La condena a cadena perpetua contra la médica y activista baluchi pone en duda la independencia judicial en Pakistán y reabre el debate sobre el uso de leyes antiterroristas contra quienes denuncian desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos.
Durante décadas, Baluchistán ha permanecido prácticamente ausente de la conversación internacional. Aunque representa cerca del 44 % del territorio pakistaní y concentra importantes reservas de gas natural, cobre, oro, carbón y otros minerales estratégicos, la provincia continúa siendo una de las regiones más pobres, militarizadas y menos desarrolladas del país.
La riqueza de sus recursos naturales contrasta con las condiciones de vida de gran parte de su población, que durante años ha denunciado falta de inversión, exclusión política y escasa participación en las decisiones sobre los bienes extraídos de su territorio. En este escenario marcado por la desigualdad estructural, la insurgencia armada y las operaciones de seguridad, miles de familias han señalado una de las heridas más profundas de la región: las desapariciones forzadas.
Es dentro de ese contexto donde debe entenderse la condena a cadena perpetua contra la médica y activista baluchi Mahrang Baloch, una de las figuras más visibles del movimiento que exige verdad y justicia para las personas desaparecidas en Baluchistán.
Su caso no puede reducirse únicamente a un expediente judicial ni a la disputa histórica entre el Estado pakistaní y los grupos separatistas armados. Hacerlo significaría ignorar la trayectoria personal de una mujer cuyo activismo nació mucho antes de alcanzar reconocimiento internacional.
La historia de Mahrang Baloch comenzó con una desaparición.
Del duelo familiar a la defensa de los derechos humanos
Cuando Mahrang Baloch tenía apenas 16 años, su padre, Abdul Ghaffar Langove, desapareció después de haber sido detenido por fuerzas de seguridad pakistaníes en 2009. Durante casi tres años, su familia recorrió oficinas gubernamentales, hospitales, morgues y centros de detención en busca de respuestas que nunca llegaron.
Finalmente, su cuerpo apareció. Según el testimonio de la propia activista, conservaba la misma ropa con la que había desaparecido, pero presentaba signos de tortura. Aquel momento marcó un antes y un después en su vida y transformó una pérdida familiar en una lucha pública por la verdad.
En Baluchistán, historias como esta han sido denunciadas durante años por familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos. Diversos colectivos han documentado casos atribuidos por las familias a organismos de seguridad pakistaníes, mientras que el gobierno rechaza estas acusaciones y sostiene que muchas desapariciones están relacionadas con integrantes de grupos insurgentes o personas que abandonaron voluntariamente sus hogares.
La ausencia de mecanismos independientes de investigación, las restricciones al acceso de periodistas a determinadas zonas y la complejidad del conflicto han dificultado establecer con precisión la magnitud del fenómeno. Sin embargo, existe una realidad que permanece visible: miles de madres, hermanas, esposas e hijas continúan buscando información sobre sus familiares desaparecidos.
Fue junto a esas mujeres donde Mahrang Baloch encontró el sentido de su activismo.
Las mujeres que transformaron el duelo en resistencia
Los conflictos prolongados suelen narrarse desde los campos de batalla, las operaciones militares o las negociaciones políticas. Pero en Baluchistán también pueden contarse desde las fotografías que las familias sostienen durante años, desde las sillas vacías que esperan un regreso que nunca llega y desde las voces de mujeres que convirtieron la ausencia en una exigencia permanente de justicia.
Las desapariciones forzadas no solo dejan una pérdida emocional. También generan consecuencias económicas y sociales para las familias. En muchos casos, las mujeres quedan obligadas a asumir responsabilidades adicionales mientras enfrentan la incertidumbre de no saber si sus seres queridos continúan con vida.
Muchas se transformaron en investigadoras de sus propios casos, recorrieron instituciones públicas, organizaron protestas y llevaron sus denuncias a espacios donde durante años fueron ignoradas.
Mahrang Baloch comprendió que su historia personal formaba parte de una tragedia colectiva. Su liderazgo no surgió desde un partido político ni desde una estructura internacional, sino acompañando a familias que viajaban kilómetros para entregar fotografías de sus desaparecidos, participar en concentraciones pacíficas y exigir respuestas.
Como médica de profesión, pudo haber elegido una vida alejada de la confrontación política. Sin embargo, decidió dedicar gran parte de su trabajo a documentar denuncias, acompañar movilizaciones y defender a quienes buscaban información sobre familiares desaparecidos.
Su postura estuvo centrada en la protesta pacífica. Durante años rechazó la violencia como vía de transformación política y defendió la movilización ciudadana como una herramienta para exigir justicia. Esa posición la convirtió en una de las principales representantes del Comité Baloch Yakjehti (BYC), organización integrada por familiares de personas desaparecidas y activistas por los derechos humanos.
Una provincia atrapada entre la insurgencia y la militarización
Comprender el caso de Mahrang Baloch también requiere analizar la compleja historia política de Baluchistán.
Desde la incorporación de la provincia a Pakistán en 1948, distintos movimientos nacionalistas baluchíes han denunciado marginación política, falta de autonomía y una distribución desigual de los beneficios derivados de sus recursos naturales.
Aunque Baluchistán es la provincia más extensa del país y posee importantes reservas minerales y energéticas, amplios sectores de su población continúan enfrentando pobreza, desempleo y falta de infraestructura. Para muchos habitantes, la explotación de sus recursos no se ha traducido en mejores condiciones de vida.
Durante décadas surgieron movimientos separatistas armados que realizaron ataques contra fuerzas de seguridad, instalaciones gubernamentales e intereses económicos vinculados al Estado pakistaní y al Corredor Económico China-Pakistán.
La respuesta estatal estuvo marcada por operaciones militares y estrategias de seguridad que aumentaron la presencia del ejército en la región. En medio de esta confrontación quedaron millones de civiles que no forman parte de ninguno de los bandos armados.
Mientras Islamabad sostiene que sus operaciones buscan combatir organizaciones responsables de ataques contra civiles y fuerzas de seguridad, organizaciones de derechos humanos han denunciado que, bajo ese mismo contexto, también se han producido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y uso excesivo de la fuerza contra activistas y manifestantes.
Esta tensión generó una profunda crisis de confianza entre sectores de la población y las instituciones estatales. Para muchas familias baluchíes, acudir a las autoridades dejó de representar una garantía suficiente para obtener justicia.
Para el gobierno pakistaní, en cambio, la prioridad continúa siendo impedir que la insurgencia fortalezca su capacidad operativa.
Entre ambas posiciones permanecen miles de personas cuya demanda principal es conocer el destino de sus familiares desaparecidos. Esa fue precisamente la causa que convirtió a Mahrang Baloch en uno de los rostros más visibles de Baluchistán.
La persecución judicial contra Mahrang Baloch
La voz de Mahrang Baloch comenzó denunciando la desaparición de su padre, pero con el paso de los años terminó representando a una generación de familias que se niegan a aceptar el silencio como respuesta. Su capacidad para convertir una tragedia personal en una causa colectiva la llevó a ocupar un lugar central dentro del movimiento de derechos humanos en Baluchistán.
Su activismo también transformó la manera en que el conflicto de la provincia era percibido fuera de Pakistán. Durante años, las denuncias sobre desapariciones forzadas permanecieron confinadas a un territorio con escasa cobertura internacional. Sin embargo, las movilizaciones encabezadas por Mahrang trasladaron esas demandas hacia otros espacios políticos y mediáticos, incluido Islamabad, donde las protestas colocaron la situación de Baluchistán en el centro del debate nacional.
Su liderazgo cuestionó una narrativa oficial que durante décadas había presentado las demandas civiles de la región principalmente bajo la lógica de la seguridad nacional. Al insistir en que la búsqueda de desaparecidos y la defensa de los derechos humanos no podían equipararse con la insurgencia armada, Mahrang logró diferenciar la protesta pacífica de los grupos separatistas que recurren a la violencia.
Esa visibilidad también incrementó la presión de las autoridades sobre ella.
En los últimos años, la activista enfrentó múltiples procesos judiciales, acusaciones vinculadas con terrorismo y restricciones que limitaron su capacidad de movilización. El gobierno pakistaní y sectores afines a las autoridades la acusaron de favorecer intereses extranjeros y de contribuir a la desestabilización del país, señalamientos que ella y sus simpatizantes rechazan al considerar que buscan desacreditar una campaña basada en la defensa de los derechos humanos.
Para sus seguidores, las acciones judiciales forman parte de una estrategia de intimidación contra una de las voces más críticas del Estado en Baluchistán. Para las autoridades, en cambio, los procedimientos responden a investigaciones relacionadas con hechos considerados delitos contra la seguridad pública.
La diferencia entre ambas interpretaciones refleja uno de los principales conflictos alrededor de su caso: mientras sus defensores la consideran una activista perseguida por denunciar abusos, el gobierno sostiene que la justicia debe actuar frente a cualquier persona involucrada en actos violentos, independientemente de su posición política.
Del reconocimiento internacional a una celda
El reconocimiento internacional convirtió a Mahrang Baloch en una figura cada vez más visible dentro del movimiento global de defensa de derechos humanos.
En 2024 fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la BBC y también apareció en la selección TIME100 Next de la revista TIME, un reconocimiento otorgado a personas consideradas líderes emergentes por su impacto social y político. Además, su nombre fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, reflejo del interés internacional por una activista que había logrado colocar las desapariciones forzadas de Baluchistán en la conversación global.
Sin embargo, ese mismo reconocimiento también aumentó la tensión con las autoridades pakistaníes.
En marzo de 2025 fue detenida mientras encabezaba una protesta en Quetta después del hallazgo de varios cuerpos sin identificar. Desde entonces permaneció bajo custodia y enfrentó acusaciones relacionadas con terrorismo, sedición y otros delitos, hasta que un tribunal antiterrorista este año 2026, la declaró culpable y la condenó a cadena perpetua junto con el activista Sibghatullah Shah.
La sentencia estuvo relacionada con la muerte de Shabbir Ahmed, integrante del Cuerpo de Fronteras de Pakistán, ocurrida durante una manifestación en Gwadar en julio de 2024.
Las autoridades sostienen que Mahrang Baloch y otros dirigentes incitaron a los manifestantes a atacar a las fuerzas de seguridad, provocando la muerte del militar. La activista y su defensa rechazan esas acusaciones y aseguran que su movimiento ha mantenido una postura basada en la protesta pacífica. Sus abogados anunciaron que apelarán la resolución judicial.
Más allá del fallo, el proceso generó una intensa controversia por las condiciones en las que se desarrolló el juicio.
Un proceso bajo cuestionamientos
Diversas organizaciones pakistaníes e internacionales de derechos humanos expresaron preocupación por el desarrollo del procedimiento judicial y señalaron posibles vulneraciones al debido proceso.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran el traslado del juicio a una prisión de alta seguridad, las restricciones al acceso de observadores externos, la realización de algunas audiencias mediante videoconferencia y las denuncias de la defensa sobre dificultades para acceder oportunamente a pruebas y testimonios.
La hermana de Mahrang, Nadia Baloch, quien también forma parte de su equipo legal, afirmó que la familia considera que el proceso careció de transparencia. Según sus declaraciones públicas, el juicio pasó de ser una audiencia abierta a desarrollarse dentro de instalaciones penitenciarias, con limitaciones que dificultaron conocer plenamente el desarrollo de las sesiones.
Estas denuncias no constituyen por sí mismas una prueba definitiva de irregularidades judiciales. Sin embargo, explican por qué organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado una revisión independiente del caso y han insistido en que cualquier proceso penal debe cumplir con los estándares internacionales de justicia.
Las autoridades pakistaníes rechazan estas críticas.
Para el gobierno provincial y funcionarios de seguridad, la condena no responde al activismo político de Mahrang Baloch, sino a su presunta responsabilidad en hechos violentos ocurridos durante una protesta. Las autoridades sostienen que existieron elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de los acusados y defienden la independencia del sistema judicial.
Esta disputa resume el complejo escenario que atraviesa Baluchistán: un territorio donde la lucha contra la insurgencia armada convive con denuncias persistentes sobre abusos cometidos en nombre de la seguridad nacional.
El costo de desafiar al poder
El caso de Mahrang Baloch representa una de las discusiones más profundas sobre los límites entre seguridad y derechos humanos en Pakistán.
Sus defensores sostienen que castigar a una activista que durante años acompañó a familias de desaparecidos envía un mensaje preocupante para quienes intentan denunciar abusos mediante vías pacíficas. También advierten que la criminalización de la protesta puede reducir aún más los espacios de participación ciudadana en una región marcada por décadas de desconfianza hacia las instituciones.
Al mismo tiempo, el asesinato de un integrante de las fuerzas de seguridad durante una manifestación constituye un hecho grave que requiere una investigación rigurosa y justicia conforme a la ley. La defensa de los derechos humanos no implica ignorar los delitos cometidos contra civiles o miembros del Estado.
Precisamente por la complejidad del contexto, el caso exige analizar ambas dimensiones: las responsabilidades individuales ante hechos violentos y la obligación estatal de garantizar procesos transparentes, proteger la libertad de expresión y permitir que las denuncias sobre posibles abusos sean investigadas de manera independiente.
Los derechos humanos adquieren mayor importancia precisamente en escenarios donde existen conflictos armados, tensiones políticas y profundas divisiones sociales.
La pregunta central que plantea la condena contra Mahrang Baloch no es únicamente qué ocurrió durante una protesta específica, sino qué lugar ocupa la disidencia pacífica dentro de una democracia que enfrenta amenazas de seguridad.
No mirar hacia otro lado
Para quienes observan el conflicto desde fuera, existe una tendencia constante a reducir Baluchistán a una confrontación entre el Estado pakistaní y los grupos separatistas armados.
Pero esa mirada deja fuera a quienes han soportado durante décadas las consecuencias más profundas de la violencia: las familias que buscan a sus desaparecidos, las mujeres que sostienen fotografías durante años, los periodistas que trabajan bajo restricciones, los abogados que denuncian irregularidades y las comunidades que continúan exigiendo respuestas.
La historia de Mahrang Baloch no comenzó con una sentencia.
Comenzó con una hija buscando a su padre.
Con una familia intentando conocer la verdad sobre una desaparición.
Con mujeres que transformaron el dolor privado en una lucha colectiva.
No es únicamente la historia de una activista encarcelada. Es también la historia de miles de personas que continúan preguntando qué ocurrió con sus seres queridos y por qué la búsqueda de respuestas se convirtió en una batalla política.
Mientras exista una madre sosteniendo la fotografía de su hijo.
Mientras exista una hija preguntando por el destino de su padre.
Mientras existan familias esperando una respuesta que nunca llega.
La memoria seguirá desafiando al silencio.
En contextos como el de Baluchistán, defender los derechos humanos no implica negar la existencia de grupos armados ni justificar ataques contra las fuerzas de seguridad. Sin embargo, tampoco puede utilizarse la lucha contra el «terrorismo» como justificación para que el Estado niegue la existencia de desapariciones forzadas o califique de terroristas a quienes cuestionan los abusos y crímenes cometidos por sus propias instituciones.
Porque cuando la búsqueda de un familiar desaparecido comienza a ser tratada como una amenaza para la seguridad nacional, el debate deja de ser únicamente jurídico.
Se convierte en una pregunta ética:
¿Cuánto espacio queda para la disidencia pacífica cuando exigir verdad y justicia puede llevar a una persona a prisión?
La respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro de Mahrang Baloch, sino también el lugar que ocuparán la memoria, la justicia y los derechos humanos en Baluchistán y en Pakistán.
Desde Mujer Azadi e Historiente nos unimos a la exigencia de su liberación.
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