RSF ejecuta a civiles que intentaban llevar comida a El Fasher, ciudad en hambruna y asedio. Entre agosto y octubre de 2025, miembros de la Milicia de Apoyo Rápido (RSF) detuvieron y asesinaron a hombres, mujeres y niños desarmados que intentaban introducir alimentos como harina, pasta y azúcar en El Fasher, la capital del norte de Darfur, Sudán, sometida a más de 500 días de asedio y bloqueos que han dejado a la población al borde de la hambruna.
Asedio en El fasher: hambre como arma de guerra
Los testimonios y las imágenes que se viralizaron muestran a combatientes del RSF interrogando a gente común, desde madres, vendedores, desplazados, sobre “qué traen” y sentenciándolos a muerte por llevar provisiones como harina, pasta o azúcar. Estos videos, filmados por los propios agresores y difundidos orgullosamente, no sólo documentan crímenes individuales, sino que configuran una práctica coercitiva: el bloqueo sistemático de rutas, el ataque a convoyes y la construcción de bermas que cercan la ciudad convierten la supervivencia en un delito, un claro crimen de guerra.

La evidencia disponible demuestra que el asedio no es un subproducto caótico del conflicto, sino una política de control territorial que instrumentaliza el hambre y la humillación. Organizaciones humanitarias han alertado sobre una escasez crítica de alimentos, agua y medicinas, y describen prácticas que metió a El Fasher a condiciones de hambruna: cocinas comunitarias reducidas, ataques a campos de desplazados y una población que subsiste con una o ninguna comida al día.
El video como prueba y provocación: la milicia se graba cometiendo crímenes
La difusión pública de ejecuciones sumarísimas, refleja una mezcla de impunidad y propaganda: los milicianos no sólo matan, sino que filmando exponen su acto como demostración de poder. Medios regionales han documentado grabaciones que muestran interrogatorios seguidos de disparos contra civiles desarmados, con la intención evidente de sembrar terror y disuadir cualquier intento de auxilio o huida.
El contexto militar y tecnológico también remarca la responsabilidad de actores externos: informaciones de organismos de derechos humanos y reportes internacionales sitúan al RSF como beneficiario de armamento y apoyo logístico cuya cadena de suministro ha sido vinculada, en investigaciones y demandas internacionales, a actores regionales como los Emiratos Árabes Unidos. Estas acusaciones han motivado litigios en la Corte Internacional de Justicia y sanciones diplomáticas, aunque las partes señaladas niegan su implicación directa.
Víctimas y cifras: la dimensión humana del desastre
Organismos de la ONU y grupos médicos en terreno han documentado un aumento alarmante de muertes por ataques y por inanición en torno a El Fasher. Las agencias resaltan que en el epicentro del asedio los niños son los más afectados: malnutrición aguda, epidemias y falta de atención médica elevan la tasa de mortalidad infantil y general. Informes periodísticos recientes estiman que decenas, y en algunos episodios centenares, de civiles han muerto en ataques y bombardeos vinculados al RSF.
La destrucción de infraestructuras sanitarias y la paralización de cocinas comunitarias agravaron el desastre: antes del asedio muchas iniciativas locales alimentaban a miles; hoy, la operación de esas cocinas es mínima y los campos de desplazados han visto cómo servicios esenciales se desploman o se cierran tras ataques repetidos.
Responsabilidad internacional y la impunidad de los patrocinadores
Los documentos públicos, investigaciones de ONG y demandas legales han puesto sobre la mesa una incómoda pregunta: ¿puede la comunidad internacional mirar hacia otro lado mientras actores estatales proveen recursos que permiten una maquinaria que asesina y somete a hambre a poblaciones enteras? Sudan presentó cargos contra los Emiratos Árabes Unidos en la Corte Internacional de Justicia, acusando al Estado de complicidad por suministro logístico y armamentístico al RSF; el caso subraya la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas más sólidos y de medidas que corten el flujo de recursos bélicos a grupos implicados en crímenes graves.
La negación oficial de los Estados señalados no exime de responsabilidad política y ética: las pruebas abiertas, las sanciones selectivas y las investigaciones periodísticas exigen respuestas firmes y medidas concretas por parte de la ONU, los Estados y los organismos de control de exportaciones militares.

El video que condena a muerte a quienes llevan harina y pasta a El Fasher es, a la vez, prueba y ultimátum: documenta un crimen sistemático y nos interpela. Si la comunidad internacional respeta el principio de intervención humanitaria y los tratados que prohíben el uso de hambre como arma de guerra, debe actuar ahora, no con palabras tibias ni investigaciones que se eternizan, sino con medidas que corten el apoyo material a los perpetradores, garanticen el acceso inmediato de ayuda y abran vías reales de justicia para las víctimas.
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