En medio de una guerra civil prolongada, Myanmar enfrenta una escalada de violencia marcada por bombardeos aéreos contra zonas civiles, deserciones masivas dentro del ejército, un reclutamiento militar obligatorio impopular y las consecuencias de un devastador terremoto que dejó más de 3.000 muertos en marzo de 2025. Mientras la junta militar intensifica su ofensiva en regiones como Loikaw y Hpruso, los ataques aéreos han obligado incluso a niños en edad escolar a refugiarse en trincheras. A pesar del anuncio oficial de un alto el fuego temporal vigente hasta el 22 de abril, los enfrentamientos con el Ejército Nacional Karen (KA) continúan, profundizando una crisis humanitaria sin precedentes.
¿Quiénes son los actores en conflicto? El Ejército Nacional Karen y la Fuerza Aérea de Myanmar
En el centro del actual conflicto armado en el estado Kayah, se enfrentan dos actores clave: por un lado, el Ejército Nacional Karen (KA, por sus siglas en inglés), y por el otro, la Fuerza Aérea de Myanmar, parte de las fuerzas armadas del régimen militar.
El KA es la fuerza armada del Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA), una de las organizaciones insurgentes más antiguas del país. Representa al pueblo karen, una minoría étnica que habita principalmente en las regiones orientales de Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia. Desde hace décadas, el KA lucha por la autonomía política, el reconocimiento de derechos culturales y el control de su territorio ancestral, frente a un gobierno central históricamente represivo y discriminatorio.
Por su parte, la Fuerza Aérea de Myanmar es uno de los principales instrumentos de control del régimen militar, que asumió el poder tras el golpe de Estado de febrero de 2021. Desde entonces, ha intensificado el uso de bombardeos aéreos como herramienta para sofocar la resistencia armada, sin distinguir entre objetivos militares y civiles. Los ataques sobre escuelas, iglesias y centros de salud en zonas karen han sido denunciados como crímenes de guerra por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Este choque no solo refleja un conflicto étnico e histórico, sino también la creciente resistencia frente a un régimen que ha perdido legitimidad nacional e internacional. Lo que comenzó como una lucha por autonomía étnica, hoy forma parte de una guerra civil de alcance nacional, en la que los pueblos indígenas y las comunidades rurales pagan el precio más alto.
Bombardeos contra civiles: Del aula a la trinchera
El 16 de febrero, un alto mando del Ejército Nacional Karen denunció que la Fuerza Aérea de Myanmar ha estado llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos no militares. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en la localidad de Hpruso, donde un bombardeo sorprendió a los estudiantes durante el horario escolar. Los menores se vieron obligados a correr hacia trincheras cercanas, improvisadas por la comunidad para sobrevivir a los ataques desde el cielo.
‘Ya no sabemos si los niños volverán a casa cuando salen a clase’, relató un maestro local bajo condición de anonimato. Las imágenes que emergen desde estas regiones reflejan una realidad atroz: Comunidades enteras reducidas a escombros y una infancia marcada por el trauma de la guerra.
Un ejército debilitado recurre al reclutamiento obligatorio
Ante el desgaste sostenido del aparato militar, la junta implementó en 2024 una polémica campaña de reclutamiento forzoso, con el objetivo de reponer sus filas. Esta medida obliga a hombres de entre 18 y 35 años y mujeres de entre 18 y 27 a realizar servicio militar, bajo amenaza de prisión de hasta cinco años por evasión.
Sin embargo, lejos de fortalecer al régimen, la iniciativa ha provocado una nueva ola de deserciones y migraciones. Miles de jóvenes han optado por refugiarse en zonas bajo control rebelde o cruzar la frontera hacia países vecinos. La estrategia de imponer el combate ha terminado exponiendo la fragilidad del régimen: un gobierno que, para sostenerse, necesita reprimir tanto a sus soldados como a su población.
La tragedia del terremoto no detiene el conflicto
El pasado marzo, Myanmar fue sacudido por un potente terremoto que dejó más de 3.000 víctimas mortales. El desastre natural interrumpió brevemente los titulares sobre la guerra, pero no cambió la dinámica en el terreno. La junta militar anunció una supuesta tregua hasta el 22 de abril para facilitar las labores de rescate, aunque numerosos testimonios han revelado que los ataques continuaron en varias regiones.
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— Historiente (@historiente) March 29, 2025
La ayuda humanitaria no fluye con libertad. Zonas enteras permanecen sin electricidad, conexión móvil ni acceso a servicios básicos. A esto se suma la imposibilidad de muchas ONG internacionales de operar con garantías de seguridad. El conflicto, lejos de detenerse, se ha recrudecido incluso bajo las ruinas de la tragedia.
Una guerra silenciada que sigue escalando
Desde el golpe de Estado de 2021, Myanmar vive una guerra civil no declarada pero sostenida. El régimen militar ha sido señalado por la ONU y organizaciones de derechos humanos por llevar a cabo crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones sumarias, tortura, desapariciones forzadas y ataques deliberados contra civiles.
La falta de respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional ha permitido que el conflicto continúe, mientras los birmanos enfrentan un escenario de terror cotidiano. Las redes sociales han servido como único canal de denuncia y visibilización.
El conflicto en Myanmar no muestra señales de resolución. Con un gobierno que reprime por aire y tierra, un ejército que se desmorona desde adentro y una juventud que ya no quiere ser parte del horror, el país camina por el filo de una guerra sin final visible. La indiferencia internacional podría costarle al pueblo birmano décadas de reconstrucción y cicatrices imposibles de borrar.
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