie de prohibiciones aisladas. El régimen talibán ha construido un sistema en el que el género determina qué puede estudiar una persona, dónde puede trabajar, cómo puede desplazarse, qué espacios puede ocupar y hasta qué punto puede participar en la sociedad. Por ello, organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han utilizado el concepto de apartheid de género para describir la segregación institucionalizada que enfrentan mujeres y niñas.
La Ley sobre la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, adoptada en 2024, profundizó este control al establecer nuevas restricciones sobre vestimenta, comportamiento, voz y presencia pública. Las mujeres han sido detenidas o intimidadas por supuestas infracciones relacionadas con el código de vestimenta, mientras las protestas contra estas políticas han sido respondidas con violencia, amenazas y detenciones.
La represión tampoco se limita a las mujeres. Periodistas y defensores de derechos humanos han sufrido censura y arrestos; personas LGBT han enfrentado amenazas y abusos, y antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad han sido víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas. Así, el control social impuesto por los talibanes alcanza a distintos sectores, aunque las mujeres y niñas soportan una forma particularmente sistemática de exclusión.
“Pan, trabajo, libertad” se convirtió en uno de los principales lemas de las mujeres afganas que salieron a las calles para desafiar las prohibiciones. A pesar de las amenazas, los arrestos y la violencia, sus protestas han mantenido visible una resistencia que el régimen intenta silenciar.
Nuevas restricciones y una deuda internacional con Afganistán
El apartheid de género en Afganistán es la construcción progresiva de un sistema que busca reducir a las mujeres a una presencia subordinada y controlada dentro de la sociedad.
El quinto año del régimen tampoco ha significado una reducción de las restricciones. En 2026, nuevas normas jurídicas han profundizado las preocupaciones sobre los derechos de las mujeres. Entre ellas se encuentra el Decreto N.º 18, denominado Código sobre la Separación Judicial de los Cónyuges, cuyas disposiciones han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos por sus implicaciones para los matrimonios infantiles y forzados y por reducir la capacidad de niñas y mujeres para ejercer autonomía dentro de las relaciones familiares.
La situación también ha generado respuestas internacionales en materia de justicia. En julio de 2025, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra dos altos dirigentes talibanes por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. El proceso constituye un reconocimiento de que la discriminación sistemática contra mujeres y niñas puede alcanzar el umbral de los crímenes internacionales.
Sin embargo, la justicia internacional convive con una crisis humanitaria que no puede ignorarse. Millones de afganos necesitan asistencia, mientras los retornos forzados desde países como Pakistán e Irán han aumentado la presión sobre comunidades que ya enfrentan pobreza y falta de servicios. Las mujeres y niñas retornadas se encuentran entre las personas más expuestas a las restricciones del régimen.
Cinco años después de la caída de Kabul, la realidad afgana demuestra que la persecución no ocurre únicamente cuando una mujer es detenida o golpeada. También ocurre cuando una niña pierde el derecho a estudiar, cuando una profesional es expulsada de su empleo, cuando una médica no puede formarse, cuando una mujer necesita autorización masculina para desplazarse o cuando una familia decide el futuro de una niña sin que su voluntad sea reconocida.
El apartheid de género en Afganistán no puede normalizarse ni tratarse como un asunto interno, donde mientras las mujeres sean castigadas por estudiar, trabajar, protestar o decidir sobre sus propias vidas, la comunidad internacional tiene la obligación de exigir consecuencias y actuar.
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