Mujeres médicas y enfermeras en Melbourne denunciaron la violencia digital que enfrentan tras conocerse que el cirujano en prácticas Ryan Cho, de 28 años, fue liberado bajo fianza el pasado viernes, pese a estar acusado de grabar en secreto alrededor de 4,500 vídeos íntimos en los baños de tres hospitales australianos entre 2021 y 2023.
El hallazgo ocurrió en julio, cuando personal del Hospital Austin descubrió un teléfono oculto en los sanitarios del personal. La investigación reveló que Cho también había grabado en el Centro Oncológico Peter MacCallum y en el Hospital Real de Melbourne. Pese a los más de 500 cargos que enfrenta, el juez James Elliott autorizó su libertad condicional, tras el pago de una fianza de 50,000 dólares australianos y la entrega de su pasaporte.
La violencia digital cruza fronteras y géneros
Las trabajadoras de la salud afectadas han expresado que este delito forma parte de una violencia estructural que minimiza el derecho de las mujeres a espacios seguros, incluso en ámbitos laborales donde se espera respeto y profesionalismo.
“Es una traición profunda a nuestra confianza, a nuestra dignidad como mujeres y como profesionales. Lo que ocurrió en nuestros hospitales es una forma de violencia sexual digital que no puede quedar impune”, declaró una médica del Hospital Real de Melbourne bajo anonimato a AP.
El caso se enmarca en un fenómeno global: desde Corea del Sur hasta España, los delitos de “grabación de imágenes íntimas sin consentimiento” se han multiplicado. Naciones Unidas ha advertido que la violencia digital de género es una de las nuevas formas de control y sometimiento contra las mujeres, invisibilizada muchas veces por la justicia y naturalizada por las estructuras de poder.
Justicia patriarcal y revictimización
El juez James Elliott dictaminó que el médico residente fuera puesto en libertad con la condición de que viviera con sus padres, quienes se mudaron de Singapur a Melbourne anticipando que el mes de su hijo en prisión terminara. Sus padres debieron depositar una fianza de 50.000 dólares australianos (32.000 dólares estadounidenses). El juez señaló que Cho había entregado su pasaporte de Singapur y no tenía conexiones criminales que lo ayudaran a salir de Australia.
La liberación de Cho bajo fianza ha despertado fuertes críticas. Organizaciones feministas en Australia señalaron que el fallo reproduce patrones de impunidad que priorizan la “presunción de inocencia” del acusado por encima de la seguridad de cientos de mujeres trabajadoras de la salud.
Según datos de Our Watch, una ONG australiana que trabaja en la prevención de la violencia de género, al menos el 30% de las mujeres en el país han experimentado alguna forma de acoso digital o grabación no consentida. Sin embargo, menos de la mitad de los casos llegan a tribunales, y solo una fracción concluye con condenas efectivas.
El hecho de que se trate de un médico en formación expone también una contradicción: quienes deberían velar por la vida y la salud, han usado su posición para violentar la intimidad y la dignidad de colegas.
Lo ocurrido en Melbourne resuena más allá de Australia. Mujeres en todo el mundo enfrentan una misma raíz de violencia: el control de sus cuerpos y su libertad. Ya sea mediante la imposición de normas de vestimenta, la censura de sus voces en el espacio público o la intromisión digital en sus vidas privadas, la violencia patriarcal se reproduce con distintos rostros y tecnologías.
El caso de Ryan Cho recuerda que la violencia contra las mujeres no conoce fronteras, pero tampoco la resistencia. Frente a un sistema judicial que vuelve a dar la espalda a las víctimas, las médicas y enfermeras australianas han elegido alzar la voz, no solo por sí mismas, sino por todas las que han sido vulneradas en silencio.
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