Madagascar juró este viernes al coronel Michael Randrianirina como presidente interino, apenas tres días después de que las fuerzas armadas tomaran el poder en un golpe militar que derrocó al mandatario Andry Rajoelina, obligado a huir al exilio. El acto tuvo lugar en la sede del Tribunal Constitucional Superior de Antananarivo, donde el nuevo líder prometió “romper con las prácticas dañinas del pasado” y pidió unidad nacional. Sin embargo, detrás del discurso de reconciliación se esconde una historia de descontento social, represión y una peligrosa deriva autoritaria que amenaza los derechos humanos en la isla más grande del océano Índico.
Un país exhausto entre apagones, pobreza y represión
Durante tres semanas, jóvenes malgaches encabezaron protestas en las calles de Antananarivo, inicialmente motivadas por los constantes cortes de agua y electricidad, pero que pronto se transformaron en una denuncia abierta contra la corrupción, el desempleo y la desigualdad. La represión dejó al menos 22 muertos, según Naciones Unidas, y decenas de heridos.
Madagascar es un país marcado por la pobreza estructural: el 75% de su población vive con menos de dos dólares al día, de acuerdo con el Banco Mundial. Las promesas de Rajoelina, quien llegó al poder tras un golpe similar en 2009, se diluyeron entre el nepotismo y la concentración de poder, lo que alimentó una frustración intergeneracional.
“El presidente anterior no escuchó a los jóvenes, y este es el resultado”, declaró Emmanuel Rabemanantsoa, uno de los manifestantes de la llamada Generación Z malgache. Su testimonio refleja el hartazgo de una juventud sin oportunidades, pero también el riesgo de que su movimiento sea instrumentalizado por intereses militares.
De rebelión popular a gobierno militar de Michel Randrianirina
La rápida consolidación de Randrianirina, un coronel de 51 años y antiguo comandante de la unidad de élite CAPSAT, plantea serias dudas sobre las motivaciones detrás del levantamiento. Aunque muchos ciudadanos celebraron la caída del presidente, organizaciones internacionales han advertido que un golpe de Estado nunca puede justificar la suspensión del orden constitucional.
La ONU, la Unión Africana y la Unión Europea condenaron la toma del poder. António Guterres, secretario general de la ONU, pidió “el restablecimiento inmediato del orden democrático y del Estado de derecho”. Sin embargo, hasta ahora no se han impuesto sanciones concretas ni se ha establecido una hoja de ruta clara hacia elecciones libres.
Randrianirina anunció que gobernará junto a un Consejo Militar durante entre 18 meses y dos años, prometiendo luego comicios “transparentes”. En la práctica, esto implica la suspensión temporal de los derechos políticos y un control absoluto del aparato estatal por parte del ejército, lo que podría prolongar la inestabilidad en lugar de resolverla.
La herida cíclica de la inestabilidad
Desde su independencia de Francia en 1960, Madagascar ha experimentado múltiples golpes de Estado y transiciones truncas. La historia reciente revela un patrón de crisis en el que las promesas de “renovación” terminan consolidando nuevas élites militares o tecnocráticas.
El propio Randrianirina fue encarcelado en 2023 por un intento de motín. Paradójicamente, ese antecedente lo convirtió en símbolo de rebeldía frente a un gobierno percibido como distante y autoritario. Su ascenso fue posible gracias a un ejército dividido y una población cansada de promesas incumplidas.
Madagascar, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y su producción de vainilla, vuelve a ser rehén de su fragilidad institucional. Las calles de Antananarivo, donde hace apenas días sonaban tambores de protesta, ahora se llenan de vehículos blindados y soldados aclamados por algunos, temidos por otros.
Entre la esperanza y la desconfianza
El nuevo gobierno militar busca legitimarse apelando a la “voluntad popular”, pero los analistas advierten que sin un diálogo nacional real y sin garantías de derechos civiles, el país podría repetir los errores del pasado.
La falta de reacción contundente de potencias como Francia —antiguo poder colonial con fuertes intereses económicos en la isla— ha generado críticas entre organizaciones humanitarias que denuncian un silencio cómplice ante el retroceso democrático.
El mensaje de Randrianirina, que insiste en la unidad, contrasta con la incertidumbre de un pueblo que teme nuevos abusos. “Hoy marca un punto de inflexión para nuestra nación”, dijo durante su juramentación. Pero la pregunta que resuena en las calles es otra: ¿será este punto de inflexión una oportunidad para la justicia social o el inicio de otra dictadura?.
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