Las mujeres afganas viven desde inicios de este año 2026 bajo un nuevo código penal impuesto por el régimen talibán en Afganistán que legitima castigos físicos dentro del matrimonio, restringe el acceso a la justicia y consolida su subordinación legal. La normativa, aprobada sin parlamento activo ni consulta pública, establece penas mínimas para agresiones graves contra ellas y penaliza incluso que busquen refugio en casa de sus familias. Organismos de derechos humanos advierten que esta reforma profundiza el sistema de apartheid de género instaurado tras el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.
¿Qué es el nuevo código penal impuesto por los talibanes?
El nuevo código penal es una reforma normativa emitida por el régimen talibán de facto que reemplaza disposiciones anteriores del sistema jurídico afgano y reorganiza el marco de sanciones bajo una interpretación estricta de la sharía. No fue aprobado por un parlamento electo ni sometido a debate público, ya que Afganistán carece actualmente de un órgano legislativo independiente.
El texto consta de 119 artículos y regula delitos, castigos y jerarquías sociales. El código permite castigos discrecionales bajo el concepto de tazir (corrección disciplinaria). Esta figura emplea sanciones discrecionales aplicadas por una autoridad religiosa o familiar y establece una clasificación de la población en cuatro estratos: clero, élite, clase media y clase baja, lo que impacta en la proporcionalidad de las penas.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que esta reforma redefine delitos y transforma la relación entre el Estado, la familia y el cuerpo de las mujeres, al otorgar autoridad disciplinaria explícita a esposos o “amos”. En ese sentido, el nuevo código penal constituye tanto un instrumento jurídico como una herramienta de control social que consolida la subordinación femenina dentro de un sistema teocrático autoritario.
Mujeres afganas ante un sistema que prioriza castigos desiguales
Las mujeres afganas quedan ahora expuestas a un sistema que permite castigos físicos dentro del matrimonio bajo la figura de “corrección moral”. Si una mujer logra demostrar ante un juez que sufrió una agresión grave, como fracturas o lesiones visibles, el agresor podría recibir una pena máxima de apenas 15 días de prisión. En contraste, otras formas de violencia física, psicológica o sexual no están tipificadas de manera explícita.
Para denunciar, las mujeres deben acudir acompañadas por un tutor varón (mahram), quien en muchos casos puede ser su propio agresor, y presentar pruebas físicas sin transgredir estrictas normas de vestimenta. En un sistema judicial sin independencia ni garantías procesales, estas condiciones convierten el acceso a la justicia en una posibilidad casi inexistente.
La indignación radica en que, según el nuevo código, la pena por romperle el brazo a una esposa sería de 15 días de prisión, mientras que el maltrato a un camello podría castigarse con hasta cinco meses. La violencia contra mujeres y niñas se redefine así como un mecanismo moral de control.
Retrocesos sistemáticos desde 2021
Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, la vida pública de las mujeres ha sido restringida progresivamente. Las niñas mayores de 12 años permanecen excluidas de la educación secundaria y universitaria, una situación sin precedentes a nivel mundial.
Según datos de ONU Mujeres, cerca del 80 % de las mujeres afganas han sido apartadas del mercado laboral formal. También se han cerrado espacios de autonomía económica, como salones de belleza, y se han impuesto restricciones severas de movilidad sin acompañante masculino. Estas medidas han generado un aumento en la dependencia económica forzada y han profundizado la feminización de la pobreza.
Mujeres afganas con burka piden limosna mientras los hombres caminan libres. No es tradición, no es cultura. Esto es apartheid de género.
— Mujer Azadi (@mujerazadi) February 21, 2026
El régimen talibán las expulsó de escuelas, trabajos y del espacio público. Las condenaron a mendigar para sobrevivir #AfghanWomen pic.twitter.com/Uaz1UB00Pw
El nuevo marco penal no inaugura esta exclusión, pero la formaliza jurídicamente. Penaliza incluso con hasta tres meses de prisión que una mujer se refugie en casa de sus padres sin autorización del esposo, eliminando una de las pocas redes de apoyo comunitario disponibles.
Desigualdad estructural y jerarquización social
La clasificación de la población en cuatro estratos —clero, élite, clase media y clase baja— introduce diferencias en la aplicación de sanciones. Las penas más severas recaen en sectores con menos recursos, mientras que figuras religiosas y grupos de poder pueden recibir beneficios o sanciones reducidas.
Expertas en derecho internacional advierten que este diseño normativo contradice principios fundamentales como la igualdad ante la ley y compromisos internacionales previamente asumidos por Afganistán. El relator especial de Naciones Unidas para Afganistán ha calificado las consecuencias de esta reforma como “extremadamente preocupantes”.
En un país donde cerca del 40 % de la población vive en pobreza extrema, la combinación de crisis humanitaria y restricción de derechos profundiza la vulnerabilidad de millones de mujeres y niñas.
Resistir para existir
A pesar de la represión, mujeres dentro y fuera del país continúan documentando abusos, creando redes clandestinas de educación y llevando sus denuncias ante foros internacionales. Las mujeres afganas no han dejado de organizarse, de narrar su realidad y de exigir dignidad.
En Historiente y Mujer Azadi sostenemos que visibilizar estas historias es una forma de resistencia. La memoria y la palabra son herramientas frente al silencio impuesto.
Las mujeres afganas siguen reclamando su derecho a la educación, a la justicia y a la autonomía. Que sus voces no sean silenciadas es una responsabilidad colectiva.
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