Hay una frase que se repite en los testimonios de las mujeres afganas que viven bajo el régimen talibán. La escribió Fariba, una joven de dieciséis años, antes de quitarse la vida después de años de ver cómo le negaban su derecho a estudiar. Decía que era demasiado difícil ser una niña en Afganistán. Su nota no fue una despedida, sino una denuncia.
En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hablar de las niñas, adolescentes y mujeres afganas obliga a mirar una crisis de salud mental que no puede separarse de las condiciones en las que viven desde el regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2021. Aunque el suicidio responde a múltiples factores y cada caso tiene una historia propia, los datos disponibles muestran un deterioro preocupante de la salud mental de las mujeres afganas. Una de las particularidades más desgarradoras es que Afganistán es uno de los pocos países del mundo donde las mujeres que se quitan la vida tienen tasas más altas que los hombres.
Las restricciones sobre la educación, la movilidad, el empleo, la participación social y el acceso a servicios, son parte de un apartheid de género en el país, donde el régimen ha reducido progresivamente las posibilidades de pedir ayuda, mantener redes de apoyo y construir un futuro con autonomía.
Hablar del suicidio en Afganistán exige, por tanto, evitar una lectura exclusivamente individualista. Una mujer que vive bajo distintos tipo de violencia, aislamiento, pobreza, falta de autonomía y ausencia de mecanismos efectivos de protección no puede ser analizada como si su sufrimiento existiera al margen de las estructuras sociales y políticas que lo condicionan.
Esto no significa atribuir cada muerte o intento de suicidio a una única causa. Las experiencias relacionadas con la salud mental son complejas y están atravesadas por factores personales, familiares, sociales y económicos. Sin embargo, sí implica reconocer que las condiciones políticas y las restricciones sistemáticas de derechos pueden deteriorar profundamente el bienestar psicológico y limitar las posibilidades de construir una vida digna.
Los datos disponibles sobre el suicidio en Afganistán son incompletos, pero resultan suficientemente preocupantes como para dimensionar la gravedad de la situación. En 2025, cerca del 75 por ciento de las mujeres consultadas por ONU Mujeres describió su salud mental como mala o muy mala. Además, más de una de cada tres afirmó sentirse insegura al salir sola de casa y, en 2026, un informe señaló que cada vez menos mujeres salían de casa, haciéndolo únicamente una vez por semana. Aunque el estigma y las restricciones dificultan registrar la magnitud real del suicidio, estos indicadores permiten observar el deterioro de las condiciones emocionales y sociales en las que viven muchas mujeres afganas.
Una generación encerrada
En agosto de 2026, UNICEF informó que más de 2,6 millones de niñas afganas han sido privadas de la educación secundaria desde el regreso de los talibanes al poder. Afganistán continúa siendo el único país del mundo donde las niñas y las mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y superior. Esta cifra representa mucho más que el cierre de escuelas, ya que las niñas son obligadas a permanecer cada vez más tiempo en casa. Detrás de cada niña excluida existe un proyecto de vida interrumpido y años en los que debería poder aprender, desarrollar capacidades, hacer amistades, imaginar una profesión y decidir qué clase de adulta quiere ser.
La eliminación de espacios, el confinamiento y la pérdida de oportunidades pueden dejar a las niñas más expuestas a distintas formas de violencia. Permanecer fuera de las aulas aumenta los riesgos de trabajo infantil, matrimonio temprano, abuso y violencia, según ha advertido UNICEF. Esto reduce las posibilidades de independencia y dificulta que las adolescentes desarrollen las herramientas necesarias para construir un futuro elegido por ellas mismas. Además, las restricciones relacionadas con la obligación de estar acompañadas por un hombre de la familia (mahram) limitan aún más su autonomía, al quedar muchas de sus decisiones y desplazamientos sujetos a lo que los hombres de su familia determinen.
Estas condiciones muestran que la salud mental depende también de circunstancias concretas de vida. Contar con ingresos, acceder a atención médica, disponer de espacios de interacción social y tener capacidad para tomar decisiones sobre el propio futuro son elementos que pueden influir en el bienestar de una persona.
Cuando esas posibilidades desaparecen de manera progresiva, el deterioro psicológico no puede considerarse ajeno a las decisiones políticas que condicionan su vida cotidiana. Una adolescente que soñaba con ser médica, maestra, periodista o ingeniera no pierde únicamente la posibilidad de asistir a clases. También pierde parte de las condiciones necesarias para desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida propio.
La desesperanza también se construye
Una de las consecuencias más profundas de esta situación aparece cuando las mujeres dejan de encontrar posibilidades concretas para imaginar su futuro. Para una adolescente que tenía una vida y expectativas antes del regreso de los talibanes al poder, perder el acceso a la escuela significó un fuerte impacto y la necesidad de resistirse a normalizar una situación en la que sus derechos son constantemente restringidos. A lo largo de estos años, el régimen se ha empeñado en fortalecer el apartheid de género. Para muchas adolescentes, perder la escuela significa también perder amistades, rutinas, oportunidades de aprendizaje y una vía para acceder posteriormente a la universidad o al empleo.
Cuando esta exclusión se prolonga durante años, la frustración puede transformarse en aislamiento, ansiedad, depresión y desesperanza. La falta de oportunidades no provoca por sí sola una respuesta psicológica determinada, pero puede agravar situaciones de vulnerabilidad y reducir las herramientas disponibles para afrontarlas.
La pobreza intensifica estas dificultades. Una mujer que depende económicamente de otras personas puede tener menos posibilidades de abandonar un entorno violento, pagar atención médica o buscar apoyo por cuenta propia. A esto se suman las consecuencias de décadas de conflicto, el desplazamiento, la violencia dentro de los hogares y la falta de servicios especializados. Estos factores pueden coincidir y aumentar la vulnerabilidad psicológica, sin que exista una única explicación para cada caso.
Por eso, resulta peligroso presentar el suicidio de una mujer afgana como una decisión aislada de las circunstancias que la rodean. No podemos saber qué llevó a cada persona a una crisis determinada sin conocer su historia, pero sí podemos observar que millones de mujeres viven bajo condiciones que restringen sistemáticamente sus posibilidades de estudiar, trabajar, desplazarse, relacionarse y acceder a servicios de salud mental.
La desesperanza no aparece únicamente como un estado emocional individual. También puede crecer cuando se cierran espacios de cuidado e investigación sobre la salud de las mujeres, como ocurrió con la eliminación del Ministerio de la Mujer. Durante años, se han cerrado una tras otra las puertas que permiten a las mujeres imaginar y construir una vida diferente.
Cuando pedir ayuda también se vuelve difícil
La prevención del suicidio requiere que una persona pueda encontrar atención, acompañamiento y protección cuando atraviesa una crisis. Sin embargo, las adolescentes y mujeres afganas enfrentan obstáculos que pueden impedirles incluso dar el primer paso para buscar ayuda.
Las restricciones de movilidad pueden dificultar que acudan solas a un hospital o centro de atención, ya que en muchos casos necesitan la compañía de un hombre (mahram). A esto se suma la escasez de profesionales mujeres, agravada por las prohibiciones educativas y laborales impuestas por las autoridades talibanas. Incluso cuando una mujer busca apoyo, sus necesidades pueden ser minimizadas o ignoradas dentro de un sistema de normas y decretos que restringe sus derechos y limita su acceso a servicios esenciales.
La violencia también constituye un factor de vulnerabilidad. Una mujer que enfrenta agresiones dentro de su hogar necesita poder denunciar, recibir protección y acceder a servicios especializados. Sin embargo, en Afganistán se han debilitado las estructuras destinadas a atender la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres ha documentado el deterioro de los servicios disponibles para las sobrevivientes de violencia de género, lo que incrementa los riesgos para quienes ya enfrentan aislamiento y dependencia económica dentro de sus viviendas.
En estas circunstancias, buscar ayuda psicológica puede convertirse en un proceso lleno de barreras. No basta con que un servicio exista; es necesario que las mujeres puedan acceder a él, hablar con profesionales capacitados y contar con protección después de solicitar asistencia.
Cuando una muerte puede quedar reducida a un número
Las dificultades no terminan con el acceso a la atención. También existen obstáculos para identificar, documentar e investigar adecuadamente las muertes de mujeres. Aunque los talibanes han reconocido públicamente algunos casos de suicidio, las autoridades suelen presentarlos como hechos aislados y utilizarlos para minimizar o negar la existencia de violencia contra las mujeres. Esto evidencia las limitaciones de un sistema que carece de mecanismos independientes y eficaces para investigar estos casos. La falta de investigaciones independientes dificulta conocer las circunstancias que rodean cada muerte y determinar si existen factores de violencia, abuso o coerción que hayan influido en ella.
Una investigación de medios afganos reciente documentó más de 230 muertes violentas de mujeres en 10 provincias y encontró que 53 fueron registradas oficialmente como suicidios, incluso cuando existían antecedentes o indicios de violencia. Un ejemplo de cómo el régimen talibán puede utilizar estas clasificaciones para minimiza casos de violencia es el de Freshta Emady, trabajadora del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tras su muerte en Kabul, en mayo de 2026, las autoridades talibanas señalaron de inmediato el suicidio como la causa, a pesar de que Freshta había presentado denuncias previamente y de que familiares y personas cercanas habían reportado antecedentes de violencia de género ejercida por su esposo y por familiares de este.
Cuando este tipo de casos se cierra rápidamente o no se investiga de manera independiente, una muerte posiblemente relacionada con la violencia puede terminar reducida a la categoría de suicidio sin ser incluida adecuadamente en las cifras oficiales. De esta manera, estos casos pueden quedar invisibilizados, especialmente cuando las autoridades no tienen interés en mostrar su verdadera magnitud. Esto se reflejó en los distintos comunicados e informes publicados con motivo del aniversario de la toma del poder de los talibanes, en los que no se mencionó el suicidio de mujeres. Esta falta de reconocimiento no solo afecta la memoria y la justicia para las víctimas, sino que también dificulta identificar patrones de violencia y establecer responsabilidades.
La falta de información también tiene consecuencias para la prevención. Cuando una crisis permanece oculta, resulta más difícil dimensionarla, destinar recursos y diseñar programas adecuados. Si las mujeres afganas tienen dificultades para hablar de depresión, violencia, ansiedad o pensamientos suicidas y, además, encuentran obstáculos para acceder a profesionales capaces de atenderlas, el problema puede crecer en silencio mientras las instituciones carecen de herramientas suficientes para responder.
Prevenir el suicidio de las mujeres afganas
Ayudar a prevenir el suicidio entre las adolescentes y mujeres afganas no puede limitarse a intervenir mediante decretos cuando ya se encuentran en una crisis, mientras el mundo normaliza las condiciones que las han llevado hasta ese punto, ni a pedirles que sean fuertes frente a las circunstancias que enfrentan. También implica recuperar las condiciones que les permitan vivir con autonomía, mantener vínculos y tener posibilidades reales de construir un futuro. Para ello, es necesario que la comunidad internacional presione al régimen talibán para garantizar el acceso a atención psicológica y psiquiátrica, profesionales capacitados, espacios seguros, redes comunitarias y mecanismos eficaces para denunciar la violencia, así como derechos básicos como la educación, el empleo, la movilidad y la participación en las decisiones que afectan sus vidas.
La salud mental de las mujeres afganas no puede separarse de las condiciones en las que viven, ya que impedir que una niña estudie, limitar la movilidad de una mujer, restringir sus posibilidades de trabajar y debilitar los mecanismos destinados a protegerlas frente a la violencia también reduce las herramientas con las que pueden enfrentar una crisis. Por esta razón, los testimonios y casos como los de Fariba y Freshta no deberían llevarnos únicamente a preguntarnos qué ocurrió dentro de ellas, sino también qué ocurrió a su alrededor, qué puertas se cerraron, qué redes desaparecieron, qué derechos fueron negados y qué posibilidades de pedir ayuda quedaron fuera de su alcance.
Prevenir el suicidio de las mujeres afganas significa, por tanto, no solo responder cuando una persona se encuentra en una situación límite, sino evitar que las condiciones en las que vive la lleven a sentir que no existe una salida. Ayudarlas también significa exigir que sus derechos sean respetados y garantizar que puedan volver a imaginar un futuro y, sobre todo, que tengan la libertad y las condiciones necesarias para construirlo.
Desde Mujer Azadi e Historiente rechazamos cualquier intento de normalizar esta realidad o cualquier narrativa que presente a las mujeres afganas únicamente desde el sufrimiento y la vulnerabilidad, ignorando su voz, resistencia y capacidad de acción. Hablar de prevención del suicidio implica reconocer su sufrimiento, escuchar sus demandas y defender las condiciones que les permitan vivir con seguridad, autonomía y dignidad. También significa reconocerlas como protagonistas de sus propias vidas y de la lucha por sus derechos.
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