Siria celebró este domingo (12.06.26) en Damasco la primera sesión de la nueva Asamblea Popular desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, un acontecimiento que marca el inicio del proceso legislativo de transición impulsado por el presidente interino Ahmed al Sharaa. La instalación del parlamento sirio, conformado por 210 integrantes y con un mandato provisional de 30 meses, representa uno de los pasos institucionales más relevantes desde la caída del régimen a finales de 2024, aunque persisten profundas dudas sobre la representatividad, la justicia transicional y la reconstrucción democrática del país tras más de una década de guerra.
La sesión inaugural estuvo acompañada de un discurso en el que Al Sharaa llamó a los legisladores a convertirse en «la voz del pueblo» y a trabajar por la consolidación del Estado, la recuperación económica y la reconstrucción nacional. Posteriormente, los parlamentarios eligieron como presidente de la cámara a Abdul Hamid al-Awak, exjuez originario de Hasaké que abandonó el aparato estatal durante los primeros meses del levantamiento contra Assad.
Sin embargo, más allá del simbolismo político, la apertura del Parlamento ocurre en un país profundamente fragmentado, donde millones de personas continúan desplazadas, numerosas comunidades siguen reclamando verdad y justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas y algunas regiones, como Al Sueida, rechazan reconocer a las autoridades de transición.
Una transición marcada por el peso de décadas de autoritarismo
El nuevo parlamento sirio pretende sustituir el modelo parlamentario que durante décadas funcionó bajo el control absoluto de la familia Assad. Desde que Hafez al-Assad tomó el poder en 1970 y posteriormente su hijo Bashar heredó la presidencia en 2000, Siria estuvo gobernada mediante un sistema altamente centralizado, caracterizado por la concentración del poder, la persecución de la oposición política y severas restricciones a las libertades civiles.
El estallido de las protestas de 2011, inspiradas por las movilizaciones de la Primavera Árabe, desencadenó una respuesta represiva que derivó en uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI. La guerra dejó cerca de medio millón de personas fallecidas, millones de desplazadas dentro y fuera del país y un amplio registro de crímenes documentados por organismos internacionales, incluyendo desapariciones forzadas, torturas, ataques contra población civil y uso indiscriminado de la fuerza.
En ese contexto, la instalación del nuevo parlamento sirio busca proyectar una imagen de normalización institucional. No obstante, la legitimidad de este órgano dependerá no únicamente de su funcionamiento legislativo, sino también de su capacidad para romper con las prácticas autoritarias que caracterizaron al régimen anterior y garantizar la participación efectiva de una sociedad profundamente golpeada por el conflicto.
Representación política y desafíos para construir un Estado inclusivo
La Asamblea Popular quedó integrada por 210 escaños. De ellos, 140 fueron elegidos mediante un sistema de colegios electorales durante 2025, mientras que los 70 restantes fueron designados directamente por decreto presidencial. Esta composición ha generado interrogantes entre diversos analistas sobre el grado de independencia que podrá ejercer el nuevo poder legislativo frente al Ejecutivo.
Aunque el parlamento sirio tendrá facultades para aprobar leyes, ratificar tratados internacionales y autorizar el presupuesto nacional mientras se redacta una nueva Constitución, la presencia de miembros designados por el propio presidente interino refleja que la transición política aún mantiene importantes elementos de control institucional.
A ello se suma la ausencia de representación de la provincia de Al Sueida. Las autoridades locales decidieron no participar en la nueva Cámara debido a las tensiones existentes con Damasco tras los episodios de violencia sectaria registrados este año. Esta exclusión evidencia que el consenso nacional continúa siendo uno de los mayores desafíos para la reconstrucción política siria.
La estabilidad institucional difícilmente podrá consolidarse mientras importantes sectores territoriales, religiosos y étnicos permanezcan alejados de los espacios de representación política o desconfíen de las nuevas autoridades.
Un parlamento sirio que será observado por su capacidad de transformar el país
La primera sesión del nuevo parlamento sirio representa un momento de enorme carga simbólica para Siria. Después de años de guerra, destrucción y autoritarismo, la posibilidad de construir nuevas instituciones abre una ventana de esperanza para millones de personas que aspiran a vivir bajo un Estado basado en el respeto de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la historia demuestra que la democracia no se consolida únicamente mediante la creación de órganos legislativos. Requiere transparencia, pluralismo, participación ciudadana y mecanismos eficaces para garantizar justicia a quienes sufrieron graves violaciones de derechos humanos.
Durante años, organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos que afectaron a millones de familias. La caída del régimen de Bashar al Assad abrió una oportunidad histórica para impulsar mecanismos de verdad, justicia y reparación que permitan enfrentar ese legado de violencia.
Sin procesos creíbles de rendición de cuentas, el riesgo de reproducir estructuras de impunidad permanece vigente. La consolidación de instituciones democráticas requiere garantizar la independencia judicial, proteger la libertad de expresión, respetar los derechos de las minorías y asegurar una participación política amplia, incluidas mujeres, personas desplazadas y comunidades históricamente marginadas.
Asimismo, la futura Constitución deberá establecer garantías efectivas para impedir que el país vuelva a concentrar el poder en una sola figura política, uno de los factores que durante décadas debilitó las instituciones y facilitó las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
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