Testimonios de jóvenes afganas revelan cómo el régimen talibán ha convertido el matrimonio forzado en el destino impuesto para toda una generación.
El matrimonio forzado fue la razón por la que Alia, de diecinueve años, huyó de su pueblo en Daikondi, Afganistán, escondida bajo un velo que apenas dejaba ver sus ojos. No escapaba de la guerra, aunque Afganistán lleve décadas marcado por el conflicto. Huía de una realidad que para millones de niñas y mujeres afganas resulta igualmente devastadora.
Subió a un taxi junto con su prima y recorrió cientos de kilómetros hasta Kabul. Sabía que en cualquier retén podía ser detenida por los talibanes, quienes prohíben que las mujeres viajen largas distancias sin un acompañante masculino. Aun así, decidió correr el riesgo. Permanecer en casa significaba aceptar un destino que nunca eligió.
No huyó porque odiara a su familia. Huyó porque quería seguir estudiando. Esa diferencia es fundamental.
El testimonio de Alia, recogido por la periodista Yogita Limaye para la BBC, es uno de los tantos relatos que se han documentado desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán en 2021. “Seguiré resistiendo hasta que ya no pueda respirar”. confesó la joven. No escapaba de su familia. Tampoco buscaba abandonar su país. Lo único que quería era matricularse en un curso privado para ser piloto.
Su historia conmueve porque desmonta uno de los grandes mitos que aún persisten sobre Afganistán.
El matrimonio forzado como la unica opción
Durante años, una parte del mundo ha explicado el matrimonio infantil y forzado como si fuera únicamente el resultado de costumbres ancestrales o tradiciones culturales difíciles de comprender desde Occidente. Sin embargo, los testimonios recogidos por Yogita Limaye muestran una realidad mucho más compleja y profundamente política. El matrimonio forzado no está creciendo únicamente por razones culturales; está aumentando porque el Estado ha destruido deliberadamente todas las alternativas que permitían a las niñas imaginar un futuro distinto.
La educación nunca fue solamente un derecho. También era el principal mecanismo que permitía retrasar los matrimonios tempranos, acceder al mercado laboral, alcanzar independencia económica y construir un proyecto de vida propio. Cuando los talibanes cerraron las escuelas para las adolescentes, no clausuraron únicamente edificios. Cerraron el futuro de millones de niñas y mujeres afganas que, de un día para otro, dejaron de ser estudiantes para convertirse en potenciales esposas.
Resulta imposible comprender el incremento de los matrimonios forzados sin analizar esa relación directa entre educación y autonomía. Allí radica una de las mayores violencias del régimen talibán. La prohibición de estudiar no termina cuando una niña abandona las aulas. Continúa cada vez que una familia comienza a pensar que el matrimonio representa la única opción posible para protegerla, alimentarla o garantizarle un lugar dentro de una sociedad que le niega cualquier otra posibilidad.
Las historias documentadas por Yogita Limaye dejan claro que el matrimonio forzado en Afganistán no comienza el día de la boda. Empieza mucho antes, cuando una niña comprende que el Estado ya decidió cuál será su destino. Comienza cuando una escuela cierra sus puertas. Cuando una universidad deja de admitir mujeres. Cuando desaparecen las oportunidades de trabajar, viajar, elegir una profesión o simplemente imaginar otro futuro.
Por eso resulta tan preocupante que el régimen talibán haya profundizado esta realidad mediante nuevas disposiciones legales. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el llamado Decreto 18 elimina las escasas salvaguardas jurídicas que aún protegían a las menores frente al matrimonio infantil. Además de facilitar estas uniones, introduce una idea profundamente alarmante: considerar que el silencio de una niña equivale a su consentimiento. Se trata de una ficción jurídica que ignora por completo que ninguna menor posee la capacidad ni la libertad necesarias para tomar una decisión semejante. Esto hay que verse como lo que es, una nueva ley del régimen talibán que legaliza la violación de niñas afganas.
Hablar de consentimiento bajo estas condiciones resulta perverso. No existe libertad cuando el propio Estado ha eliminado todas las alternativas posibles. Una niña que no puede estudiar, trabajar, desplazarse sin un tutor masculino ni decidir sobre su propio cuerpo nunca podrá otorgar un consentimiento libre. Lo único que existe es coerción institucionalizada.
El testimonio de Shama demuestra con crudeza esa realidad. Antes de la llegada de los talibanes soñaba con convertirse en médica. Había rechazado varias propuestas de matrimonio porque su prioridad era terminar sus estudios. Sin embargo, cuando las escuelas y universidades dejaron de admitir mujeres, todo cambió. «Tener un marido no es el único sueño de una mujer. Primero necesita valerse por sí misma, ser independiente y luego podrá casarse y formar una familia», explicó a Limaye. Hoy es madre de dos niñas y reconoce que vive con la tristeza permanente de haber visto desaparecer el futuro que había imaginado para sí misma.
Su historia rompe otro de los discursos con los que frecuentemente se intenta minimizar esta crisis. Muchas personas creen que basta con que un matrimonio no sea violento para considerarlo aceptable. Sin embargo, la violencia también consiste en arrebatarle a una mujer la posibilidad de decidir quién quiere ser antes de convertirse en esposa o madre. Obligarla a abandonar la escuela, renunciar a una profesión o aceptar una vida que nunca eligió constituye una forma de violencia profundamente normalizada que rara vez ocupa los titulares internacionales.
Lo más devastador es que muchas familias tampoco deseaban ese desenlace para sus hijas. La pobreza, el miedo y la ausencia de oportunidades han terminado empujándolas hacia decisiones que hace apenas unos años habrían intentado evitar.
Ese dolor queda reflejado en el testimonio de Kamila, la madre de Shama. Ella trabajó durante años limpiando casas para pagar la educación de sus hijas porque sabía perfectamente lo que significaba crecer sin aprender a leer ni escribir. «Soy analfabeta, así que soy como una persona ciega. Quería que mis hijas estudiaran, trabajaran y contribuyeran a la sociedad», contó a la periodista de la BBC. Sin embargo, terminó presionando a Shama para casarse porque temía las consecuencias que podía traer mantener soltera a una hija bajo el régimen talibán.
La historia de Kamila evidencia una de las estrategias más crueles de los sistemas autoritarios. No solo reprimen directamente a las mujeres. También consiguen que el miedo transforme a las propias familias en reproductoras involuntarias de las decisiones que el Estado desea imponer. Después utilizan esa realidad para responsabilizar exclusivamente a las comunidades o a las tradiciones locales, ocultando que ha sido el propio régimen quien destruyó todas las alternativas existentes.
Por eso reducir el matrimonio forzado a una práctica cultural constituye un grave error. Lo que hoy ocurre en Afganistán responde a una política de Estado que ha eliminado derechos fundamentales, ha desmantelado las redes de protección para las mujeres y ha convertido la exclusión educativa en una herramienta para consolidar el control sobre toda una generación de niñas y mujeres.
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