Casi medio millón de afganos han regresado desde Irán a Afganistán entre el 1 de junio y el 5 de julio de 2025, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), luego de que el gobierno iraní exigiera la salida de miles de afganos. Este retorno masivo ocurre principalmente en la frontera de Islam Qala, en la provincia afgana de Herat, y afecta a miles de personas que enfrentan condiciones críticas tras ser obligadas a dejar el país.
Un retorno que no fue voluntario
Desde principios de junio de 2025, al menos 449,218 afganos han cruzado la frontera desde Irán hacia Afganistán, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta cifra representa solo una parte del total de más de un millón de personas repatriadas en lo que va del año.
Aunque el gobierno iraní ha sostenido que se trata de retornos voluntarios y progresivos, diversos testimonios y reportes de campo indican que muchos migrantes fueron obligados a abandonar el país bajo presión, amenazas o tras haber sido detenidos por no contar con documentos legales. En la práctica, se trata de un proceso de expulsión masiva que vulnera el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho internacional humanitario.
Las condiciones en que se produce este retorno masivo: con temperaturas extremas, rutas peligrosas y sin garantías de reintegración en su país de origen. Esto ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el profundo impacto que este fenómeno tiene sobre una población ya en situación de alta vulnerabilidad.
Contexto geopolítico y estigmatización de la población afgana
La decisión de Teherán de ordenar la salida de los afganos indocumentados antes del 6 de julio se enmarca en un contexto geopolítico tenso. En los últimos meses, Irán ha enfrentado desafíos económicos, presión social interna y conflictos externos, como el reciente enfrentamiento armado con Israel.
Diversos analistas y representantes humanitarios han señalado que, en medio de este panorama, los migrantes afganos han sido convertidos en chivos expiatorios de la crisis interna. El representante de ACNUR en Afganistán, Arafat Jamal, expresó su preocupación por el uso del miedo y la desinformación para justificar estas medidas. “Comprendemos el contexto de tensión, pero los migrantes no deben cargar con culpas que no les corresponden”, afirmó en entrevista.
The situation at the border remains fraught. Afghans from Iran continue to stream in. The UN and Afghans are responding, together. But what happens once these people leave the border? Invest in their future; invest in stability. https://t.co/gkQO2OEEcl
— Arafat Jamal (@jhamal4) July 2, 2025
Muchos de los repatriados narran haber sido objeto de discriminación sistemática, arrestos arbitrarios y comentarios hostiles por parte de funcionarios y ciudadanos iraníes. Las detenciones masivas en varias regiones del país han sido reportadas incluso por medios locales.
El desafío del retorno: un país sin condiciones para recibirlos
Afganistán se encuentra entre los países más afectados por crisis prolongadas. La pobreza estructural, la inseguridad, la falta de empleo y los efectos del cambio climático configuran un escenario extremadamente frágil. El regreso de miles de personas cada semana agrava una situación ya insostenible.
Desde la caída del gobierno afgano en 2021 y el regreso del régimen talibán, la ayuda internacional ha disminuido de manera significativa. Esto ha limitado la capacidad de las agencias humanitarias y del propio Estado para ofrecer asistencia básica a las personas retornadas.
Muchos de los repatriados se encuentran en centros de recepción improvisados, donde esperan durante días para recibir apoyo mínimo. Algunos expresan su intención de migrar nuevamente si no logran condiciones mínimas de subsistencia. “Si no puedo mantener a mi familia aquí, tendré que buscar otra vez un camino hacia Pakistán o Irán”, declaró Ahmad Mohammadi, mientras esperaba ayuda humanitaria en la frontera de Herat.
Llamados de alerta desde organismos internacionales
Tanto la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como la OIM han instado a los países a detener los retornos forzados y a garantizar la protección de las personas afganas en movilidad. En su más reciente informe, ACNUR advirtió que este tipo de medidas puede provocar nuevos desplazamientos inseguros hacia Europa y aumentar la presión sobre otros países vecinos.
Desde el ámbito del derecho internacional, el principio de “no devolución” que prohíbe el retorno de una persona a un lugar donde su vida o libertad estén en riesgo, está siendo comprometido por las políticas migratorias actuales de Irán y Pakistán, que han incrementado sus deportaciones desde 2023.
🚨| #URGENTE: Irán ha deportado a más de 450,000 afganos desde el 1 de junio, según autoridades fronterizas.
— Historiente (@historiente) July 7, 2025
La expulsión masiva agrava la crisis humanitaria en Afganistán, donde miles regresan sin recursos, vivienda ni acceso a servicios básicos.
Una migración forzada que pasa… pic.twitter.com/mkkqrjCCq0
La situación en la frontera entre Irán y Afganistán no puede seguir siendo ignorada por la comunidad internacional. El uso de la migración como herramienta de presión política o como mecanismo de control interno representa una grave amenaza para los derechos fundamentales de millones de personas.
Lo que está en juego no es solo la estabilidad regional, sino también la dignidad y la seguridad de quienes huyen de la guerra, la pobreza y la persecución. El silencio frente a esta crisis humanitaria prolongada solo contribuirá a perpetuar la injusticia. Es momento de priorizar el principio de humanidad y adoptar soluciones sostenibles y éticas frente a los desplazamientos forzados.
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