Ayman Sabry, un joven de 21 años, fue arrestado el 19 de julio mientras se dirigía a una barbería en la gobernación de Dakahlia, al noreste de El Cairo. Ocho días después, su cuerpo fue entregado a su familia con visibles signos de tortura, sin que las autoridades egipcias ofrecieran una explicación creíble. La estación de policía de Belqas, donde fue detenido, es ahora epicentro de protestas populares que denuncian una práctica sistemática de brutalidad policial.
La detención arbitraria de Ayman Sabry
Ayman Sabry Abdel Wahab era un estudiante universitario como muchos otros: joven, esperanzado, y con planes que el Estado le arrebató sin razón legal alguna. Fue detenido sin orden judicial, mantenido incomunicado y su familia no fue notidicada de su detención. lo cual viola no solo el derecho internacional, sino también la legislación egipcia vigente.
Durante su cautiverio, según testimonios de su familia y la Red Egipcia de Derechos Humanos (ENHR), Sabry fue sometido a una semana de tortura sistemática que incluyó golpes y descargas eléctricas. La última vez que lo vieron con vida fue cuando colapsó frente a los guardias tras entregarles una lista de medicamentos. No recibió atención médica. Nadie llamó a un médico. Nadie actuó.
“Mi hermano murió de tortura, y los que lo mataron trabajan en la estación de policía de Belqas”, declaró su hermana ante la ENHR. La versión oficial alega un paro cardíaco, pero el cadáver hablaba por sí solo: rostro desfigurado, piel ennegrecida por los golpes y una ausencia total de humanidad en el trato post mortem.
Versión oficial: “fatiga repentina y paro cardíaco”.
En respuesta al creciente escándalo, el Ministerio del Interior de Egipto emitió un comunicado en el que afirmó que Sabry fue detenido legalmente el 21 de julio por decisión de la Fiscalía, bajo sospecha de tráfico de drogas y posesión de armas. Según esta versión, el joven sufrió “un repentino estado de fatiga” en su celda el 26 de julio y fue trasladado a un hospital donde falleció poco después por un «paro cardíáco».
La autoridad policial también informó que otros dos detenidos que compartían celda con Sabry fueron interrogados y “no acusaron a nadie ni sospecharon de acto criminal alguno”. Asimismo, aseguraron que la familia fue notificada “en su momento” y que la Fiscalía ordenó un examen forense antes de autorizar el entierro.
فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية .. فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21الجارى على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ، وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة… pic.twitter.com/zEWEfXB577
— وزارة الداخلية (@moiegy) July 27, 2025
No obstante, la Red Egipcia de Derechos Humanos (ENHR) y múltiples medios independientes contradicen esta versión, basados en testimonios de la familia y signos físicos evidentes de tortura.
“Su cuerpo tenía hematomas, quemaduras y la piel amoratada. No murió por enfermedad, lo mataron a golpes”, denunció su hermana.
Impunidad y colapso institucional en Egipto
El asesinato de Sabry no es una anomalía. Es el reflejo crudo de un sistema de represión que se ha institucionalizado desde el ascenso de Abdel Fattah el-Sisi al poder en 2014. Según el Comité para la Justicia (CFJ), solo en lo que va de 2025 han muerto al menos 15 prisioneros bajo custodia, principalmente por negligencia médica o tortura.
Ahmed Attar, director ejecutivo de ENHR, lo resume con precisión: «La muerte de este estudiante universitario no es ni la primera ni es probable que sea la última… es una consecuencia natural del poder no controlado de las autoridades ejecutivas y de la impunidad sistemática del Estado egipcio.«
Las cifras hablan de un país cuya población carcelaria se disparó a más de 120.000 personas en 2022, el doble de su capacidad oficial. Las prisiones están colapsadas, la infraestructura en ruinas y los derechos humanos, suspendidos.
El silencio internacional y la protesta ciudadana
A pesar de las múltiples denuncias documentadas por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, Egipto sigue siendo aliado estratégico de potencias occidentales. La ayuda militar estadounidense, por ejemplo, continúa fluyendo sin condicionamientos serios sobre derechos humanos.
Sin embargo, la sociedad civil egipcia resiste. Tras la muerte de Ayman Sabry, cientos de personas se congregaron frente al Tribunal de Belqas. Imágenes compartidas en redes sociales muestran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que intentaron contener la indignación popular con más represión.
Para muchos egipcios, Sabry no es solo una víctima, sino un símbolo. Un recordatorio de que cualquiera puede desaparecer, ser torturado o morir bajo custodia sin que haya consecuencias para los perpetradores.
“Salió muerto de la detención. No hay justicia cuando el verdugo viste uniforme”, declaró un manifestante durante la protesta frente al tribunal.
¿Cuántos más deben morir para que el mundo reaccione?
El caso de Ayman Sabry desnuda la maquinaria de violencia y opacidad que opera impunemente en las estructuras del Estado egipcio. Su asesinato no es solo responsabilidad de quienes lo golpearon, sino también de quienes callan, encubren y financian esa brutalidad.
¿Hasta cuándo los gobiernos y organismos internacionales seguirán mirando hacia otro lado? ¿Cuántos Ayman más tendrán que morir para que la comunidad internacional actúe con la seriedad que exige esta crisis de derechos humanos?
Hoy, Egipto no necesita más palabras diplomáticas: necesita justicia, verdad y, sobre todo, responsabilidad internacional.
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