Las órdenes, dirigidas a Hibatullah Akhundzada y Abdul Hakim Haqqani, acusan al régimen talibán de instaurar un sistema de persecución sistemática contra mujeres, niñas y disidencias de género desde 2021.
Contra los talibanes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes, desde La Haya, órdenes de arresto contra Hibatullah Akhundzada, líder supremo del régimen talibán, y Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo afgano, por implementar una política de persecución sistemática contra mujeres, niñas, personas disidentes de género y hombres y hombres que defienden los derechos de las mujeres, desde que retomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021.
Crímenes de lesa humanidad
Esta acción judicial representa un precedente sin igual en el derecho internacional penal: es la primera vez que una corte internacional acusa formalmente a líderes de Estado por usar su poder para perseguir masivamente a mujeres y niñas mediante políticas de género regresivas y punitivas. Según la fiscalía de la CPI, los crímenes documentados incluyen prohibiciones al acceso a la educación, movilidad restringida, violencia sexual institucional, y exclusión total de la vida pública.
Situation en #Afghanistan : La Chambre préliminaire II de la #CPI délivrent des mandats d'arrêt contre Haibatullah Akhundzada et Abdul Hakim Haqqani ⤵️ https://t.co/lo257AhuNs
— CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) July 8, 2025
Pero la acusación va más allá: reconoce también como víctimas a quienes han sido perseguidas por defender los derechos de otras mujeres, a las personas percibidas como aliadas y a las que no encajan en las normas impuestas de identidad o expresión de género.
¿Por qué son crímenes de lesa humanidad? Cargos específicos contra los líderes talibanes
Los actos cometidos por los líderes talibanes son considerados crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, en este caso, mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. El Estatuto de Roma, base jurídica de la CPI, define como crímenes de lesa humanidad delitos cometidos como parte de un plan o política estatal, dirigidos contra grupos específicos.
Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra líderes talibanes
Entre los cargos que enfrentan Akhundzada y Haqqani se encuentran:
Persecución: Privar sistemáticamente a un grupo identificado (mujeres, niñas, personas disidentes de género) de derechos fundamentales por motivos políticos, ideológicos o de género.
Prisión o privación grave de libertad: Arrestos arbitrarios y detenciones ilegales de mujeres activistas, periodistas y defensoras.
Tortura: Violencia física y psicológica ejercida para castigar y someter.
Violencia sexual: Uso de agresiones sexuales como herramienta de control y castigo, documentada contra mujeres y niñas.
Desapariciones forzadas: Secuestro y ocultamiento de personas consideradas opositoras o “enemigas” del régimen.
Asesinato y homicidio: Casos documentados de ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos o de género.
Estos delitos no son incidentales ni aislados; son el resultado de una política deliberada diseñada para mantener el poder mediante la exclusión y el terror hacia sectores vulnerables, especialmente hacia las mujeres.
Un régimen que castiga la pobreza y el activismo
Aunque la opresión afecta a toda la población femenina, las más afectadas son las mujeres rurales, viudas, niñas sin tutores masculinos, periodistas, maestras y activistas que se han atrevido a resistir desde el interior del país.
«Las mujeres en las provincias no solo han sido privadas de educación; han sido condenadas al encierro y al hambre. Sin trabajo ni acceso a ayuda humanitaria, muchas familias están sobreviviendo a base de pan y té», denunció Zarmina Kakar, exparlamentaria de Afganistán y defensora de los derechos de las mujeres, hoy exiliada.
Mujeres afganas protestan contra la decisión de los talibanes de cancelar el regreso de las niñas de secundaria a las aulas, en Kabul, Afganistán, el 26 de marzo de 2022.
Organizaciones como RAWADARI y Afghan Women’s Network han documentado que mujeres que intentaron organizar clases clandestinas o asistir a protestas pacíficas han sido desaparecidas, torturadas o silenciadas mediante amenazas a sus hijos.
«Ser una mujer que alza la voz en Afganistán equivale a una sentencia de muerte», declaró Zahra Joya, periodista afgana fundadora de Rukhshana Media, una redacción compuesta solo por mujeres que documenta los abusos del régimen desde el anonimato o el exilio.
Una ley contra las mujeres afganas
En agosto de 2024, los talibanes promulgaron la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que establece que la voz de una mujer no puede ser escuchada públicamente “salvo en casos de necesidad”. Esta disposición no solo prohíbe que las mujeres canten, enseñen o hablen en público, sino que les impide trabajar, acceder a medios de transporte o incluso ir al médico sin un tutor masculino.
Los talibanes prohíben el acceso de las mujeres afganas al estudio de medicina
Además, los decretos talibanes han borrado completamente la presencia femenina del espacio público: las niñas no pueden asistir a secundaria, las jóvenes tienen vetado el ingreso a la universidad, y las funcionarias han sido despedidas. Estas políticas no son incidentales: son mecanismos de control social diseñados para reducir a la mujer a la invisibilidad absoluta.
«Lo que los talibanes hacen no es cultura, es terrorismo contra las mujeres. El mundo no puede mirar hacia otro lado,» dijo Fawzia Koofi, activista por la paz y exvicepresidenta del Parlamento afgano.
Reacción internacional: ¿condena moral o acción efectiva?
La comunidad internacional reaccionó de forma ambigua. Human Rights Watch celebró la decisión, calificándola como «una advertencia a todos los regímenes que utilizan el género como arma». Sin embargo, la decisión de Rusia de reconocer formalmente al gobierno talibán marca una grieta en la coherencia global.
Rusia reconoce oficialmente al gobierno talibán en Afganistán
«Es una bofetada a las mujeres afganas que algunos gobiernos hablen de derechos humanos mientras abrazan diplomáticamente a los talibanes», escribió en sus redes Shaharzad Akbar, expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
La Asamblea General de la ONU aprobó esta semana una resolución que insta a los talibanes a revocar sus medidas contra mujeres y niñas. Pero sin mecanismos para ejecutar las órdenes de arresto, estas resoluciones corren el riesgo de convertirse en declaraciones simbólicas.
Religión, poder y género: el discurso de los talibanes
El régimen, como era de esperarse, rechazó los cargos. El vocero oficial Zabihullah Mujahid acusó a la CPI de «atacar al Islam» y «odiar la ley Sharía». Esta postura busca ocultar el fondo del problema: no se juzga una religión, sino el uso violento y autoritario del poder religioso para justificar la opresión sistemática.
La libertad religiosa no puede estar por encima de los derechos fundamentales de millones de mujeres. Como han recordado múltiples voces afganas, el Islam no impide que las mujeres estudien, trabajen o participen en la vida pública. Lo que ocurre bajo el régimen talibán es una instrumentalización patriarcal del discurso religioso con fines políticos.
Mujeres afganas esperan ayuda de la Media Luna Roja Afgana en el distrito de Kohsan, provincia de Herat, el 25 de septiembre de 2024. MOHSEN KARIMI / AFP
El mensaje de la CPI es claro: la persecución por motivos de género es un crimen internacional, no una “costumbre local”. Esta decisión abre una puerta jurídica y simbólica para que otras mujeres del mundo puedan exigir justicia cuando sus derechos sean atacados por el simple hecho de ser mujeres.
Como escribió recientemente la activista afgana Huda Khamosh: “Nos han encerrado, pero no nos han silenciado. Cada palabra nuestra es un acto de resistencia, y cada acto de justicia en el mundo nos da fuerza para seguir.”
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