Más de 1,060 personas han muerto en Irán como resultado directo de los ataques israelíes lanzados entre el 13 y el 25 de junio de 2025, según informó Saeed Ohadi, director de la Fundación de Mártires y Veteranos de Irán en una entrevista por televisión estatal. Esta devastadora cifra, que podría superar los 1,100, revela una ofensiva que no solo destruyó infraestructura militar, sino que asesinó a civiles inocentes, estudiantes y personal sanitario. Estas acciones constituyen crímenes de guerra que la comunidad internacional no puede ni debe permitir que queden impunes.
Por su parte, Irán respondió con misiles balísticos y drones contra objetivos fundamentalmente en el centro y norte de Israel que dejaron 28 muertos.
Ataques israelíes en Irán
Desde el inicio de la ofensiva, Israel desplegó una campaña de ataques aéreos y terrestres que, bajo el argumento de “legítima defensa”, destruyeron no solo objetivos militares, sino también hospitales, universidades, medios de comunicación, zonas residenciales y servicios básicos. Esta estrategia viola flagrantemente los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
El principio de distinción, que obliga a las partes en conflicto a diferenciar entre objetivos militares y civiles, fue ignorado deliberadamente. La proporcionalidad, que prohíbe ataques que causen daños excesivos en civiles respecto al beneficio militar, quedó pisoteada por el alto número de víctimas civiles. Expertos en derechos humanos han denunciado que estas acciones constituyen crímenes de guerra, pues ponen en riesgo la vida de personas no combatientes de manera injustificada y sistemática.
La ausencia de investigaciones internacionales sobre estos hechos agrava la situación, al dejar a las víctimas sin acceso a justicia y a sus familiares sin respuestas. Ignorar esta realidad y minimizar la gravedad de los ataques es una forma de violencia estructural que perpetúa el sufrimiento y niega la dignidad de las víctimas.
¿Por qué estos ataques podrían ser crímenes de guerra?
Los bombardeos israelíes sobre Irán deben analizarse no solo como acciones militares, sino como posibles violaciones graves del derecho internacional. No se trata de evaluar únicamente el número de muertos, sino la naturaleza, la intención y las consecuencias de los ataques. La comisión deliberada de actos que causan sufrimiento desproporcionado a la población civil, o que destruyen bienes indispensables para su supervivencia, puede configurar crímenes de guerra.
Durante el conflicto, varios blancos carecían de valor estratégico inmediato o estaban situados en zonas de alta densidad poblacional. La destrucción de hospitales, centros de detención, viviendas y sistemas de agua potable no puede justificarse como una acción legítima si afecta de forma directa a personas que no participan en las hostilidades. En muchos de estos casos, no hay evidencia de que se haya intentado evacuar a civiles o advertirles antes del ataque, lo que agrava la ilegalidad de la operación.
Además, hay indicios de que algunos de los ataques se dirigieron contra personas específicas sin que mediara juicio ni contexto de combate. Este tipo de ejecuciones extrajudiciales, realizadas con tecnología de precisión, constituyen violaciones directas al derecho a la vida y a las garantías mínimas en tiempos de guerra.
Lo que está en juego no es únicamente la legalidad de una operación militar: es el principio de humanidad. Cuando las reglas de la guerra son ignoradas por potencias con capacidad destructiva, y no hay sanción, se sienta un precedente peligroso. Por eso, estas acciones deben investigarse con urgencia por organismos independientes y podrían ser clasificadas, según el Estatuto de Roma, como crímenes de guerra.
Una cárcel convertida en zona de guerra: la masacre de Evin
Durante los bombardeos israelíes sobre Irán entre el 13 y el 25 de junio de 2025, la prisión de Evin, en Teherán, fue impactada por misiles, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos y controvertidos del conflicto. Evin, conocida por albergar tanto presos políticos como comunes, fue alcanzada por lo menos en cuatro puntos distintos. Las consecuencias fueron devastadoras: al menos 71 personas murieron, incluidos reclusos, empleados penitenciarios, civiles de visita y personal médico.
La investigación del Washington Post reveló que uno de los proyectiles impactó el área médica del centro penitenciario, donde se encontraban pacientes bajo tratamiento y reclusos vulnerables. En lugar de atacar un blanco militar legítimo, Israel destruyó un espacio donde estaban confinadas personas desarmadas, muchas de ellas privadas de libertad por razones políticas, lo que constituye una clara violación del derecho internacional humanitario.
El principio de inmunidad de los detenidos en tiempos de conflicto establece que los prisioneros deben ser protegidos contra cualquier forma de violencia, incluso cuando se hallan bajo custodia del Estado enemigo. Atacar una prisión activa sin previo aviso y sin garantizar la evacuación de civiles o reclusos enfermos es un crimen de guerra tipificado por los Convenios de Ginebra.
Sayeh Seydal, testigo en Evin y trasladada luego a cárceles superpobladas, describió su experiencia como una “muerte lenta”, sufrimiento extremo provocado por condiciones inhumanas post-ataque.
Además de los reclusos, el ataque mató a empleados penitenciarios, dos médicos y varias personas que habían acudido en horario de visita familiar. En los días siguientes, las autoridades penitenciarias no lograron identificar todos los cuerpos debido al nivel de destrucción.
Hasta ahora, ni Israel ni ningún organismo internacional ha asumido responsabilidad o ha iniciado una investigación independiente. La prisión de Evin se ha convertido en un símbolo del fracaso de la comunidad internacional para prevenir y castigar crímenes de guerra. Las familias de las víctimas aún esperan respuestas, pero el silencio diplomático solo refuerza la impunidad.
Una comunidad internacional en silencio
A pesar de la magnitud de la tragedia, la respuesta internacional ha sido mínima. Saeed Ohadi, director de la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán en cadena nacional, advirtió que la cifra podría aumentar debido a la gravedad de las heridas de muchos sobrevivientes.
Sin embargo, hasta ahora ningún organismo internacional ha iniciado una investigación formal. Naciones Unidas se limitó a expresar “preocupación” sin tomar medidas concretas, mientras que las principales potencias occidentales han evitado condenas directas contra Israel. Por su parte, Rusia y China han pedido “moderación” a ambas partes, sin pronunciarse sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario.
Irán ha solicitado una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque las posibilidades de que se apruebe una resolución vinculante son remotas. Durante el conflicto, Irán minimizó inicialmente el impacto de los bombardeos israelíes que, durante 12 días, destruyeron defensas aéreas, instalaciones militares y dañaron infraestructura nuclear. Con el alto el fuego en vigor, ha comenzado a reconocer gradualmente la magnitud de los daños, aunque no ha revelado aún el total del material militar perdido.
Según el grupo Human Rights Activists, con sede en Washington ha proporcionado cifras detalladas sobre que 1,190 personas murieron en los ataques, entre ellas 436 civiles y 435 miembros de las fuerzas de seguridad. Además, se reportan 4,475 personas heridas.
A casi un mes del conflicto, nadie ha sido responsabilizado por la muerte de más de mil personas. No hay investigaciones abiertas por crímenes de guerra, ni pronunciamientos contundentes por parte de organismos regionales o multilaterales. En lugar de justicia, lo que impera es el olvido.
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