Japón ejecutó este viernes 27 de junio de 2025 a Takahiro Shiraishi, conocido como el “asesino de Twitter”, en la Casa de Detención de Tokio, tras haber sido condenado a la pena de muerte por el asesinato y desmembramiento de nueve personas contactadas a través de redes sociales, en uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente del país.
El caso Takahiro Shiraishi: Asesinatos conectados por Twitter y manipulación digital
Entre agosto y octubre de 2017, Takahiro Shiraishi contactó a varias personas que expresaban pensamientos suicidas a través de Twitter (hoy conocida como X). Se ofrecía a “ayudarlas a morir”, ganándose su confianza mediante mensajes privados. Ocho mujeres y un hombre, con edades entre 15 y 26 años, fueron atraídos hasta su apartamento en la ciudad de Zama, prefectura de Kanagawa. Una vez allí, Shiraishi las violó, asesinó y luego desmembró sus cuerpos.
Los restos fueron encontrados en cajas térmicas y refrigeradores dentro del domicilio, luego de que el hermano de una de las víctimas reportara su desaparición y accediera a su cuenta de Twitter. Esta pista permitió a la policía rastrear al homicida y descubrir los crímenes. El caso generó un profundo shock en la opinión pública japonesa por la brutalidad de los actos y la forma en la que el asesino se aprovechó de la vulnerabilidad emocional de sus víctimas a través de redes sociales.
Durante el juicio, Shiraishi se declaró culpable y declaró ante el tribunal: “Sí, los maté, no hay duda de eso”. Fue condenado a muerte en 2020, sin mostrar remordimiento.
Pena de muerte en Japón: Opacidad institucional y críticas internacionales
La ejecución de Shiraishi se realizó sin previo aviso público, y ni siquiera el condenado fue informado con anticipación. En Japón, los prisioneros en el corredor de la muerte suelen ser notificados de su ejecución la misma mañana en que serán colgados, lo cual ha sido denunciado como una forma de tortura psicológica prolongada.
Actualmente, más de 100 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Japón, muchas de ellas en aislamiento, y al menos 49 están solicitando nuevos juicios. A pesar de la presión internacional para eliminar esta práctica, Japón sigue defendiendo la pena capital. Según una encuesta del gobierno japonés realizada en 2024, el 83 % de la población considera que la pena de muerte es “inevitable” en casos graves.
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado que este modelo de justicia punitiva carece de transparencia, revictimiza a los condenados y debilita las garantías procesales. Además, han criticado la poca información pública que rodea las ejecuciones y la falta de acompañamiento psicológico.
Las redes sociales y la salud mental
Uno de los aspectos más alarmantes del caso Shiraishi es el papel que jugaron las redes sociales como medio de captación de víctimas. Twitter, plataforma desde la cual el asesino contactó a personas con tendencias suicidas, no contaba con mecanismos eficientes de moderación o intervención ante mensajes de alerta.
Este patrón revela un vacío importante en la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de usuarios vulnerables, especialmente adolescentes y jóvenes que manifiestan pensamientos autodestructivos. Si bien actualmente existen opciones para reportar contenido peligroso, muchas redes aún no cuentan con protocolos sólidos para prevenir situaciones de este tipo.
El caso también ha evidenciado la falta de una estrategia estatal en Japón para prevenir suicidios desde un enfoque digital. Especialistas en salud mental y derechos digitales insisten en la necesidad de fortalecer la vigilancia de contenido y crear canales seguros de ayuda y atención emocional a través de redes sociales.
El caso del “asesino de Twitter” reabre el debate que Japón no quiere enfrentar
El ahorcamiento de Shiraishi no solo cierra uno de los casos más atroces en la historia reciente de Japón, sino que vuelve a abrir una conversación que el gobierno parece evitar: ¿qué lugar ocupa la pena de muerte en una democracia avanzada? ¿Puede una sociedad moderna justificar ejecuciones secretas, con métodos inhumanos, en nombre del orden y la justicia?
Si bien el caso en cuestión representa una tragedia sin precedentes, la respuesta estatal sigue siendo cuestionada. Organizaciones de derechos humanos exigen no solo una revisión del sistema penal, sino también una reflexión ética profunda sobre el uso del castigo extremo, la salud mental en prisión y la desatención de los derechos de los condenados.
El gobierno japonés, al priorizar el castigo sobre la prevención, corre el riesgo de mantener un sistema que no corrige, no repara y no transforma. Solo encierra, aísla y, en silencio, ejecuta.
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