En Irán, específicamente en la ciudad de Yasuj, el joven Sasan Shadman ha sido condenado a pena de muerte por un crimen ocurrido en 2022, cuando tenía apenas 16 años. A pesar de los tratados internacionales que prohíben la ejecución de menores, un tribunal penal ha confirmado la sentencia, desatando una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
El caso de Sasan Shadman: Una familia que lucha contra el tiempo
Sasan Shadman fue arrestado cuando tenía 16 años y, tras un proceso judicial que muchos han calificado como irregular, fue condenado a muerte. Durante su juicio, no se tomaron en cuenta aspectos fundamentales del derecho a un juicio justo, como la posibilidad de rehabilitación o su edad en el momento del delito.
En Irán, el dinero de sangre (diya) es una práctica legal que permite a la familia del condenado ofrecer una compensación económica a los familiares de la víctima, quienes, si aceptan el pago, pueden conceder el perdón y detener la ejecución. La familia de Sasan ha iniciado una campaña pública para recaudar los fondos necesarios, pero el monto exigido es elevado y el tiempo para reunirlo es cada vez menor.
Mientras tanto, activistas y defensores de derechos humanos han intensificado sus llamados a la comunidad internacional para que intervenga y presione al gobierno iraní en busca de una solución que respete los estándares humanitarios.
Irán y la ejecución de menores: Una violación a los derechos humanos
La comunidad internacional ha condenado reiteradamente la aplicación de la pena de muerte a menores en Irán. Según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados de los que Irán es signatario, las ejecuciones de personas por delitos cometidos antes de los 18 años están prohibidas.
A pesar de ello, Irán sigue figurando entre los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, aplicando la pena capital a delincuentes juveniles, opositores políticos y miembros de minorías étnicas y religiosas. Solo en 2024, se registraron al menos 975 ejecuciones, de las cuales varias involucraban a personas que eran menores de edad al momento de los hechos.
Este patrón ha generado denuncias por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes exigen que Irán detenga estas prácticas y garantice juicios justos conforme a los estándares internacionales.
Silencio internacional y la impunidad del régimen iraní
A pesar de las numerosas condenas por parte de organismos internacionales, la respuesta de la comunidad global ante este tipo de casos ha sido insuficiente. Las sanciones y declaraciones de condena rara vez se traducen en acciones concretas que obliguen a Irán a respetar los derechos humanos.
El caso de Sasan Shadman no es único. En el pasado, otros menores han sido ejecutados en silencio, sin que la presión internacional lograra evitarlo. Esto pone en evidencia la necesidad de tomar medidas más contundentes, ya sea a través de sanciones diplomáticas más estrictas o de un mayor involucramiento de las Naciones Unidas.
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