La escritora irlandesa Sally Rooney anunció en un artículo publicado en The Irish Times, que destinará los ingresos de sus derechos de autor y regalías audiovisuales a financiar a Acción Palestina (Palestine Action), organización recientemente prohibida por el Gobierno de Keir Starmer en el Reino Unido bajo la Ley de Terrorismo de 2000. La decisión de la autora de Gente normal llega en medio de un clima político tenso, marcado por la represión de protestas pacíficas en Londres y la criminalización de activistas solidarios con el pueblo palestino.
Con esta declaración pública, Rooney se coloca en el centro de un conflicto que trasciende la literatura: el choque entre la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la estrategia del Estado británico de blindar sus alianzas con Israel a costa de los derechos civiles.
La criminalización de la protesta en Reino Unido
La medida del Gobierno británico de declarar “terrorista” a Acción Palestina ha provocado una oleada de críticas de intelectuales, juristas y organizaciones de derechos humanos. Desde su fundación en 2020, el grupo ha enfocado su activismo en acciones directas contra instalaciones vinculadas con la industria armamentística que abastece a Israel. Sin embargo, hasta ahora no existen registros de que sus intervenciones hayan atentado contra la vida de personas.
El 9 de agosto, más de 15.000 manifestantes se reunieron en Parliament Square, Londres, en una movilización que derivó en más de 700 detenciones. La mayoría de los participantes superaba los cincuenta años, lo que reveló que el movimiento trasciende a los jóvenes militantes y ha alcanzado a amplios sectores de la sociedad británica. Las imágenes de adultos mayores arrestados por portar carteles con frases como “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina” reflejan un clima de represión que contrasta con la tradición democrática británica.
El fiscal jefe Stephen Parkinson advirtió que, aunque el derecho a manifestarse existe, cualquier apoyo directo a Acción Palestina será procesado penalmente. En la práctica, esto significa que figuras públicas como Rooney corren el riesgo de enfrentar cargos judiciales simplemente por expresar su apoyo.
Sally Rooney: una autora convertida en símbolo generacional
Sally Rooney no es una escritora cualquiera. A sus 33 años, se ha convertido en un referente cultural de la generación millennial, cuyas novelas se han traducido a decenas de idiomas y adaptado en series exitosas emitidas por la BBC. Su voz no solo tiene eco en el mercado literario, sino también en los debates públicos sobre política, cultura y justicia social.
La autora ya había generado controversia en 2021, cuando rechazó ceder los derechos de traducción de Dónde estás, mundo bello a una editorial israelí, en solidaridad con la causa palestina y en sintonía con el movimiento internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Su trayectoria demuestra coherencia con una postura política clara: la defensa de Palestina frente a lo que numerosos organismos internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, han calificado como un genocidio.
“Si el Estado británico considera que apoyar a quienes denuncian un genocidio es terrorismo, quizá debería investigar a las corporaciones que lucran con mi obra”, escribió Rooney en su artículo, apuntando directamente a instituciones como WH Smith y la propia BBC, que continúan beneficiándose de sus libros y adaptaciones.
Entre la libertad y la represión: un dilema democrático
El Gobierno de Starmer insiste en que la prohibición de Acción Palestina se justifica por sus acciones de sabotaje en instalaciones militares, como el ingreso de activistas a la base aérea de Brize Norton en junio. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y figuras académicas de prestigio entre ellas Naomi Klein, Angela Davis y Judith Butler, sostienen que la medida constituye un ataque directo a libertades fundamentales.
Incluso un grupo de más de 300 intelectuales judíos en el Reino Unido, entre ellos el cineasta Mike Leigh, calificó la decisión gubernamental de “ilegítima y antiética”. El consenso de voces críticas revela un hecho preocupante: el Estado británico ha optado por equiparar la desobediencia civil con el terrorismo, una estrategia que erosiona el tejido democrático y limita la capacidad ciudadana de cuestionar la política exterior del país.
¿Criminalizar la disidencia o proteger la democracia?
El caso de Sally Rooney trasciende el ámbito literario y se convierte en un termómetro democrático. Su decisión de destinar regalías a un grupo proscrito cuestiona la narrativa oficial que intenta reducir toda forma de resistencia al prisma del terrorismo. Mientras el Reino Unido continúa justificando su alianza con Israel en medio de acusaciones internacionales de genocidio, figuras como Rooney recuerdan que el silencio también es complicidad.
La pregunta es inevitable: ¿quiere el Reino Unido ser recordado como un país que defendió los derechos humanos o como un Estado que persiguió a escritores y ciudadanos por exigir justicia en Palestina?
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