Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, según confirmó el propio Trump este jueves, junto con otros mediadores, como Catar, en Sharm el‑Sheij, Egipto. El acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
El plan de paz de Trump y sus implicaciones
El plan de paz de 20 puntos de Donald Trump se presentó como una propuesta integral para «poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza». Según lo descrito por la administración estadounidense, su objetivo es establecer un alto el fuego inmediato, garantizar la liberación de rehenes y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, además de sentar las bases para una eventual reconstrucción de la Franja de Gaza.

Sin embargo, detrás de los anuncios públicos, el plan refleja un enfoque altamente centralizado y supervisado por actores externos. Trump, junto con figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair y otros funcionarios, asumirían un rol de “fideicomisarios” para supervisar la administración palestina, dejando a Gaza bajo una especie de tutela internacional indirecta. La creación de un Estado palestino soberano, mientras tanto, queda pospuesta indefinidamente.
Los críticos advierten que este diseño reproduce estructuras de control histórico sobre los territorios palestinos. En lugar de promover una paz basada en la autodeterminación y los derechos humanos, el plan corre el riesgo de consolidar un modelo de pacificación que prioriza la estabilidad geopolítica sobre la justicia. Como explica un analista de derechos humanos a Aljazeera:
“El plan puede traer un alto el fuego temporal, pero no garantiza justicia, soberanía ni reparación para los palestinos; se corre el riesgo de que Gaza quede bajo un nuevo régimen de supervisión externa.”
En síntesis, el plan de Trump puede interpretarse como un acuerdo de alto el fuego condicionado, que busca reducir la violencia inmediata, pero cuya implementación deja serias dudas sobre la equidad y la protección de los derechos fundamentales de la población palestina.
Reacciones de Israel y Hamás ante el acuerdo
La primera fase del plan de paz de Trump generó reacciones contrastantes entre los principales actores del conflicto. Israel, a través del primer ministro Benjamín Netanyahu, celebró lo que calificó como “un gran día para Israel” y anunció la convocatoria del gabinete para aprobar formalmente el acuerdo y garantizar la liberación de los rehenes. En sus declaraciones públicas, Netanyahu destacó la cooperación con Trump y la importancia de traer a “toda nuestra preciosa gente secuestrada” de regreso a territorio israelí.

Por su parte, Hamás confirmó el acuerdo, pero con un tono cauteloso y crítico. En un comunicado oficial, el grupo insistió en que los mediadores internacionales deben “obligar al gobierno de ocupación [Israel] a implementar plenamente los requisitos del acuerdo” y aseguró que permanecerá “fiel a nuestra promesa y no abandonará los derechos nacionales de nuestro pueblo, incluida la libertad, la independencia y la autodeterminación”. Estas declaraciones reflejan la desconfianza histórica de los palestinos hacia las promesas de Israel y la urgencia de garantizar que cualquier acuerdo se cumpla en la práctica.
Otros mediadores internacionales involucrados
Además de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía jugaron un papel central en las negociaciones. Qatar fue uno de los principales facilitadores, confirmando la firma de la primera fase y destacando la coordinación con mediadores árabes y estadounidenses para garantizar la implementación del alto el fuego. Egipto, sede de las conversaciones en Sharm el-Sheikh, proporcionó un espacio diplomático neutral y histórico para este tipo de acuerdos. Turquía, aunque menos visible en los comunicados oficiales, también formó parte del grupo de países mediadores que respaldaron la negociación y facilitaron la interlocución entre las partes.

La participación de estos países refleja la dimensión internacional del conflicto y la necesidad de un consenso regional, aunque muchos analistas critican que la influencia de actores externos no garantiza la equidad ni la protección de los derechos de la población palestina, sino que puede inclinar la balanza hacia intereses estratégicos y geopolíticos.
La prioridad: detener los ataques y evitar un genocidio en Gaza
Más allá de los acuerdos y los planes de paz, la preocupación humanitaria inmediata sigue siendo crítica. La población palestina ha sufrido semanas de bombardeos, bloqueos y desplazamientos masivos, con miles de víctimas civiles y una infraestructura vital destruida. Para la población de Gaza, lo más urgente es el cese total de los ataques; la necesidad de salvar vidas y garantizar acceso a alimentos, agua, medicinas y refugio seguro.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la continuación de estas ofensivas es un genocidio, dado el número desproporcionado de víctimas y la sistemática destrucción de servicios esenciales. Aunque la diplomacia y los planes de paz son importantes, la prioridad ética y humanitaria debe ser siempre proteger a la población civil, detener los ataques y garantizar la supervivencia y dignidad de quienes habitan Gaza.
La comunidad internacional, los Estados garantes y organismos de derechos humanos deben asegurarse de que este acuerdo no se quede en letra ni en propaganda, sino que se edifique sobre bases de justicia, equidad, reparación y participación real de los palestinos.
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