Bangkok, Tailandia, 29 de agosto de 2025 – El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó este viernes a la suspendida Primera Ministra Paetongtarn Shinawatra, tras declararla culpable de mala conducta ética relacionada con su gestión de la reciente disputa fronteriza con Camboya. La medida convierte a Paetongtarn en la quinta primera ministra desde 2008 en ser apartada de su cargo por los jueces tailandeses.
El tribunal, compuesto por nueve magistrados considerados aliados del poder tradicional, argumentó que la política de 39 años había colocado sus intereses personales por encima de los del país, dañando la reputación de Tailandia durante la crisis fronteriza que dejó decenas de muertos y desplazados. La llamada telefónica que motivó el fallo, realizada el 18 de junio con el ex líder camboyano Hun Sen, fue filtrada públicamente y mostró a Paetongtarn criticando a un alto comandante del ejército tailandés mientras elogiaba a Hun Sen.
Un patrón de judicialización de la política
Desde la caída de Thaksin Shinawatra, padre de Paetongtarn, la política tailandesa ha estado marcada por constantes intervenciones judiciales. La judicialización de la política se ha convertido en un mecanismo recurrente para deslegitimar gobiernos que desafían los intereses militares o monárquicos. Entre 2008 y 2025, cinco primeros ministros han sido apartados mediante decisiones judiciales, lo que genera una percepción de inestabilidad y de arbitrariedad institucional que afecta directamente los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
Este patrón debilita la democracia representativa, y también pone en evidencia la tensión entre instituciones estatales y la voluntad popular, dejando en suspenso la estabilidad política del país y el respeto a los derechos humanos en momentos críticos.
La crisis fronteriza con Camboya: ética y seguridad en tensión
La destitución de Paetongtarn ocurre tras una escalada de tensión en la frontera con Camboya, donde enfrentamientos armados dejaron al menos 44 muertos y decenas de miles de desplazados. La conversación filtrada con Hun Sen revela la complejidad de la situación: mientras la primera ministra buscaba prevenir un conflicto mayor, sus críticas a mandos militares fueron interpretadas por el tribunal como una violación del código ético.
Paetongtarn defendió sus acciones ante los medios:
“Mis intenciones eran en beneficio del país, no de mi beneficio personal, sino de la vida de la gente, incluidos civiles y soldados. Todos debemos trabajar juntos para construir la estabilidad política”, afirmó, subrayando el dilema entre ética política, responsabilidad institucional y protección de la población civil.
La destitución no solo la afecta a ella: todo su gabinete también debe abandonar sus cargos, dejando al país sin un liderazgo consolidado en plena crisis humanitaria.
Justicia para los desplazados y víctimas
Más allá de la política, la población directamente afectada por los combates exige justicia y reparación. Familias desplazadas y comunidades fronterizas denuncian la negligencia institucional ante la escalada de violencia y la falta de protección efectiva. Muchos sobrevivientes han perdido hogares, medios de subsistencia y seres queridos, y demandan no solo asistencia humanitaria, sino también responsabilidad política y militar.
Organizaciones de derechos humanos han documentado la precariedad de los desplazados y las muertes que podrían haberse evitado con una respuesta más coordinada del gobierno. La exigencia de justicia se centra en garantizar responsabilidad por la violencia, reparación a las víctimas y políticas que prevengan futuros enfrentamientos. Esta demanda subraya que la estabilidad política no puede lograrse a costa de la vida y la dignidad de la población civil.
La destitución de Paetongtarn Shinawatra abre nuevamente el debate sobre la democracia en Tailandia y el papel del poder judicial en la política. Mientras el país enfrenta un vacío de liderazgo en un contexto de tensión fronteriza, la pregunta que queda es: ¿cómo garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de la población cuando los conflictos políticos y judiciales interfieren en la acción del gobierno? La respuesta exige no solo reformas institucionales, sino un compromiso genuino con la justicia y la vida de las personas por encima de intereses políticos o personales.
