Un tribunal keniano condenó el 19 de octubre de 2026 al predicador y líder de secta, Paul Mackenzie y a otras 28 personas por el asesinato de 190 niños y una persona adulta en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi. La jueza Diana Kavedza Mochache determinó que la fiscalía demostró la responsabilidad penal de las 29 personas acusadas en un sistema organizado de ayuno mortal que operó entre enero de 2021 y septiembre de 2023. El caso, conocido como la masacre de Shakahola, está relacionado con el hallazgo de más de 400 cuerpos en fosas poco profundas desde 2023.
El líder de secta dirigía la iglesia Good News International Church, cuyos mensajes apocalípticos presentaban el ayuno hasta la muerte como una vía para alcanzar el cielo antes del supuesto fin del mundo. Durante el juicio, la defensa sostuvo que las personas habían ayunado voluntariamente; sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento y concluyó que las prácticas se impusieron mediante coerción, privación de alimentos y violencia contra quienes intentaban resistirse.
El caso de Shakahola y la condena por 191 asesinatos
La investigación adquirió relevancia nacional e internacional en abril de 2023, cuando las autoridades comenzaron a exhumar cadáveres en el bosque de Shakahola, cerca de Malindi. Las excavaciones revelaron la magnitud de una tragedia que afectó a familias enteras y obligó a las instituciones kenianas a responder por las condiciones en las que había operado la organización religiosa.
La sentencia del 19 de octubre se refiere a 191 asesinatos, de los cuales 190 corresponden a menores de edad y uno a una persona adulta. Las autoridades han recuperado más de 400 cuerpos en la zona, pero las investigaciones sobre otras muertes continúan. Por tanto, la condena no equivale a una resolución judicial definitiva sobre todas las víctimas encontradas en el bosque.
El proceso judicial incluyó declaraciones de más de 120 testigos de la fiscalía. La resolución determinó que las enseñanzas religiosas y la estructura jerárquica de la organización sirvieron para dirigir y hacer cumplir el ayuno mortal. Mackenzie y sus coacusados habían rechazado los cargos, pero la jueza consideró acreditada su responsabilidad penal por los asesinatos incluidos en el proceso.
Paul Mackenzie impuso el ayuno mortal y castigó la resistencia
El tribunal keniano estableció que los niños fueron sometidos primero a la privación de alimentos. De acuerdo con la resolución, algunos menores quedaron aislados y sin comida mientras sus progenitores observaban lo que ocurría. Los guardias también impedían que las personas abandonaran el lugar o buscaran alimentos, y quienes desobedecían las órdenes podían sufrir agresiones físicas. Estas conclusiones contradicen la defensa de que las muertes fueron consecuencia de decisiones individuales libres.
La jueza Diana Kavedza Mochache rechazó expresamente la versión de que los menores habían participado voluntariamente en los ayunos. La diferencia es fundamental: las niñas y los niños no podían comprender plenamente las consecuencias irreversibles de la privación extrema de alimentos ni ejercer una autonomía real frente a las personas adultas que controlaban sus condiciones de vida.
“Rechazo la defensa de los acusados de que las víctimas, todas menores de 16 años, ayunaron voluntariamente hasta morir”. – La declaración, traducida al español, corresponde al fallo de la jueza Kavedza Mochache, citado por la agencia EFE el 19 de octubre de 2026.
El caso también involucra la negación de derechos esenciales. Según las pruebas examinadas durante el proceso, Paul Mackenzie promovía el rechazo de la educación y de la atención médica moderna, a las que presentaba como incompatibles con sus creencias religiosas. Cuando estas ideas se convierten en órdenes respaldadas por el aislamiento y la violencia, las personas bajo el control de una organización pierden recursos para proteger su integridad, buscar ayuda y abandonar el grupo.
Las mujeres y las niñas bajo el control de la secta
Las consecuencias de Shakahola requieren una lectura que considere las relaciones de género dentro de la organización. Las mujeres kenianas estuvieron expuestas a las mismas condiciones de privación y coerción que otros integrantes, pero las denuncias sobre el control de la vida familiar y reproductiva muestran la necesidad de examinar cómo las autoridades religiosas pueden utilizar su poder para limitar decisiones personales, especialmente cuando las mujeres dependen del grupo para acceder a alimentos, vivienda y redes de apoyo.
Informaciones publicadas durante la investigación judicial recogieron denuncias sobre restricciones a la atención médica durante el embarazo y el parto, así como sobre la violencia contra integrantes que intentaban abandonar el asentamiento. Estas acusaciones deben atribuirse a los testimonios y reportes correspondientes, sin asumir que cada práctica denunciada quedó acreditada en la sentencia por asesinato del 19 de octubre.
La situación de las madres cuyos hijos fueron sometidos a la privación de alimentos. La responsabilidad no puede trasladarse automáticamente a las mujeres que vivían bajo un sistema de obediencia, aislamiento y amenazas. Para establecer responsabilidades individuales, es necesario distinguir entre quienes organizaron y ejecutaron la violencia, quienes la sufrieron y quienes pudieron actuar bajo coacción.
La experiencia de Shakahola obliga, además, a considerar los derechos de las niñas, los niños y las mujeres a la salud, la educación, la integridad física y la libertad. La libertad religiosa protege las creencias y las prácticas de culto, pero no elimina la obligación de prevenir la violencia ni permite justificar la muerte de menores mediante interpretaciones doctrinales.
Las fallas institucionales y las responsabilidades del Estado keniano
La tragedia también plantea preguntas sobre la actuación de las autoridades. Mackenzie ya había llamado la atención de la policía en 2017, cuando se investigaron condiciones relacionadas con menores que vivían en sus instalaciones sin acceso a la educación. Después del cierre de su iglesia en 2019, el predicador trasladó sus actividades al bosque de Shakahola. A pesar de esos antecedentes, la organización continuó operando hasta que las investigaciones de 2023 revelaron la magnitud de las muertes.
Esta secuencia obliga a examinar por qué las intervenciones anteriores no evitaron la expansión del sistema de coerción. La investigación y la condena permiten atribuir responsabilidades penales a las personas procesadas, pero la rendición de cuentas también debe alcanzar las posibles omisiones institucionales, con base en pruebas y procedimientos independientes. Las autoridades deben explicar qué información tenían, qué medidas adoptaron y por qué no consiguieron proteger a las personas expuestas al riesgo.
El caso Shakahola también abrió un debate en Kenia sobre la supervisión de las organizaciones religiosas. Cualquier respuesta estatal debe proteger a la población sin convertir la regulación en una herramienta para perseguir creencias minoritarias o restringir arbitrariamente la libertad de culto. La prioridad debe ser prevenir abusos verificables, proteger a la infancia, garantizar el acceso a servicios básicos y establecer mecanismos de denuncia que funcionen incluso en comunidades aisladas.
Justicia para las víctimas y sobrevivientes
La condena representa un avance judicial para las familias de las víctimas, pero no resuelve por sí sola todas las consecuencias de la masacre. La sentencia por los 191 asesinatos debe distinguirse de las investigaciones que continúan sobre otros cuerpos recuperados en Shakahola. También quedan pendientes las necesidades de identificación de las víctimas, el acompañamiento a las familias y la determinación de responsabilidades en otros posibles delitos.
La siguiente etapa judicial contempla una audiencia para presentar argumentos sobre la pena y la imposición de la sentencia, prevista para el 6 de noviembre de 2026, según los reportes publicados después del fallo. Mackenzie y los otros condenados aún pueden recurrir la decisión por las vías legales correspondientes.
La tragedia de Shakahola no debe reducirse a la actuación de un solo predicador ni utilizarse para estigmatizar a las comunidades religiosas. La investigación debe explicar cómo se consolidó el control sobre las víctimas, qué fallas permitieron que continuara y qué medidas pueden impedir que otras personas queden atrapadas en estructuras semejantes. Defender la libertad religiosa implica también defender la libertad de abandonar una organización, recibir atención médica y proteger a la infancia frente a la violencia.
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