“Asesino regional de periodistas” es el término con el que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó a Israel tras los ataques aéreos del 10 de septiembre de 2025 en Saná, Yemen, que destruyeron las oficinas de dos periódicos y provocaron la muerte de 31 periodistas yemeníes y trabajadores de medios, además de dejar 22 heridos. Se trata del ataque más mortífero contra la prensa desde la masacre de Maguindanao en Filipinas en 2009.
Los bombardeos redujeron a escombros las instalaciones de los periódicos 26 de Septiembre y Al-Thawra, borrando archivos históricos, imprentas y salas de redacción. Entre las víctimas se encontraba un niño que acompañaba a su padre periodista. Para el CPJ, este ataque evidencia una política sistemática de Israel: etiquetar a los periodistas como “terroristas” o “propagandistas” para justificar su asesinato.
“Desde el 7 de octubre de 2023, Israel se ha convertido en un asesino regional de periodistas, con repetidos incidentes en Gaza, Líbano, Irán y ahora Yemen”, declaró Sara Qudah, directora del Programa Regional del CPJ.
Un crimen contra 31 periodistas yemeníes
El ataque en Saná no fue un hecho aislado. La muerte de 31 periodistas yemeníes representa el segundo ataque más mortífero contra la prensa registrado por el CPJ en toda su historia. El primero fue en 2009, en Filipinas, cuando 32 comunicadores fueron asesinados en Maguindanao.
Nasser Al-Khadri, editor en jefe del 26 de Septiembre, describió la masacre como “un ataque brutal e injustificado contra personas inocentes cuyo único delito fue trabajar en los medios de comunicación”. Según explicó, las redacciones estaban en pleno cierre de edición cuando cayeron los misiles, dejando algunos cuerpos de colegas irreconocibles bajo los escombros.
La pérdida es doble: además de la vida de los 31 periodistas yemeníes, el ataque destruyó archivos históricos que documentaban más de medio siglo de la historia nacional. Una herida cultural y política para un país donde el periodismo ya sufría represión sistemática.
Impunidad y censura: un doble castigo para Yemen
El panorama para los periodistas yemeníes es aún más sombrío debido a la censura impuesta por los hutíes, que controlan Saná desde 2014. Tras los ataques del 10 de septiembre, la Fiscalía General prohibió la publicación de fotos y videos de los sitios bombardeados, reforzando la política de permisos previos para cualquier cobertura.
Yousef Hazeb, director de la Organización Nacional de Reporteros Yemeníes (SADA), advirtió que los comunicadores en Yemen “pagan un precio doble: primero, por los ataques israelíes y, segundo, por la represión local de los hutíes”. Esta doble amenaza coloca a los informadores en una situación de extrema vulnerabilidad, donde la verdad se convierte en un bien casi imposible de transmitir.
La violencia contra la prensa no es nueva en Yemen. Desde 2015, periodistas han sufrido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, bloqueos digitales y juicios sumarios. La falta de justicia ha consolidado un clima de impunidad que ahora se agrava con la intervención militar israelí.
Israel y la criminalización del periodismo
El CPJ clasifica los ataques del 10 de septiembre como asesinatos deliberados de periodistas por su trabajo, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. El ejército israelí justificó los bombardeos alegando que las oficinas destruidas eran “centros de propaganda” de los hutíes. Sin embargo, la protección de los periodistas como civiles está garantizada por las convenciones internacionales, incluso si trabajan en medios estatales o vinculados a actores armados.
Expertos en derecho internacional han advertido que normalizar la acusación de “terrorismo” contra periodistas abre la puerta a una peligrosa tendencia: la criminalización de la labor informativa en zonas de conflicto. El asesinato de 31 periodistas yemeníes no solo representa una tragedia nacional, sino también un ataque frontal contra la libertad de prensa global.
La masacre de 31 periodistas yemeníes en Yemen no puede analizarse como un “daño colateral”, sino como parte de un patrón que convierte al periodismo en objetivo militar. Israel, al justificar sus ataques bajo el pretexto de combatir la “propaganda”, amenaza no solo a la prensa árabe, sino al principio mismo de la libertad de expresión.
Frente a la impunidad, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir justicia y rendición de cuentas. Permitir que la narrativa oficial borre la verdad significa aceptar un futuro en el que decir la realidad se pague con la vida.
¿Hasta cuándo seguirá siendo el periodismo un campo de batalla donde la verdad se silencia con bombas?
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