La xenofobia volvió a ocupar las calles de Johannesburgo este martes, cuando miles de manifestantes marcharon por el centro de la ciudad para exigir la deportación de personas migrantes indocumentadas y leyes migratorias más restrictivas. Las protestas, organizadas por grupos cívicos y movimientos de autodefensa, también se replicaron en Pretoria, Durban y Ciudad del Cabo, en medio de una fuerte presencia policial y temores de nuevos ataques contra comunidades extranjeras.
Sudáfrica atraviesa una profunda crisis económica y social. El desempleo oficial ronda el 32%, mientras amplios sectores enfrentan precariedad, inseguridad y servicios públicos insuficientes. En ese contexto, diversos movimientos han señalado a los migrantes como responsables de la pérdida de empleos, el aumento de la delincuencia y la saturación de hospitales y escuelas. Sin embargo, especialistas y organizaciones internacionales sostienen que esa narrativa simplifica problemas estructurales y convierte a una población vulnerable en chivo expiatorio.
El peso de una historia de exclusión
La xenofobia no es un fenómeno nuevo en Sudáfrica. Tras el fin del apartheid en 1994, el país se convirtió en destino de miles de personas procedentes de Zimbabue, Mozambique, Malaui, Etiopía y otros Estados africanos que buscaban trabajo, refugio o estabilidad. Sin embargo, la promesa de una “nación arcoíris” convive desde hace décadas con brotes recurrentes de hostilidad contra extranjeros, especialmente contra migrantes negros africanos.
Los ataques de 2008, que dejaron más de 60 muertos, y los episodios violentos de 2015 y 2019 demostraron cómo el resentimiento económico puede transformarse rápidamente en persecución colectiva. En las marchas recientes volvió a escucharse el insulto «makwerekwere», utilizado de manera despectiva para deshumanizar a personas de otros países africanos. El uso público de ese término evidencia que la discusión ya no gira únicamente en torno a políticas migratorias, sino también a prejuicios étnicos y nacionales profundamente arraigados.
Analistas sudafricanos describen este fenómeno como afrofobia, una forma de xenofobia dirigida específicamente contra otros africanos. Aunque el discurso oficial de algunos grupos habla de “migración ilegal”, las agresiones suelen afectar a cualquier persona percibida como extranjera por su acento, vestimenta o apariencia física.
Entre el desempleo y la búsqueda de culpables
Los organizadores de las protestas sostienen que los migrantes aceptan salarios más bajos y desplazan a trabajadores sudafricanos. También los responsabilizan del crecimiento de la economía informal y de la presión sobre los servicios públicos. En Johannesburgo, donde más de 4 mil personas marcharon hacia el barrio de Hillbrow, varios comercios cerraron por temor a saqueos y disturbios.
Sin embargo, organizaciones como Amnesty International y diversos centros de investigación advierten que la corrupción, la falta de inversión pública, la desigualdad y el desempleo son problemas estructurales que no pueden atribuirse a quienes migran para sobrevivir. Muchos extranjeros trabajan en pequeños comercios, puestos callejeros y negocios textiles, sectores que históricamente han sido ignorados por las políticas económicas formales.
“Ningún africano puede ser ilegal en África. Necesitamos unirnos como trabajadores y dejar de convertirnos unos contra otros”, afirmó Shaheed Mahomed, integrante de la campaña Siyafuna Sonke Action, durante una manifestación en Ciudad del Cabo.
El presidente Cyril Ramaphosa reconoció las preocupaciones legítimas sobre el control fronterizo, pero pidió no culpar a los migrantes de los problemas económicos y sociales del país. “Se necesitan soluciones prácticas, no convertir a las personas vulnerables en chivos expiatorios”, señaló en un comunicado oficial.
Derechos humanos bajo presión
Las consecuencias de la campaña antiinmigración ya se sienten en la vida cotidiana. Migrantes procedentes de Malaui, Mozambique y Etiopía han denunciado amenazas explícitas como “vete o regresarás en un ataúd”. En los últimos días, al menos cuatro personas murieron en ataques atribuidos a grupos de vigilantes, mientras miles de familias buscaron refugio en centros de acogida de Durban y Johannesburgo.
La situación preocupa especialmente por las denuncias de bloqueos a clínicas y hospitales públicos. Organizaciones humanitarias reportaron que grupos parapoliciales han impedido el acceso de personas extranjeras a servicios médicos, incluidas mujeres embarazadas y pacientes graves. De confirmarse, estos hechos constituirían una violación directa del derecho a la salud reconocido por la Constitución sudafricana y por tratados internacionales suscritos por el país.
El temor también alcanza a quienes tienen residencia legal, visas de trabajo o estatus de refugiado. Caseros y empleadores han presionado a extranjeros para abandonar viviendas y empleos ante el miedo a represalias de las turbas. La distinción entre personas documentadas e indocumentadas se diluye cuando el criterio para perseguir es el origen nacional o el acento.
Una advertencia para la democracia sudafricana
Las marchas antiinmigración se producen a pocos meses de las elecciones locales previstas para noviembre de 2026. Diversos observadores consideran que algunos actores políticos han alimentado el resentimiento contra los extranjeros para capitalizar electoralmente el malestar social. La estrategia es conocida: presentar al migrante como amenaza para la seguridad, el empleo y los servicios públicos mientras se evita discutir las responsabilidades del Estado en materia de corrupción, desigualdad y desarrollo.
Sudáfrica construyó su democracia sobre la promesa de dignidad e igualdad después de décadas de apartheid. Permitir que el miedo y el odio determinen quién merece protección significaría erosionar esa conquista histórica. La pregunta ya no es solo cómo gestionar la migración, sino qué tipo de sociedad quiere ser Sudáfrica: una que enfrente sus problemas estructurales con políticas públicas y justicia social, o una que descargue la frustración colectiva sobre quienes tienen menos poder para defenderse.
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