La explosión en el puerto de Beirut, ocurrida el 4 de agosto de 2020, dejó más de 220 muertos, 6.500 heridos y barrios enteros arrasados. Cinco años después, familiares de las víctimas y ciudadanos libaneses salieron una vez más a las calles de la capital para exigir justicia y rendición de cuentas por una tragedia que sigue impune. A pesar de algunos avances en la investigación judicial, los responsables siguen sin ser juzgados, en un país atrapado por la corrupción, el clientelismo político y la cultura de la impunidad.
Cinco años, cero condenas: la impunidad como norma
El 4 de agosto de 2020, un incendio en un almacén del puerto de Beirut provocó la detonación de más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenadas durante años sin las mínimas condiciones de seguridad, a pesar de múltiples advertencias. La explosión, considerada una de las mayores no nucleares de la historia, fue el resultado directo de la negligencia criminal del Estado libanés.
Desde entonces, la investigación judicial ha sido sistemáticamente obstaculizada. Dos jueces instructores han enfrentado presiones, amenazas y bloqueos institucionales, particularmente por parte de miembros del partido Hezbolá y otros grupos políticos que temen ser implicados. El actual magistrado, Tarek Bitar, ha sido acusado de insubordinación por intentar imputar a figuras de alto rango, lo cual constituye un hecho sin precedentes.
La ausencia de independencia judicial, combinada con la falta de voluntad política, ha convertido el caso en un símbolo de la parálisis del sistema libanés. Como denunció recientemente Human Rights Watch, el camino hacia la justicia “sigue plagado de desafíos políticos y judiciales”.
El dolor que no prescribe: voces desde la marcha
Este 4 de agosto, cientos de personas caminaron en silencio hacia el puerto, cargando fotografías de sus seres queridos fallecidos. Entre los asistentes estaba Shafik Abi Shakra, quien viajó desde Australia por primera vez desde la pandemia. Su testimonio estremeció:
“Mi hermano aún estaba vivo bajo el edificio. Gritó por ayuda durante dos días, pero no tenían cómo sacarlo. Era sordo. Nadie lo escuchó”, relató con la voz quebrada.
Como él, muchos consideran al Estado “100 % responsable” de lo ocurrido, tanto por acción como por omisión. A pesar de los años transcurridos, la mayoría de los familiares mantiene firme su demanda: conocer toda la verdad y ver a los culpables ante la justicia.
En medio de los actos conmemorativos, varios ministros hicieron acto de presencia por primera vez. Aunque algunos lo interpretan como un gesto simbólico de apertura, otros, como William Noun, hermano de una de las víctimas, advierten que “la presencia sin compromiso real con la verdad no basta”.
Una investigación estancada en los escombros del poder
La causa judicial permanece abierta, pero sigue sin avances significativos. En 2023, la investigación fue suspendida durante meses. Solo a inicios de 2025 se reactivó parcialmente, con nuevos interrogatorios y solicitudes de cooperación internacional. Sin embargo, no hay fecha concreta para imputaciones ni juicios.
Organizaciones internacionales y algunas embajadas, como las de Estados Unidos y Reino Unido, han exhortado al gobierno libanés a avanzar con las investigaciones. La coordinadora de la ONU en Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, pidió “acelerar el proceso judicial” y poner fin a la impunidad como paso esencial para la recuperación del país.
Mientras tanto, las familias reclaman la creación de una comisión de investigación internacional, una demanda rechazada sistemáticamente por el Estado libanés. Según Mariana Fodulian, vocera de la Asociación de Víctimas del Puerto, “los responsables creen que están por encima de la ley, pero no lo están. Seguiremos luchando”.
¿Cuánto más se puede esperar la justicia en Beirut?
Cinco años después, Beirut aún sangra. Sus heridas no solo son físicas, sino también institucionales y morales. Cada agosto, la ciudad recuerda con dolor y dignidad a sus muertos, mientras los vivos siguen exigiendo algo tan elemental como la verdad y la justicia.
La persistencia de la impunidad en el caso de la explosión del puerto refleja no solo un fracaso del sistema judicial libanés, sino una complicidad estructural que blinda a las élites corruptas. ¿Cuántos años más tendrán que esperar los familiares de las víctimas? ¿Cuánto más podrá resistir una sociedad que ha sido golpeada, abandonada y silenciada?
El mundo no puede mirar hacia otro lado. Beirut necesita justicia. Y la justicia no puede esperar eternamente.
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