El testimonio de una menor de siete años agredida en Kivu del Norte exponen el uso de la violencia sexual como una estrategia sistemática de terror, despojo territorial y castigo colectivo por parte de milicias
Una niña de apenas siete años fue víctima de una brutal agresión sexual el pasado sábado en una zona rural del este de la República Democrática del Congo (RDC), tras ser interceptada por un hombre mientras recolectaba leña para su hogar. El caso, visibilizado a través del desgarrador testimonio de su madre, vuelve a encender las alarmas sobre la desprotección sistemática de las infancias en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri. Lejos de ser un efecto secundario o un hecho aislado, la violencia sexual en el este del Congo constituye una estrategia militar planificada de dominación, deshumanización y desplazamiento forzado en el marco de un genocidio silenciado que ya ha cobrado millones de vidas.
El bosque como trampa para las desplazadas
Las mujeres y niñas que huyen de los combates en el este de la República Democrática del Congo se enfrentan a una segunda guerra silenciosa dentro de los propios campamentos de refugiados. La falta crónica de alimentos, agua y servicios básicos las obliga a abandonar diariamente los parámetros de seguridad para recolectar leña o buscar el sustento de sus familias en los montes cercanos. Es en estas rutas donde sufrir emboscadas y violaciones múltiples a manos de hombres armados, convirtiendo una tarea de supervivencia en una amenaza letal. Médicos Sin Fronteras (MSF) califica este recrudecimiento como una crisis sin precedentes, registrando repuntes drásticos de agresiones en zonas como Kivu del Norte.
Debido a la pobreza estructural y la falta de infraestructura básica, la recolección de madera para cocinar sigue siendo una tarea doméstica asignada a mujeres y niñas. Hoy, esta labor se ha convertido en una sentencia de riesgo. Los caminos vecinales y las zonas boscosas son controlados de forma itinerante por milicias y grupos armados que utilizan la violación como un mecanismo de control social, destrucción comunitaria y fractura del tejido social para facilitar el control de la tierra.
Los testimonios directos reflejan el impacto de esta dinámica de terror. “Estaba sangrando”, relató una madre en Kivu del Norte al describir el estado en que halló a su hija tras el ataque. En su propio relato, la menor de 7 años detalló la agresión: «Él se me acercó y me saludó. Yo también lo saludé. Quería destruirme. Me agredió brutalmente… cuando empecé a gritar, algunas personas vinieron a ayudarme. Me llevaron al médico». La madre denunció la vulnerabilidad extrema en la que subsisten: «Sí, mi hija se topó con un problema. La violaron. Es una niña pequeña, solo tiene 7 años. Pasó el sábado, cuando fue a buscar leña para hacer fuego».
Entre los actores que perpetúan este escenario destaca el grupo armado M23, señalado por diversos informes de organismos internacionales y expertos de Naciones Unidas como responsables de masacres, desplazamientos forzados y violencia sexual sistemática. Dichos informes apuntan directamente a que el M23 recibe apoyo y financiamiento por parte de Ruanda, aunque el gobierno ruandés lo niegue reiteradamente, perpetuando un escenario de impunidad transfronteriza.
La «epidemia» de violencia sexual contra las infancias
La sistematicidad de este crimen adquiere dimensiones aún más desgarradoras cuando se dirige contra la niñez. El último informe de Unicef revela que entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 35.000 casos de violencia sexual contra niñas y niños a nivel nacional, una cifra que se añade a los cerca de 45.000 documentados durante 2024. La agencia internacional advierte que el alcance real del daño es significativamente mayor debido a la falta de denuncias por miedo a represalias y al estigma, además a causa del genocidio no han podido actualizar el informe para el 2026.
El informe de Unicef enfatiza que si bien la guerra cronificada y la reactivación de ofensivas del M23 en zonas urbanas exacerban el problema, la división social y la pobreza extrema provocan que muchas infancias sufran abusos incluso dentro de sus propias comunidades y hogares, bajo contextos de abandono escolar y exposición al matrimonio precoz.
En el Centro Sophie de Goma, un espacio de autogestión que atiende a menores supervivientes de violencia extrema, los nombres de Neema, Grace y Amani resuenan como testimonio del ensañamiento de las milicias. Neema, de 11 años, relata cómo un grupo de hombres uniformados la apartó de la carretera mientras huía de los combates: «Les dije que era solo una niña, pero no me escucharon. Eran diez hombres». Hoy afronta un embarazo forzado. Grace, de ocho años, padece traumas severos y crisis de terror al ver uniformes militares tras ser violada en un bosque, mientras que Amani, de nueve años, fue agredida sexualmente por los mismos hombres que ejecutaron a su padre frente a ella.
El muro de la impunidad y el abandono de la ayuda internacional
Para los sobrevivientes de violencia sexual en la RDC, acceder a la justicia ya la salud es una carrera de obstáculos casi insalvable. El miedo al estigma, el alto costo de los procesos y las severas deficiencias del sistema judicial garantizan la total impunidad de los agresores.
A este desamparo se le suma una crisis de salud pública agravada por los recortes de financiación internacional y epidemias concurrentes que limitan el acceso a la higiene básica en los campos de desplazamiento. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la retirada de fondos ha provocado la escasez crítica de tratamientos de emergencia en los hospitales, como los kits de profilaxis postexposición (PEP), interrumpiendo de forma abrupta el suministro de medicamentos esenciales que previenen el VIH y embarazos no deseados si se administran dentro de las primeras 72 horas.
Las historias en el terreno revelan trayectorias marcadas por pérdidas sucesivas y revictimizaciones. Laurianne, una joven de 17 años que vive en el campamento de SamSam tras quedar huérfana por los bombardeos, es superviviente de dos violaciones múltiples ocurridas en el monte. «Unos vecinos me propusieron ir al bosque a cortar leña para venderla y comprar comida… aparecieron unos atacantes, los demás huyeron ya mí me violaron», relata Laurianne, quien debido a esa primera agresión quedó embarazada. Al verso obligado a regresar meses después al bosque para mantener a sus hermanos ya su bebé, fue agredida nuevamente por tres hombres armados. «Ese día morí por dentro», confiesa.
Minerales de sangre y complicidad internacional
Para comprender el genocidio congoleño es fundamental desarmar los sesgos coloniales que lo reducen a un «conflicto interno» o tribal. La guerra extractivista en el este de la RDC está sostenida por el saqueo de coltán, oro y cobalto, recursos indispensables para la fabricación de teléfonos, baterías y dispositivos electrónicos consumidos masivamente en el Norte Global.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado durante años que este sistema económico global continúa beneficiándose de los llamados “minerales de sangre”. Las corporaciones transnacionales y las potencias globales externalizan el costo humano de sus transiciones tecnológicas y de su consumo digital, convirtiendo los cuerpos de las mujeres y las niñas africanas en un territorio de conquista reciclable.
Romper el silencio mediático
Frente al horror de la guerra y la impunidad corporativa, el pueblo congoleño continúa resistiendo y articulando redes de dignidad. Un referente fundamental de esta lucha es el Dr. Denis Mukwege, fundador del Hospital Panzi y Premio Nobel de la Paz 2018, quien junto a iniciativas locales como la de Gilbert Banyasize en el Centro Sophie, se dedica a la reparación de las «heridas invisibles» de las víctimas. La postura comunitaria es contundente: no habrá paz en la región mientras las potencias mundiales continúen lucrando con los recursos del Congo sin asumir su responsabilidad política y humanitaria.
Desde Mujer Azadi e Historiente , reafirmamos nuestro compromiso de no silenciar estas narrativas ni permitir que se normalice la barbarie que se impone sobre los cuerpos de las niñas y mujeres africanas. Ellas no necesitan compasión vacía; necesitan justicia penal, reparación integral y la desmilitarización de sus territorios de subsistencia. Nombrar el genocidio, denunciar el colonialismo extractivista y romper el cerco mediático es el primer paso para defender la memoria, la soberanía comunitaria y la libertad de todas las mujeres e infancias del Congo. Sus vidas son importantes.
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