Irán confirmó este sábado 28 de febrero de 2026 que lanzó ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, como represalia por los bombardeos ejecutados horas antes por fuerzas estadounidenses e israelíes en Teherán y otras ciudades iraníes. La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la llamada “Operación Verdadera Promesa 4”, en una jornada que marca una escalada directa y abierta entre actores estatales en el Golfo Pérsico.
De acuerdo con autoridades iraníes, los objetivos incluyeron instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin, así como las bases de Al Udeid en Catar, Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, Al Salem en Kuwait y Muwaffaq Salti en Jordania. Varios gobiernos del Golfo confirmaron intentos de interceptación de proyectiles y el cierre temporal de sus espacios aéreos. Mientras tanto, Israel activó sus sistemas de defensa aérea tras reportar nuevas salvas de misiles desde territorio iraní.
La escalada no solo redefine el tablero militar regional; también coloca nuevamente a la población civil en el centro de una confrontación donde las potencias hablan de “amenazas existenciales” mientras las ciudades activan sirenas y se resguardan en refugios.
Ataque a bases militares estadounidenses
El ataque a bases militares estadounidenses incluyó objetivos de alto valor estratégico. En Baréin, donde opera la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, se reportaron explosiones cerca de instalaciones navales en Jufair y columnas de humo visibles en la capital, Manama. El gobierno bareiní calificó la acción como una violación flagrante de su soberanía.
En Qatar, el Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado misiles dirigidos contra la base de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región. Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa neutralizaron varios proyectiles, aunque confirmó daños materiales en Abu Dabi y la muerte de un ciudadano tras la caída de fragmentos. Kuwait también reportó impactos en las inmediaciones de la base de Al Salem.
La advertencia iraní fue explícita: cualquier instalación regional que respalde a Israel será considerada objetivo militar. Con ello, Teherán traslada el conflicto más allá de sus fronteras y coloca a los países anfitriones de bases estadounidenses en una posición compleja, atrapados entre alianzas estratégicas y la exposición directa a represalias.
Ofensiva previa de Estados Unidos e Israel
Horas antes del contraataque iraní, fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que se trataba de “operaciones de combate” dirigidas a frenar el desarrollo nuclear iraní, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu sostuvo que la acción buscaba neutralizar una amenaza existencial.
En Jerusalén y otras ciudades israelíes se activaron sirenas de alerta aérea tras detectarse múltiples proyectiles lanzados desde Irán. La población fue instruida a permanecer en espacios protegidos y se suspendieron las clases.
No obstante, el uso de la fuerza preventiva bajo el argumento de seguridad nacional reabre el debate sobre la legalidad y la proporcionalidad en el marco del derecho internacional. Las intervenciones militares unilaterales han demostrado históricamente tener efectos imprevisibles y, con frecuencia, desestabilizadores.
Civiles en riesgo y el desafío del derecho internacional
Más allá de los comunicados oficiales, la población civil del Golfo vivió horas de alarma. En Abu Dabi, la caída de restos de misiles causó daños en zonas residenciales y una víctima mortal. En Baréin y Catar, las autoridades recomendaron permanecer en interiores y alejarse de instalaciones militares. Incluso los misiles interceptados representan un riesgo cuando sus fragmentos impactan áreas urbanas.
El cierre temporal de espacios aéreos y la cancelación de vuelos internacionales afectaron la movilidad regional y evidenciaron la magnitud del episodio. Las economías del Golfo, altamente dependientes del comercio y la conectividad aérea, resienten de inmediato cualquier escalada militar.
La confrontación plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad de los Estados en la protección de la población civil. La legítima defensa invocada por todas las partes no exime del cumplimiento del derecho internacional humanitario ni de la obligación de evitar daños indiscriminados.
Las autoridades de cada país no han publicado un balance oficial completo de víctimas ni de daños estructurales, por lo que la magnitud real del impacto sigue siendo incierta. Mientras las potencias intercambian amenazas, la población civil del Golfo vive horas de alerta, cierres aéreos y temor a nuevas represalias.
Nota en desarrollo
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