Israel interceptó este miércoles por la noche a la Flotilla Global Sumud, un convoy compuesto por cerca de 50 embarcaciones y 500 activistas internacionales que intentaba llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria. La operación naval se produjo a unas 70 millas náuticas de la costa, en aguas internacionales, y resultó en la detención de figuras reconocidas como Greta Thunberg, la activista climática sueca, y Mandla Mandela, exdiputado y nieto de Nelson Mandela. Entre los participantes también se encontraba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además de legisladores europeos y defensores de derechos humanos.
Las autoridades israelíes confirmaron que los activistas fueron trasladados hacia el puerto de Ashdod y que serán deportados tras la festividad de Yom Kipur. Según testigos, la armada empleó cañones de agua y maniobras de hostigamiento contra embarcaciones como Sirius, Alma y Adara. Organizaciones internacionales y gobiernos como el de Turquía denunciaron la acción como un “acto de terrorismo” y una flagrante violación del derecho internacional.
Flotilla Global Sumud: Una detención arbitraria y una violación del derecho internacional
La acción israelí contraviene principios básicos del derecho marítimo internacional, que solo otorga a los Estados soberanía hasta 12 millas náuticas desde sus costas. Al interceptar a la flotilla en aguas internacionales, Israel incurre en una práctica equiparable a la piratería, como lo denunciaron los organizadores.
Israel justificó la detención porque acusó a algunos participantes de tener vínculos con Hamás, una estrategia recurrente que utiliza para criminalizar y justificar ataques contra civiles y activistas pacíficos, sin presentar pruebas. Los activistas, desarmados y portando únicamente ayuda humanitaria, rechazan rotundamente estas acusaciones infundadas, que sirven como pretexto para violar derechos internacionales y emplear la fuerza contra quienes desafían el bloqueo.
La doble moral de las potencias internacionales
Las reacciones diplomáticas han sido tibias frente a lo que constituye un abuso de poder en alta mar. Turquía condenó la intercepción como un “acto terrorista” y exigió la liberación de sus ciudadanos. España defendió la legitimidad de la flotilla, mientras que Italia pidió moderación y aceptó la inminente deportación de sus nacionales.
La ambigüedad de la Unión Europea y de Estados Unidos revela la contradicción de un sistema internacional que proclama defender los derechos humanos, pero que tolera —cuando no respalda— la política de castigo colectivo israelí contra Gaza. El silencio cómplice permite que Israel actúe con impunidad absoluta, bloqueando la entrada de ayuda y castigando incluso a quienes intentan entregar alimentos y medicinas.
Criminalizar la ayuda: un patrón repetido
La detención de la Flotilla Sumud se suma a una larga lista de ataques contra convoyes humanitarios. En 2010, el asalto al Mavi Marmara dejó 10 activistas muertos. Desde entonces, Israel ha perfeccionado su estrategia: detener, hostigar y deportar rápidamente a quienes desafían el bloqueo, para evitar repercusiones prolongadas en la opinión pública.
La narrativa oficial insiste en que el bloqueo es “necesario para la seguridad”, pero lo cierto es que la población gazatí —en su mayoría niños y mujeres— sufre un asedio que la ONU ha descrito como inviable para la vida humana. Impedir la llegada de medicinas y alimentos no garantiza seguridad: garantiza sufrimiento, hambre y enfermedad.
Activistas españoles y latinoamericanos detenidos ilegalmente
La Flotilla Global Sumud no solo reúne activistas de todo el mundo, sino que también refleja la solidaridad de España y Latinoamérica con Gaza. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, viajaba a bordo del barco Sirius, junto con ciudadanos españoles como Paco Jofra, Alonso Quintero, Reyes Riego Cervilla, Gulcin Bekar, Lucía Muñoz Dalda, Serigne Mbayé Diouf, Juan Bordera y Sofia Bucho, entre otros.
Por Latinoamérica, México aporta nombres como Carlos Pérez Osorio, Arlin Gabriela Medrano Guzmán, Sol González Eguia, Ernesto Ledesma Arronte, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo. De Colombia viajan Manuela Bedoya y Luna Barreto, de Chile, Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas, de Brasil, Thiago Ávila, Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabrielle Tolotti, Mohamad El Kadri, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, Mariana Conti, Nicolas Calabrese, Hassan Massoud, Joao Aguiar, Lucas Gusmão, Luizianne Lins y Miguel de Castro, y de Argentina, Celeste Fierro y Ezequiel Peressini.
La participación de activistas españoles y latinoamericanos evidencia la dimensión global de la solidaridad con Gaza y la voluntad de ciudadanos comunes de desafiar un bloqueo que viola derechos básicos. Sin embargo, la respuesta de Israel busca silenciar la protesta y criminalizar la ayuda internacional, utilizando detenciones arbitrarias como instrumento de intimidación.
Organizaciones de derechos humanos, familiares y ciudadanos en España, Latinoamérica y el resto del mundo han exigido la liberación inmediata de los activistas. La indignación crece ante lo que se percibe como un secuestro encubierto, mientras la mayoría de gobiernos permanecen en silencio, permitiendo que la criminalización de la solidaridad continúe impunemente.
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