Etiopía vuelve a enfrentar una escalada armada mientras la población civil queda nuevamente expuesta a los efectos de los combates entre las fuerzas regionales y el Ejército federal. Desde el 23 de septiembre de 2026, combatientes vinculados al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y fuerzas gubernamentales se enfrentan en Tigray, Afar y Amhara, mientras la toma de varios aeropuertos, la suspensión de vuelos y las interrupciones de las comunicaciones aumentan el temor entre las comunidades afectadas, todavía marcadas por la devastadora guerra de 2020-2022.
La nueva ofensiva ocurre casi cuatro años después del acuerdo de paz de Pretoria, que puso fin a las principales hostilidades de aquella guerra. Sin embargo, las disputas políticas y territoriales permanecieron sin resolverse y las acusaciones entre el Gobierno federal y las autoridades de Tigray se intensificaron durante los últimos meses. La nueva escalada vuelve a colocar a la población civil en medio de una confrontación cuyos efectos ya provocaron desplazamientos, inseguridad alimentaria, destrucción de infraestructura y graves restricciones al acceso humanitario.
Tigray revive las consecuencias de una guerra devastadora
La guerra de Tigray comenzó en noviembre de 2020, después de una escalada de tensiones entre el Gobierno del primer ministro Abiy Ahmed y el TPLF, organización que durante décadas tuvo una posición central en la política etíope. El conflicto involucró a fuerzas federales, combatientes de Tigray, tropas de Eritrea y fuerzas regionales, y dejó cientos de miles de personas muertas, además de millones de personas afectadas por desplazamientos, hambre y destrucción de infraestructura.
El Acuerdo de Pretoria, firmado en noviembre de 2022 bajo mediación de la Unión Africana, permitió detener las principales operaciones militares y estableció compromisos para el desarme, la restauración de servicios y un proceso de justicia transicional. No obstante, continuaron pendientes cuestiones como los territorios disputados, el retorno de personas desplazadas y la aplicación de los acuerdos de seguridad.
La población tampoco quedó protegida de nuevas vulneraciones durante el periodo de relativa calma. En julio, Human Rights Watch denunció que autoridades de Tigray habían reclutado por la fuerza a civiles, incluidos menores de hasta 15 años. En agosto, la organización documentó además un ataque aéreo en Mekelle que hirió a 13 civiles, entre ellos siete niñas y niños, y pidió investigarlo como un posible crimen de guerra.
Los nuevos combates vuelven a afectar la vida cotidiana
La escalada actual se extendió rápidamente por el norte del país. Las fuerzas de Tigray tomaron el control de los aeropuertos de Mekelle, Axum y Shire, mientras se registraron enfrentamientos en Tigray, Afar y Amhara. Ethiopian Airlines suspendió sus vuelos hacia la región y, posteriormente, las redes de internet y telefonía sufrieron interrupciones en Tigray.
Estas interrupciones han provocado temor a que vuelva a repetirse el aislamiento que sufrió Tigray durante la guerra anterior. La región quedó entonces prácticamente incomunicada y con severas restricciones para la entrada de alimentos y asistencia humanitaria. Ahora, habitantes de algunas ciudades han comenzado a abastecerse y retirar dinero ante la posibilidad de que los combates se prolonguen.
“La supervivencia diaria se ha convertido en un cálculo constante.”
—Testimonio de una persona residente en Adigrat citado por Reuters, septiembre de 2026.
La preocupación alcanza también a quienes viven fuera de Tigray. Los enfrentamientos en Afar y Amhara exponen a otras comunidades a desplazamientos, interrupciones de servicios y nuevos riesgos de violencia, mientras la expansión territorial de los combates dificulta la respuesta humanitaria.
Una alianza armada aumenta el riesgo para la población
La escalada militar se produjo pocos días después de que el TPLF y otros seis grupos armados anunciaran una alianza para intentar desplazar al Gobierno de Abiy Ahmed y establecer una administración de transición. La coalición reúne organizaciones de distintas regiones, entre ellas fuerzas de Amhara, Oromia, Afar y Benishangul-Gumuz, además del TPLF.
Algunos de estos grupos fueron adversarios durante la guerra de 2020-2022, pero ahora coinciden en su oposición al Gobierno federal. La alianza introduce un nuevo factor de incertidumbre en un país donde diferentes organizaciones armadas mantienen disputas políticas y territoriales. El Gobierno etíope ha acusado a Eritrea de apoyar a integrantes de la coalición, una acusación que Asmara niega.
El riesgo tampoco se limita a las fronteras etíopes. Las tensiones entre Etiopía y Eritrea, la guerra en Sudán y las disputas regionales por el acceso al mar Rojo convierten cualquier nueva escalada en un asunto que puede repercutir en todo el Cuerno de África.
Proteger a la población debe ser una prioridad
Naciones Unidas expresó su preocupación por el deterioro de la situación y pidió a todas las partes ejercer máxima contención, reducir inmediatamente las tensiones, proteger a la población civil y garantizar un acceso humanitario seguro y sin obstáculos. También respaldó los esfuerzos de la Unión Africana para reactivar las conversaciones bajo el marco del Acuerdo de Pretoria.
Human Rights Watch advirtió igualmente que la reanudación de las hostilidades aumenta el riesgo de nuevos abusos debido al historial de violaciones cometidas por las partes durante la guerra anterior y a la falta de rendición de cuentas. La organización reclamó medidas para proteger tanto a la población como a la infraestructura civil.
Estas condiciones han comenzado a generar preocupación entre la población de Tigray, donde el temor a una nueva escalada se suma a la escasez y al aumento de los precios. Habitantes de la región han señalado que algunas personas comenzaron a abastecerse de alimentos ante las amenazas y la incertidumbre, mientras quienes ya contaban con reservas también enfrentan dificultades para encontrar productos.
“Debido a la escasez, el mercado no es estable. El miedo y las amenazas han hecho que quienes no tenían reservas ahora quieran abastecerse.”
—Testimonio de un residente de Tigray, septiembre de 2026 a reuters.
El derecho internacional humanitario obliga a todas las partes a distinguir entre objetivos militares y población civil, así como a tomar precauciones para evitar daños a personas e infraestructura protegida. La responsabilidad de cumplir estas normas no desaparece durante una ofensiva ni puede quedar subordinada a las acusaciones entre los bandos.
El nuevo estallido demuestra que el fin de una guerra no garantiza por sí mismo una paz duradera. Mientras permanezcan abiertas las disputas territoriales y políticas y continúen los abusos sin mecanismos efectivos de justicia, quienes vuelven a quedar atrapados son las personas que no deciden sobre las operaciones militares, pero soportan sus consecuencias.
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