Más de 200 civiles murieron entre el 15 y el 18 de febrero de 2025 en el estado de Nilo Blanco, al sur de Sudán, a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar involucrado en el conflicto que sacude al país desde 2023. Los ataques, que se centraron en las localidades de Al Kadaris y Al Khelwat, incluyeron ejecuciones sumarias, saqueos y secuestros, mientras los residentes trataban desesperadamente de huir a través del río Nilo, donde varios perecieron ahogados.
Un ataque brutal y sistemático de las RSF
El grupo de abogados Emergency Lawyers, dedicado a la protección de los derechos humanos en Sudán, no tardó en condenar los ataques, llamándolos una masacre. En su informe, destacaron que las RSF realizaron ejecuciones sumarias, además de secuestrar y saquear propiedades en las zonas atacadas. El hecho de que los paramilitares hayan dirigido sus acciones exclusivamente contra civiles no armados resalta la magnitud y la naturaleza de la violencia. Las Fuerzas de Apoyo Rápido siguen expandiendo su poder militar, sin que el gobierno central ni la comunidad internacional logren poner freno a sus acciones.
Los ataques en Nilo Blanco no son incidentes aislados. A lo largo del último año, se han documentado violaciones de derechos humanos similares, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y el uso de la violencia para sembrar el terror entre las comunidades. Esto ha generado una emergencia humanitaria sin precedentes en Sudán, que afecta tanto a los habitantes locales como a los millones de refugiados que han huido a países vecinos.
Una guerra interminable: ¿Por qué Sudán no encuentra la paz?
El conflicto en Sudán, que se inició a raíz de discrepancias internas entre las fuerzas armadas regulares y las RSF, ha evolucionado hacia una guerra civil abierta. Desde el golpe de estado de 2021, en el que las fuerzas militares derrocaron al gobierno de transición, las RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Daglo, han jugado un papel crucial en el desorden y la violencia que se vive en el país. El ejército, comandado por Abdel Fattah al-Burhan, también ha sido acusado de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
La falta de un acuerdo claro para integrar a las RSF en las Fuerzas Armadas de Sudán fue uno de los detonantes del conflicto. Este desencuentro ha mantenido al país dividido, sumido en una guerra que ha costado miles de vidas y desplazado a más de 12 millones de personas. Con cada día que pasa, la situación empeora, y la comunidad internacional sigue sin intervenir de manera efectiva, dejando a los civiles a merced de los combatientes.
Un mundo en silencio ante una crisis humanitaria
La respuesta internacional ante las atrocidades cometidas por las RSF ha sido insuficiente. Mientras que organizaciones como la ONU y grupos de derechos humanos han condenado las violaciones, las medidas concretas para detener el conflicto siguen siendo escasas. Los llamados a la paz y los esfuerzos diplomáticos han fracasado, y las sanciones impuestas a los grupos paramilitares parecen no tener impacto en la dinámica del conflicto. La indiferencia de las potencias mundiales ante la crisis de Sudán plantea serias preguntas sobre la eficacia de la diplomacia internacional cuando se trata de prevenir genocidios y proteger a los civiles.
El gobierno de Sudán, por su parte, ha acusado a las RSF de cometer un genocidio sistemático en varias regiones, una acusación que resuena con fuerza en la comunidad internacional. La ONU ha lanzado una petición urgente de ayuda humanitaria, solicitando 6.000 millones de dólares para apoyar a los 26 millones de personas afectadas por la crisis. Sin embargo, la falta de respuesta contundente continúa alimentando la desesperación de los ciudadanos sudaneses.
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