La prohibición del hijab en las escuelas de Azerbaiyán ha generado indignación, rechazo y preocupación entre la población del país, así como protestas tras la aprobación de nuevas restricciones de vestimenta por parte del Gobierno de Ilham Aliyev. Las medidas afectan a alumnas y maestras de instituciones públicas, algunas de las cuales denuncian que las autoridades escolares les impiden asistir a clases o ejercer su profesión por llevar el velo islámico. Estas restricciones han intensificado las denuncias de discriminación religiosa y las preocupaciones por el derecho de las niñas, las adolescentes y las mujeres a la educación, al trabajo y a decidir sobre su propia vestimenta.
¿Por qué existe la prohibición del hijab en las escuelas de Azerbaiyán?
Las autoridades de Azerbaiyán aprobaron el 21 de septiembre de 2026 modificaciones al reglamento de uniformes de las escuelas públicas que restringen el uso de prendas adicionales cuando alteren la uniformidad establecida o se consideren incompatibles con el principio de laicidad de la educación. Posteriormente, el Gabinete de Ministros estableció requisitos específicos para la vestimenta del profesorado, después de que el presidente Ilham Aliyev solicitara unificar los criterios en las instituciones educativas estatales.
Aunque las disposiciones no prohíben explícitamente el hijab, su redacción permite que las administraciones escolares impongan restricciones sobre la vestimenta de alumnas y docentes. Esta ambigüedad abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden limitar sus derechos bajo el argumento de preservar la uniformidad escolar y la laicidad, sin distinguir entre la neutralidad de las instituciones públicas y la libertad religiosa de quienes acuden a ellas.
Medios locales e internacionales, entre ellos Al Jazeera han informado sobre casos de estudiantes a quienes se les ha negado el acceso a las aulas y de profesoras que han recibido instrucciones para dejar de usar el velo. Estas denuncias cuestionan la proporcionalidad de las medidas y la responsabilidad de las autoridades educativas de garantizar que ninguna alumna pierda su derecho a estudiar ni ninguna docente vea amenazado su empleo por su vestimenta religiosa. También evidencian la necesidad de contar con mecanismos efectivos para impugnar decisiones escolares que vulneren derechos fundamentales.
La separación entre religión y Estado no justifica la discriminación
Azerbaiyán se define constitucionalmente como un Estado laico y reconoce la libertad de conciencia y el derecho a la educación. Sin embargo, cerca del 96 % de su población se identifica como musulmana, según las cifras citadas en los reportes sobre la controversia. Esta realidad plantea interrogantes sobre la aplicación de las restricciones al hijab en un país donde el islam forma parte de la vida de una amplia mayoría de la sociedad, aunque existen distintas formas de practicar la religión y convicciones diversas.
Las autoridades justifican las medidas de la prohibición del hijab en las escuelas de Azerbaiyán mediante la defensa del laicismo y la uniformidad en las escuelas públicas. Esta postura se sustenta en un modelo de secularismo heredado de la era postsoviética, que limita la religión al ámbito privado, así como en la preocupación por la influencia política de países vecinos, como Irán. También encuentra respaldo entre sectores seculares de la sociedad azerbaiyana, donde las prácticas religiosas son diversas y el uso del hijab no está generalizado.
El artículo 18 de la Constitución establece la separación entre religión y Estado, mientras que el Gobierno sostiene que los códigos de vestimenta contribuyen a mantener la neutralidad de las instituciones educativas. Sin embargo, la neutralidad estatal no equivale a exigir que el alumnado y el profesorado oculten sus convicciones religiosas. Impedir que una institución imponga una creencia no es lo mismo que restringir la expresión individual de la fe mediante una prenda personal.
Activistas, familias y defensores de los derechos humanos cuestionan que esta modificación se presente como una defensa de la laicidad, pues su aplicación puede provocar la exclusión educativa y laboral de algunas mujeres musulmanas. Obligar a una estudiante a elegir entre su educación y el uso del velo, o a una profesora entre sus convicciones y su empleo, convierte una política de uniformidad en una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales. La igualdad en la educación pública no puede depender de que las mujeres renuncien a expresar su identidad religiosa, sino de que las instituciones garanticen el acceso a las aulas y al trabajo sin discriminación.
Alumnas y profesoras quedan atrapadas en la disputa y sin garantías
Las alumnas y profesoras que llevan hijab en Azerbaiyán están pagando las consecuencias de una disputa política e institucional en la que sus derechos y sus propias voces quedan relegados. Mientras las autoridades defienden las restricciones de vestimenta en nombre del laicismo, se han difundido videos de niñas que lloran porque no les permiten entrar a sus escuelas y de maestras que se despiden de sus estudiantes ante la posibilidad de perder sus empleos.
Sin protocolos de transición ni garantías claras para continuar sus estudios o ejercer su profesión, las medidas convierten las puertas de las escuelas en fronteras de exclusión, donde el acceso a la educación y al trabajo parece depender de renunciar a una expresión de sus convicciones personales.
Las alternativas mencionadas, como la educación a distancia o la reubicación laboral, no resuelven por sí solas el problema si se presentan como respuestas temporales a una exclusión que no debería producirse. Para las estudiantes, la interrupción de las clases puede comprometer su formación y sus oportunidades futuras; para las docentes, la destitución o la renuncia forzada amenaza su independencia económica y su desarrollo profesional.
A estas consecuencias se suma el daño emocional de verse obligadas a elegir entre conservar su lugar en las aulas o mantener una prenda que forma parte de sus convicciones. Quienes se quitan el velo bajo presión no necesariamente lo hacen por voluntad propia, mientras que quienes deciden conservarlo no deberían ser castigadas con la exclusión educativa o laboral.
La controversia también ha expuesto a las afectadas a ataques y descalificaciones de grupos que instrumentalizan sus experiencias para defender sus propias posiciones, sin colocar necesariamente los derechos de las mujeres en el centro. Su dignidad no debería depender de que su decisión coincida con una postura religiosa, política o ideológica. Defender la autonomía de las mujeres significa rechazar tanto la imposición del velo como su prohibición coercitiva: ninguna autoridad debe decidir por ellas mediante amenazas, castigos o la pérdida de oportunidades fundamentales.
El laicismo estatal no debería convertirse en una justificación para restringir derechos ni para condicionar el acceso a servicios públicos a la apariencia de las mujeres. Los artículos 42, 35 y 48 de la Constitución de Azerbaiyán reconocen, respectivamente, el derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de conciencia y religión. Cualquier restricción debe examinarse a la luz de esas garantías, con criterios claros, vías de impugnación y respeto al debido proceso.
Una escuela que excluye a sus alumnas y aparta a sus profesoras por su vestimenta deja de ser un espacio de oportunidades para convertirse en un lugar donde se castiga a las mujeres por una decisión personal. Una vez más, son ellas quienes soportan el costo de una disputa de poder, mientras su educación, su sustento y sus proyectos de vida quedan en segundo plano.
Para más noticias sobre los derechos de las mujeres azerbaiyanas, da click aquí
