Israel demolió 40 viviendas palestinas en la aldea de As-Sir, en el desierto del Néguev, el miércoles 17 de septiembre de 2025, provocando enfrentamientos entre residentes y policía. Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra manifestantes palestinos que buscaban defender sus hogares. El legislador palestino-israelí Samir bin Said calificó la acción de “inaceptable”, subrayando que desarraigar a familias constituye una violación de derechos humanos fundamentales.
Desplazamiento histórico de palestinos en Israel
La demolición de casas en As-Sir no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que afecta a las comunidades palestinas beduinas en Israel desde décadas atrás. El gobierno clasifica aproximadamente 40 aldeas del Néguev como “no reconocidas”, argumentando que los habitantes no pueden demostrar la propiedad legal de la tierra. Sin embargo, esta normativa ignora siglos de uso consuetudinario y tradiciones locales que sostienen la titularidad de estas tierras.
Según informes de medios palestinos, desde enero de 2025, más de 1,000 viviendas han sido destruidas y al menos 55 personas han perdido la vida en contextos de desalojos y enfrentamientos. El marco legal israelí, que declara como “Mawat” o tierra muerta los terrenos no cultivados, permite al Estado apropiarse de áreas extensas, dejando a comunidades enteras sin servicios básicos y al borde del desarraigo completo.
Represión y resistencia ciudadana en Néguev
Durante la demolición en Néguev, la policía disparó gases y granadas de sonido, provocando heridos y arrestos entre los manifestantes. La falta de alternativas habitacionales y la destrucción de árboles y estructuras agrícolas dificultan el retorno de las familias a sus tierras. Este escenario evidencia la marginación y criminalización de la protesta entre ciudadanos palestinos de Israel.
Más de 1,6 millones de palestinos viven en Israel, representando cerca del 20 % de la población. La política de “aldeas no reconocidas” los mantiene en un limbo legal, sin acceso a servicios básicos y expuestos a desalojos masivos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas prácticas como violaciones de convenios internacionales, que afectan la dignidad y la seguridad de comunidades históricamente marginadas.
El caso de Néguev cuestiona la relación entre la expansión territorial de Israel y los derechos humanos de sus ciudadanos palestinos. ¿Cómo puede un Estado garantizar seguridad y desarrollo sin despojar a familias de sus hogares ancestrales? Mientras la comunidad internacional observa, las familias palestinas siguen luchando por conservar su tierra y su dignidad, recordando que la justicia no puede esperar.
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